FISE FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA POR DECRETO EJECUTIVO

FISE Fondo de Inversión Social de Emergencia. Creado por Decreto Ejecutivo en Marzo de 1993. El propósito de este fondo es de utilizar prestamos internacionales y otros recursos en las zonas geográficas más pobres y establecer índices de pobrezas. Se constituyó en un instrumento de la presidencia para actuar directamente en proyectos que bien hubiesen podido ser manejados por los municipios y consejos provinciales.

ECAPAG    Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil.  Agosto de 1994. Creada por Ley. El 3 de agosto de 1989 se crea por ley la EPAP – G  Empresa Provincial de Agua Potable del Guayas, para legalizar la situación de hecho dada con la intervención del gobierno en la EMAG Empresa Municipal de Agua Potable de Guayaquil, cuyos activos y pasivos fueron transferidos a la ECAPAG.  No funcionó adecuadamente y en agosto de 1994 mediante ley se crea la ECAPAG Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil  

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

11-AGO-1998

Art. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución.

Art. 65.- El Estado reconocerá la autonomía económica y administrativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se regirá por su ley especial, estatuto orgánico y reglamento.  

Capítulo 5    De los derechos colectivos

De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos

Art. 83. – Los pueblos indígenas, que se  auto definen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.  

Art. 262.- El directorio del Banco Central se integrará con cinco miembros propuestos por el Presidente de la República y designados por mayoría de los integrantes del Congreso Nacional. Ejercerán sus funciones por un período de seis años, con renovación parcial cada tres años. El Congreso Nacional deberá efectuar las designaciones dentro de diez días contados a partir de la fecha en que reciba la nómina de los candidatos. Si no lo hiciere en este lapso, se entenderán designados quienes fueron propuestos por el Presidente de la República. Si el Congreso rechazare algunos de los nombres o la nómina entera, el Presidente de la República deberá proponer nuevos candidatos. Los miembros del directorio elegirán de su seno al presidente, quien desempeñará sus funciones durante tres años; podrá ser reelegido y tendrá voto calificado en las decisiones del organismo. El ministro que tenga a su cargo las finanzas públicas y el superintendente responsable del control del sistema financiero, podrán asistir a las sesiones del directorio con voz, pero sin voto.

Los miembros del directorio del Banco Central no podrán realizar otras actividades laborales, a excepción de la docencia universitaria. Durante su gestión y hasta seis meses después de la separación de su cargo, no tendrán vinculación laboral o societaria con instituciones públicas o privadas del sistema financiero.

La remoción de los miembros del directorio será propuesta por el Presidente de la República de acuerdo con la ley, y resuelta por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso Nacional.  

Art. 255.- El sistema nacional de planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República, con la participación de los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones sociales que determine la ley. En los organismos del régimen seccional autónomo podrán establecerse departamentos de planificación responsables de los planes de desarrollo provincial o cantonal, en coordinación con el sistema nacional.  

Art. 251.- Los gobiernos seccionales autónomos, en cuyas circunscripciones territoriales se exploten e industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado. La ley regulará esta participación.  

Art. 241.- La organización, competencias y facultades de los órganos de administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas, serán reguladas por la ley. 

Art. 235.- En cada parroquia rural habrá una junta parroquial de elección popular. Su integración y atribuciones se determinarán en la ley. Su presidente será el principal personero y tendrá las responsabilidades y competencias que señale la ley.  

Art. 233.- En cada provincia habrá un consejo provincial con sede en su capital. Se conformará con un número de consejeros fijados por la ley, en relación directa con su población; y, desempeñarán sus funciones durante cuatro años. La mitad más uno de los consejeros serán elegidos por votación popular, y los restantes designados de conformidad con la ley por los concejos municipales de la provincia y serán de cantones diferentes a los que pertenezcan los consejeros designados por votación popular. El prefecto provincial será el máximo personero del consejo provincial, que lo presidirá con voto dirimente. Será elegido por votación popular y desempeñará sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constarán en la ley. El Consejo Provincial representará a la provincia y, además de las atribuciones previstas en la ley, promoverá y ejecutará obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y microcuencas hidrográficas de su jurisdicción. Ejecutará obras exclusivamente en áreas rurales.  

Art. 232.- Los recursos para el funcionamiento de los organismos del gobierno seccional autónomo estarán conformados por:

1. Las rentas generadas por ordenanzas propias.

2. Las transferencias y participaciones que les corresponden. Estas asignaciones a los organismos del régimen seccional autónomo no podrán ser inferiores al quince por ciento de los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central.

3. Los recursos que perciben y los que les asigne la ley.

4. Los recursos que reciban en virtud de la transferencia de competencias.

5. Se prohíbe toda asignación discrecional, salvo casos de catástrofe.  

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR – CODIFICACION 

13-FEB-1997 

Art. 149.Mediante la descentralización administrativa el Estado propende al desarrollo armónico de todo su territorio, al estímulo de las áreas deprimidas, la distribución de los recursos y servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales; en tal virtud:

a) El Gobierno Central desconcentrará y descongestionará su gestión concediendo atribuciones suficientes a los representantes del Régimen Seccional Dependientes;

b) Los consejos provinciales y los concejos municipales constituyen los organismos del Gobierno Seccional que gozarán de autonomía funcional, administrativa y económica, en sus respectivas circunscripciones territoriales; la Constitución y la ley señalarán las funciones y las áreas de su exclusiva competencia; 

c) Para hacer efectiva la autonomía económica, sin perjuicio de otros recursos que se asignen a los gobiernos secciónales autónomos, destínase el quince por ciento del presupuesto del Gobierno Central en beneficio de los consejos provinciales y municipios del país; y será distribuido conforme con la Ley, en base a planes de inversión tanto provinciales como municipales; y,

d) Se dará preferencia a las obras y servicios en las zonas de menor desarrollo. A las de la frontera y Galápagos.

La Función Ejecutiva dentro de los primeros noventa días de cada año informará documentadamente al Congreso Nacional sobre la liquidación presupuestaria, del ejercicio fiscal inmediato anterior, desglosada por provincias y sectores. 

Art. 157.Corresponde, además, al Consejo Provincial:

a) Coordinar las gestiones de los diferentes municipios en cada provincia y dirimir las controversias entre éstos, en los casos señalados por la ley;

b) Propender al progreso de la provincia y a la vinculación con los organismos centrales;

c) Promover y ejecutar las obras provinciales prioritarias; y,

d) Promover y ejecutar las obras de interés intercantonal.  

Art. 153.La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo deberá ser directa, oportuna y automática bajo la responsabilidad del Ministro de Finanzas. Sus rentas se incrementarán anualmente en la misma proporción que el presupuesto del Gobierno Central.

Solo en virtud de la ley podrán imponerse deberes y regulaciones a los consejos provinciales o a los concejos municipales. 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR – CODIFICACION 

Registro Oficial No. 969 5. Fecha: 18-JUN-1996

REFORMA:

Art. 1.- En el artículo 1:

En el inciso primero, después de la palabra: “unitario”, auméntese: “descentralizado, pluricultural y multiétnico”.

El inciso tercero, cámbiese por el siguiente:

“El idioma oficial y de rela ción intercultural es el castellano. El quichua y las demás lenguas indígenas son reconocidas dentro de sus respectivas áreas de uso y forman parte de la cultura nacional”.

(RL s/n. Registro Oficial No. 863 / 16 de enero de 1996)  

Art. 1.- El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático, unitario, descentralizado,pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable y alternativo.

La capital es Quito, Distrito Metropolitano. 

Art. 159.- Corresponde, además, al Concejo Municipal:

a) Planificar el desarrollo cantonal;

b) Dotar de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos para el desarrollo urbano y rural;

c) Determinar en forma exclusiva el uso de los espacios; y el uso y ocupación de las áreas de asentamientos poblacionales y organizar su administración;

d) Dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del medio ambiente, delimitando las áreas de conservación y reserva ecológica;

e) Incentivar el desarrollo comunitario a través de las organizaciones barriales;

f) Preservar los recursos culturales y promover sus manifestaciones; y,

g) Coordinar sus actividades con el Consejo Provincial.  

Art. 157.- Corresponde, además, al Consejo Provincial:

a) Coordinar las gestiones de los diferentes municipios en cada provincia y dirimir las controversias entre éstos, en los casos señalados por la Ley;

b) Propender al progreso de la provincia y a la vinculación con los organismos centrales;

c) Promover y ejecutar las obras provinciales prioritarias; y,

d) Promover y ejecutar las obras de interés intercantonal.  

Art. 154.- Los consejos provinciales y los concejos municipales podrán asociarse para alcanzar sus objetivos comunes.

La Ley regulará el régimen de los distritosmetropolitanos. La provincia de Galápagos tendrá un régimen especial; para su protección podrán restringirse los derechos de libre residencia, propiedad y comercio.  

Art. 153.- La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo deberá ser directa, oportuna y automática bajo la responsabilidad del Ministro de Finanzas. Sus rentas se incrementarán anualmente en la misma proporción que el presupuesto del Gobierno Central.

Solo en virtud de la Ley podrán imponerse deberes y regulaciones a los consejos provinciales o a los concejos municipales. 

                                 SECCION II Del Régimen Seccional Autónomo

Art. 152.- Los gobiernos seccionales autónomos están constituidos por los consejos provinciales y los concejos municipales.

La Ley determinará la estructura, integración, deberes y atribuciones de los consejos provinciales y los concejos municipales; dando eficaz aplicación al principio de la autonomía, la desconcentración administrativa y territorial, propendiendo al fortalecimiento y desarrollo de la vida provincial y cantonal.

Podrán establecerse distintos regímenes, ateniendo a la población, recursos económicos e importancia de cada circunscripción.  

Art. 149.- Mediante la descentralización administrativa el Estado propende al desarrollo armónico de todo su territorio, al estímulo de las áreas deprimidas, la distribución de los recursos y servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales; en tal virtud:

a) El Gobierno Central desconcentrará y descongestionará su gestión concediendo atribuciones suficientes a los representantes del Régimen Seccional Dependiente;

b) Los consejos provinciales y los concejos municipales constituyen los organismos del Gobierno Seccional que gozarán de autonomía funcional, administrativa y económica, en sus respectivas circunscripciones territoriales; la Constitución y la Ley señalarán las funciones y las áreas de su exclusiva competencia;

c) Para hacer efectiva la autonomía económica, sin perjuicio de otros recursos que se asignen a los gobiernos seccionales autónomos, destínase el «quince« por «ciento« (15%) del «presupuesto« del Gobierno Central en beneficio de los consejos provinciales y municipios del país, y será distribuido conforme con la Ley, en base a planes de inversión tanto provinciales como municipales;y,

d) Se dará preferencia a las obras y servicios en las zonas de menor desarrollo. A las de la frontera y Galápagos.

La Función Ejecutiva dentro de los primeros 90 días de cada año informará documentadamente al Congreso Nacional sobre la liquidación presupuestaria, del ejercicio fiscal inmediato anterior, desglosada por provincias y sectores.  

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR – CODIFICACION : Registro Oficial No. 183  5-MAY-1993 

——————————————————————————

Art. 127. La facultad legislativa de los consejos provinciales y de los municipios se manifestará en ordenanzas.

.  

Art. 126. Los consejos provinciales y los municipios podrán asociarse transitoria o permanentemente para alcanzar sus objetivos comunes.

La ley regulará el régimen del Distrito Metropolitano.  

Art. 125. Los consejos provinciales y los municipios gozarán de autonomía funcional, económica y administrativa. La ley determinará su estructura, integración y funcionamiento y dará eficaz aplicación al principio de la autonomía; propenderá al fortalecimiento y desarrollo de la vida provincial y municipal; y determinará las atribuciones y deberes de los consejos provinciales y los municipios.

Podrá establecer distintos regímenes atendiendo a la población, recursos económicos e importancia de cada circunscripción. Sus rentas no podrán ser inferiores a las actuales y se incrementarán de acuerdo con la ley.

Sólo en virtud de la ley, podrán imponerse deberes y regulaciones a los consejos provinciales o a los Municipios. Ningún funcionario o autoridad extraña intervendrán en su administración.  

                      * DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO

* REFORMA:

Art. 21.-En la Sección III “Del Régimen Seccional Autónomo”, realícense las siguientes reformas:

                        DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO

“Art. … Los gobiernos seccionales autónomos están constituidos por los consejos provinciales y los concejos municipales:

La Ley determinará la estructura, integración, deberes y atribuciones de los consejos provinciales y los concejos municipales; dando eficaz aplicación al principio de la autonomía, la descentralización administrativa y territorial, propendiendo al fortalecimiento y desarrollo de la vida provincial y cantonal.

Podrán establecerse distintos regímenes, ateniendo a la población, recursos económicos e importancia de cada circunscripción.

Art. … La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo deberá ser directa, oportuna y automática bajo la responsabilidad del Ministro de Finanzas. Sus rentas se incrementarán anualmente en la misma proporción que el presupuesto del Gobierno Central.

Art. … Los consejos provinciales y los concejos municipales podrán asociarse para alcanzar sus objetivos comunes.

Art. … Los organismo a que se refiere esta Sección, tienen las siguientes atribuciones:

a) Ejercer las funciones y prestar los servicios públicos básicos que les corresponden de acuerdo con la Ley;

b) Dictar ordenanzas, en uso de su facultad legislativa;

c) Establecer mediante ordenanzas, las tasas y contribuciones especiales de mejoras, necesarias para el cumplimiento de sus funciones;

d) Participar en la rentas nacionales en forma equitativa mediante transferencias realizadas en la forma señalada en el artículo innumerado de esta reforma;

e) Administrar e invertir los recursos de propia generación y los asignados dentro del Presupuesto del Gobierno Central; y,

f) Las demás que les señalen la Constitución y la Ley.

Art. … En cada provincia habrá un Consejo Provincial con sede en su capital. Sus miembros serán elegidos por votación popular, directa y secreta. El Prefecto Provincial, elegido en la misma forma será la autoridad ejecutiva que, solo con voto dirimente, presidirá el Consejo.

La ley fijará el número de consejeros provinciales en función de la población de cada provincia.

Art. … Corresponde, además, al Consejo Provincial:

a) Coordinar las gestiones de los diferentes municipios en cada provincia y dirimir la controversias entre éstos, en los casos señalados por la Ley;

b) Propender al progreso de la provincia y a la vinculación con los organismos centrales;

c) Promover y ejecutar la obras provinciales prioritarias; y,

d) Promover y ejecutar la obras de interés intercantonal.

Art. … Cada Cantón constituirá un municipio. Su Gobierno estará a cargo del Concejo Municipal, cuyos miembros serán elegidos por votación popular, directa y secreta, con arreglo a la Ley. El Alcalde elegido en la misma forma, será la autoridad ejecutiva que presidirá el Concejo solo con voto dirimente; sus atribuciones y deberes constarán en la Ley.

Art. … Corresponde, además, al Concejo Municipal:

a) Planificar el desarrollo cantonal;

b) Dotar de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos para el desarrollo urbano y rural;

c) Determinar en forma exclusiva el uso de los espacios; y el uso y ocupación de las áreas de asentamientos poblacionales y organizar su administración;

d) Dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del medio ambiente, delimitando las áreas de conservación y reserva ecológica;

e) Incentivar el desarrollo comunitario a través de las organizaciones barriales;

f) Preservar los recursos culturales y promover sus manifestaciones; y,

g) Coordinar sus actividades con el Consejo Provincial.

(RL s/n. Registro Oficial No. 863 / 16 de enero de 1996) 

Art. 121.El Estado propende al desarrollo armónico de todo su territorio mediante el estímulo a las áreas deprimidas, la distribución de recursos y servicios, la descentralización administrativa y la desconcentración nacional, de acuerdo con las circunscripciones territoriales.Se dará preferencia a las obras y servicios en las zonas de frontera.

DOCUMENTO PREPARADO POR GRUPO DE TRABAJO JOSEPH GARZOZI

DOCUMENTO PREPARADO POR GRUPO DE TRABAJO JOSEPH GARZOZI

FEBRERO DE 1999 

1.    LA ESTRATEGIA
  • Se encuentran sembrando varias ideas a partir del  entendimiento de cada habitante de la ciudad, provincia o región, de cómo? El centralismo está afectando y destruyendo su vida personal en todos los campos y que la suma de estos problemas es la resultante que afecta a su ciudad, provincia y región, marcando una diferencia odiosa e injusta con la capital donde tienen de todo,  y todos los recursos en forma inmediata. Como ejemplo está la emergencia del Volcán Pichincha, vs.  la destrucción de Bahía, pues Quito ha contado con 15 mil  millones de sucres, para la prevención, en cambio Bahía esta totalmente destruida por el terremoto y el Niño, y aun no recibe nada. El Oro, aun no repara los puentes y caminos destruidos desde el Fenómeno del Niño del 82- 83.
  • Se debe insistir en la divulgación todas las cifras, razonamientos y motivos deberán ir en lenguaje sencillo, en documentos tipo libretines, con gráficos y fotos, documentos que se puedan reproducir libremente en fotocopias o imprentas, conteniendo también declaraciones y testimonios del pueblo en todas las provincias y regiones afectadas. Haciendo notar como los impuestos que pagamos solo sirven para que el centralismo de Quito viva como rey.
  • Se debe mantener la corriente de opinión para que se vuelva imparable para políticos y gobernantes.
  • Motivar a la comunidad para que aprenda a identificar el bien común regional sobre el bien personal.
  • Seleccionar a ciertos comunicadores que lleven los razonamientos, promociones, criterios, propuestas, etc., para el cambio y el logro de los objetivos.
  • Involucrar el activismo de estudiantes, obreros, ONG´s, trabajadores, con fuerza de bases para presionar a los gremios, cámaras de producción, y otras instituciones e instancias.
  • Crear la mística de identificación y adhesión mediante un logotipo que identifique al movimiento con todo tipo de elementos.
  • Para el 9 de Octubre de 1999, ya deben estar circulando por la ciudad los elementos de la campaña, en especial las canciones que deben sonar en todos los medios para ese mes.
  • Crear una comisión de recaudación de fondos.
  • Estructuración de Cuadros.
  • Formación de un gabinete a la sombra.
  • Formación de brigadas femeninas, Juveniles y Populares

ASUNTOS PENDIENTES URGENTES

Comisión de Ordenación TerritorialRevisión de las Agendas, Planes, Consejos nacionales, que limiten el desarrollo regional.Lograr la autodeterminación sobre todos nuestros recursos naturales Lograr que el PMRC y CEDEGE sean  Entes Autónomos y autofinanciados.Crear Políticas regionales de Turismo y de Ecoturismo.
Comisión deEducación y CulturaOrientación educativa y cívica.  Redefinición de pensum y contenidos.Edición del Manual del Buen Guayaquileño.Cultura Valdivia y Revolucion de Octubre. Como base de la nueva educación 
Comisión de Asistencia Técnica InternacionalCreación de banco de proyectos.Canalización de recursos externos.Formación de recursos humanos en el área.Creación de directorio y banco de datos de organismos de asistencia  internacionalq  Identificación coordinada de necesidades. Elaboración de propuestas y proyectos.Distribución equitativa de la asistencia técnica y económica que llega al país.Participación local en cargos y funciones relacionadas con los organismos de asistencia técnica y económica.Creación de programas de capacitación en relaciones internacionales.Coordinación entre las ONG locales
Comisión de Guerra social, comercial y Económica.Control de los movimientos migratorios hacia la región. Campaña de Consuma lo nuestro.  Programas de reconversión campesina.Emitir un reporte de las empresas con sede en Quito y sugerir la abstencion de consumo. 
Comisión de soporte, defensa y consolidación de las instituciones nuestras en procesos actuales de desarrollo, Beneficencia y Salud.Junta Cívica   Cámara de Comercio   Cámara de Industrias Corpocámara MI Municipio de Guayaquil.    6. Apoyo a instituciones sociales y de saludPolicía Autónoma.Estudio de CompetitividadMonitoreo del Censo.Rescate de la CTG. Grupo de la Cuenca del Pacífico.Identidad Aglutinante.Estrategia de Pensamiento EconómicoCentro de Competitividad Centro de Capacitación ITSMEscuela de PensamientoMalecón 2.000Plan maestro de desarrollo NNUUTúneles del Cero del Carmen.Plan Mercados.Viaductos Quito y Machala.Todas las ONG´sJunta de Beneficencia.Sociedad Protectora de la Infancia.ACORVOL,SOLCA
Comisión de Apoyo a nuestros grandes proyectosAeropuerto Internacional.Ampliación y modernización del Puerto Marítimo. Puerto nuevo de aguas profundas.Desarrollo integral de la Cuenca del Guayas. CEDEGE.Autonomía y libertad a las empresas de energía local para asegurar la calidad y suministro en la región. EMPRESA ELECTRICA.Mejoramiento de la red vial y ampliación para conexión con otras regiones de desarrollo(Azuay, El Oro, Los Ríos y Manabí).Vía Marginal de la Costa.Autopista Guayaquil  – Salinas.Autopista del Sol.Autonomía en el manejo de la Aviación Civil.Autonomía en comunicaciones. Promover participación de empresas locales y extranjeras en la concesión del nuevo aeropuerto internacional, vigilando que el centralismo no coarte su viabilidad.Concesionar el desarrollo de nuevas zonas y servicios de puerto, de tal forma de conformar uno de los puertos más eficiente y desarrollado del pacífico sur.Incorporar la Península de Santa Elena  a la Metrópoli del Guayas, desarrollando autopistas para la pronta movilización.Promoción y desarrollo del Tren Rápido que une a la provincia del Guayas, permitiendo el retorno del hombre al campo y la movilización de productos pesqueros y agropecuarios.Vigilar por una adecuada y pronta explotación del gas del Golfo, evitando la centralización de sus frutos.Exigir la pronta y total  privatización de la  generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. 
Comisión de trabajo de consenso y Medios y DifusiónEstrategia común, o plataforma de Lucha, entre las mejores propuestas.FORO INTERGUAYAQUIL: CRONOGRAMA PARA LA CREACION DE LA AUTONOMIA REGIONALPagina WEB. El nombre de la pagina puede ser  HACIA UN GUAYAQUIL MEJORLIBRES, el pasquín popularDocumento base borrador.Firma de un compromiso moral.Creación de una comisión Calificadora.Convocatoria para PonenciasBuscar alianzas abiertas u ocultas de medios deComunicación, o de organismos como las Cámaras, Junta Cívica, Fundaciones,  etc.Edición de un periódico popular, “LIBRES”
Logística y Participación SocialConformación de Comisiones y cuerpos de trabajo en todos los barrios de Guayaquil. PARTICIPACION SOCIALACTIVISTA, RESPUESTA INMEDIATACOMUNICACIÓN INTERNAFACTOR RUMORDESARROLLO MICRO EMPRESARIALAPOYO INTERNACIONAL
2.    LEMAS SUGERIDOS
  1. POR LA UNIDAD DE LA NACION…….UN PAIS SIN EQUIDAD PROVINCIAL

ROMPE LA UNIDAD NACIONAL

  1. EL CENTRALISMO MATA………..LA AUTONOMIA RESUCITA
  2. CONTRA EL NUEVO COLONIALISMO………AUTONOMIA AHORA MISMO.
  3. SUPLICAR POR LO QUE TE PERTENECE..INDIGNA Y ENARDECE.
  4. UNA PAIS ESTA ENDEUDADO…………Y EL PAIS ESTA EMPEÑADO

POR LOS BUROCRATAS DORADOS.

  1. POR UN FUTURO DECENTE…………..AUTONOMIA EN EL PRESENTE
  2. GUAYAQUIL AUTONOMO ES IGUAL A ,  ………..FUTURO SIN MISERIA
  3. GUAYAQUIL. ACCION Y CAMBIO…..GUAYAQUIL, EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS.
  4. GUAYAQUILEÑO…………..FORJADOR DEL FUTURO.

ESTRATEGIA PARA LA DESCENTRALIZACION

17 marzo 1998

Hay que romper los paradigmas que están siendo construidos por quienes se están ocupando profesionalmente de centrar los procesos de descentralización dentro del marco doctrinario y académico que lo frena y encarcela.

EL CENTRALISMO SUELE CAUSAR UNA ARROGANCIA INTELECTUAL Y

UN ESTILO DE VIDA 

PARA ESTO HAY QUE REFRESCAR CONCEPTOS PREVIOS.

AUTONOMÍA  

Potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios.

La descentralizaciónopera como una fuerza centrífuga que separa los varios componentes de una masa o mezcla según sus distintas densidades. Opera sobre la base de la existencia de un centro. 

La centralización opera como la ley de la gravedad,  o sea, tendencia de los cuerpos a dirigirse al centro de la Tierra, cuando cesa la causa que lo impide

CENTRALIZAR

  1. Hacer que varias cosas dependan de un poder central.
  2. Asumir el poder público facultades atribuidas a organismos locales.
  3. Capitidisminución.

PARADIGMAS DOCTRINARIOS

  1. La descentralización en un proceso gradual. JONAS FRANK, ASESOR DEL CONAM, el proceso no solo es político, sino también social y educativo. Entonces estamos dentro de un círculo vicioso, porque no habrá dinero ni descentralización sino condicionado a que se eliminen los efectos del centralismo, mientras es el mismo centralismo se autofinancia para imponer el nivel educativo con el que quieren condicionar. ¿O es que acaso los centralistas nacieron cultos?

Se presentará en seis meses un plan que se implementará en seis años, para evitar que la ley otorgue a los municipios obligaciones que no pueden cumplir. Los municipios ecuatorianos podrían dividirse en cuatro grupos para cada cuatro años ir gradualmente descentralizando. 

LA DESCENTRALIZACION  Es una suma de acontecimientos que se producen durante la madurez y evolución democrática de los pueblos. Es nuestra obligación causar estos acontecimientos, y ese es el contenido de lo sucedido el 5 de marzo.. SE INICIO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1992 CON LA CREACION DEL CONAN. ECUADOR DEBE ENCONTRAR SUS PROPIAS VIVENCIAS. NINGUNA CONSULTORIA NI EL BID, PODRAN IMPLEMENTAR LA DESCENTRALIZACION. LA CENTRALIZACION ES UN ACTO DE FUERZA Y LA DESCENTRALIZACION NO ES UN PROCESO, ES UN ACTO CONTINUO DE CONTRAFUERZA, ES LA SUMA DE ACONTECIMIENTOS QUE SE LOGREN Y NINGUN ACONTECIMIENTO VIENE POR LA SIMPLE VIA DOCTRINARIA. EL FENOMENO DEL NIÑO ES UN FACTOR AL QUE HAY QUE  HACERLE JUGAR SU ROL EN CUANTO DESNUDA UNA CRUDA REALIDAD NACIONAL.   

  • La descentralización no es la simple transferencia de dinero, sino la transferencia de funciones

EL FACTOR ESCENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION CONSISTE EN QUE LA MASA MONETARIA FISCAL NO SE CONCENTRE NI EN LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, NI EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA, NI EN LAS CABECERAS CANTONALES. SI EXISTE  UNA CORRECTA REDISTRIBUCION DE LA MASA FISCAL, LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES LOCALES VENDRAN POR SI MISMO. POR EJEMPLO EL PROCESO EDUCATIVO ERA MUNICIPAL, Y EL ESTADO SE LO ARREBATO PORQUE LOS MUNICIPIOS NO TENIAN FINANCIAMIENTO. ES DECIR LES QUITARON LOS INGRESOS PARA LUEGO QUITARLES LAS FUNCIONES. ¡DENNOS LOS DINEROS Y SOLITAS VENDRAN LAS FUNCIONES!  LA DESCENTRALIZACION COBRO VIGOR Y FUERZA CONFORME LOS RECURSOS PETROLEROS DEJARON DE FINANCIAR EL PIPONAZGO DEL GOBIERNO CENTRAL, Y CONFORME SE RECAUDAN INGENTES INGRESOS A TRAVES DE NUEVOS MECANISMOS COMO EL DE LA GASOLINA, QUE NO RETORNAN AL LUGAR 

  • Hay que ser tajante: el tema de la descentralización no corresponde al poder local, porque la suma de municipios no define a un país.

 LA DESCENTRALIZACIO NO VENDRA JAMAS DEL CENTRO SI NO EXISTE UNA LUCHA TENAZ POR PARTE DE LOS PODERES LOCALES. NO COMPARTO LO QUE AFIRMA  ARQ. FERNADO CARRIONPERO AL PODER LOCAL LE CORRESPONDE LUCHAR POR LA DESCENTRALIZACION, PORQUE JAMAS LA DESCENTRALIZACION VENDRA DEL CENTRO, LA SUMA DE BIENESTAR EN LOS MUNICIPIOS  ES IGUAL A BIENESTAR NACIONAL.  

4.  En Guayaquil no hay una perspectiva nacional ni integral del tema así como no hay quizás a excepción del caso de Quito, en ningún otro municipio, una percepción nacional. Para ellos la descentralización es desconcentración, a través de un Gobernador elegido en la provincia del Guayas.  El debate gira alrededor del ejecutivo nacional, y capital del Ecuador. Desconocen el bicentralismo y por ello, hay más una reacción anticentralizadora que una visión centralizadora, cuestión que ha llevado a peligrosas posiciones secesionistas o privatizadoras.  

LOS GUAYAQUILEÑOS SON LOS ULTIMOS ECUATORIANOS EN ACEPTAR LA CONDICION DE PROVINCIANOS, Y LOGICAMENTE POR ESO PODEMOS TENER UNA VISION DE LA ECUATORIANIDAD DISTINTA A LA QUE TIENEN QUIENES VIVEN EN LA CIUDAD CAPITAL. ALLA SE CONFUNDE LA PALABRA NACIONAL o ECUATORIANA CON QUITO, ES ASI QUE LAS ASOCIACIONES, FEDERACIONES  O CUALQUIER ORGANISMO QUE SEA NACIONAL TIENE COMO LA OBLIGACION DE TENER SU SEDE EN QUITO. LA PERMANENTE CONCIENCIA DE SER CAPITALINOS LES HA JERARQUIZADO INTELECTUALMENTE Y LES HA DEFORMADO LA VISION DE LA INTEGRIDAD COMO PERSPECTIVA NACIONAL. 

5. Los municipios son el actor fundamental de la descentralización se ha convertido en el factor más negativo para la descentralización.  De las conversaciones que he sostenido con funcionarios municipales el Ar.Fernando Carrión ha obtenido esas conclusiones. 

HAY DOS TEMAS QUE LOS MUNICIPIOS REHUYEN Y QUE EL ESTADO CENTRAL QUIERE MUNICIPLAIZAR: EDUCACION Y SALUD.  SON LOS DOS SECTORES LABORALES MAS COMPLEJOS QUE EXISTEN Y QUE LOS MUNICIPIOS NO LOS PODRAN ABSORBER JAMAS  PORQUE LOS SINDICATOS Y PODERES POLITICO QUE REPRESENTAN, SON DOS FACULTADES QUE DEBEN DESCENTRALIZARSE, PERO LES CORRESPONDE A ELLOS DECIDIR COMO Y CUANDO HACERLO, ORGANIZANDO ESCUELAS Y COLEGIOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS, AGRICOLAS, TECNICOS. CONFORME LOS MUNICIPIOS PRESENTEN SUS PLANES INVERSION, SEGUN LA DISPOSICION CONSTITUCIONAL DEL 15%.  EL FISE

¿HAN PENSADO LOS ASESORES O CONSULTORES QUE LA SALUD PUEDE SE MANEJADA POR LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL?. 

  •  NO SE DEBEN ENTREGAR PORCENTAJES FIJOS EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO PORQUE DESATA UN PROCESO INFLACIONARIO 

ESO SUCEDERA ASI MIENTRAS EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSIDERE UN GASTO LO QUE SE ENTREGA A LA PERIFERIA. LA LEY DEL 15%  SIGNIFICA QUE UN 15% DEL PRESUPUESTO LO ENTREGA A LAS ENTIDADES SECCIONALES PARA ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DIRECTA DE ACUERDO A PLANES DE INVERSION. LA LEY DEL 15% OBLIGA A REDUCIR AL ESTADO EN UN 15%. HABRA DESCENTRALIZACION EFICAZ CUANDO ESE PORCENTAJE SUBA A UN 30%,EXCLUYENDO LAS AREAS QUE POR SU NATURALEZA NO SON DESCENTRALIZABLES TALES COMO LA DEFENSA, LA EMISION MONETARIA, INTERNACIONAL, PERO EVITANDO QUE INCLUSO EN ESAS AREAS EXISTA UN CENTRALISMO CONCEPTUAL Y DE HECHO COMO PASA EN LAS FUERZAS ARMADAS QUE HASTA TIENEN EQUIPO DE FUTBOL, Y LO QUE SUCEDE EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DONDE PRACTICAMENTE POR ESAS RAZONES INEXPLICABLES DE LA VIDA PRACTICAMENTE ESTA PROHIBIDO SER DE LAS PROVINCIAS.  

FRASE FINAL

GRACIAS POR LA INVITACION A PARTICIPAR EN ES ESTE FORO DE LA AEDP. SIN LIBERTAD DE EXPRESION NO HABRIA POSIBILIDAD DE DESCENTRALIZACION. A LOS SEÑORES DEL DIARIO EL UNIVERSO LES ACEPTO QUE BLOQUEN Y ELIMINEN MI NOMBRE DE CUALQUIER FORO QUE AUSPICIEN, PERO LES RUEGO QUE NO SILENCIEN LAS IDEAS DE NADIE PORQUE LA DESCENTRALIZACION REQUIERE DE UN NIVEL DE PERIODISMO BASTANTE SUPERIOR. 

ANTE-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS

EL CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Preámbulo proclama la unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones;

Que el Artículo 1 de la Constitución consagra como uno de los principios fundamentales del Estado una administración descentralizada y que es necesario crear un marco legal explícito para ello;

Que el Artículo 3 de la Constitución define como deber primordial, prioritario y preferente del Estado fortalecer la unidad nacional en la diversidad y preservar el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo;

Que la Constitución manda la descentralización de la administración pública en general en su Artículo 124, y en particular de los servicios de salud en su Artículo 45, de la educación en sus Artículos 68 y 71, de la seguridad social en su Artículo 58, de la lucha contra la corrupción en su Artículo 220, de la participación de rentas relacionadas a los recursos naturales no renovables en su Artículo 251, de la planificación económica y social en sus Artículos 254 y 255, y de la distribución de rentas en su Artículo 256;

Que la Constitución en su Artículo 225 afirma que el Estado impulsará la descentralización y la distribución de los ingresos públicos transfiriendo progresivamente funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas;

Que la Constitución en su Artículo 226 define que todas las competencias del gobierno central podrán descentralizarse, exceptuando explícitamente las funciones que considera de carácter nacional, y menciona la obligatoriedad de la descentralización con los recursos correspondientes cuando sea solicitada por una entidad seccional y exista capacidad operativa para ejercerla a nivel local;

En ejercicio de sus facultades legales, y en apego a lo requerido en el Artículo 142 sobre leyes que regulan la organización y actividad del régimen seccional autónomo, expide la siguiente Ley Orgánica de los Gobiernos Seccionales Autónomos:

CAPÍTULO 1:  CONSTITUCIÓN DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS

Art. 1.-La Ley Orgánica de los Gobiernos Seccionales Autónomos regula la descentralización administrativa del Estado hacia los Consejos Provinciales y los Concejos Municipales entregándoles autonomía económica, administrativa y funcional para brindar más y mejores servicios a los ciudadanos en sus jurisdicciones.

Art. 2.-Las provincias, representadas por sus respectivos Consejos Provinciales, con el propósito de atender con mayor eficacia los servicios públicos que requiere su jurisdicción, y para que su crecimiento y desarrollo integral sea armónico con el Estado, podrán constituirse en Gobiernos Provinciales Autónomos, de conformidad con esta Ley.

Art. 3.-Las provincias podrán decidir constituirse en Gobiernos Provinciales Autónomos sólo a través del voto mayoritario de sus ciudadanos expresado en una Consulta Popular Provincial convocada expresamente para este efecto.

Los Consejos Provinciales podrán solicitar se convoque a una Consulta Popular Provincial para constituirse en Gobierno Provincial Autónomo con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus integrantes. Igualmente se podrá convocar a una Consulta Popular Provincial para constituirse en Gobierno Provincial Autónomo por iniciativa popular con el respaldo de los ciudadanos que representen por lo menos el veinte por ciento de los ciudadanos empadronados en dicha provincia como dicta el Artículo 106 de la Constitución.

Art. 4.-La decisión adoptada mediante Consulta Popular Provincial será obligatoria una vez que su resultado sea proclamado por el Tribunal Provincial Electoral y publicado en el Registro Oficial.  Si el pronunciamiento de los ciudadanos en la Consulta Popular fuese contrario a la Autonomía Provincial, no podrá convocarse a una nueva Consulta Popular en esa jurisdicción hasta después de cuatro años.

Art. 5.-En cualquier momento dos o más Gobiernos Provinciales Autónomos pueden mediante Consultas Populares Provinciales decidir fusionarse para conformar un Gobierno Regional Autónomo.  Para este efecto se necesitará de la aprobación a través del voto mayoritario de los ciudadanos expresado en una Consulta Popular Provincial de cada una de las provincias que conformarían el Gobierno Regional Autónomo.  Los términos. alcances y limitaciones de la unión de las provincias serán aprobados de igual forma en la misma Consulta Popular Provincial en todas las Provincias que conformarían el Gobierno Regional Autónomo.

CAPÍTULO 2:  CONFORMACIÓN DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS

Art. 6.-El Consejo Provincial, constituido en Gobierno Provincial Autónomo representa a la provincia, es institución de derecho público, tiene personería jurídica con capacidad suficiente para realizar los actos necesarios para el cumplimiento eficaz de sus objetivos y está representado por el Prefecto Provincial, quien será electo mediante sufragio popular directo y secreto.

Art. 7.-El Consejo Provincial es responsable de que los ciudadanos de su jurisdicción reciban a través de los municipios todos los servicios que se hayan descentralizado del Gobierno Central, sobretodo los de educación, salud, obras públicas y seguridad ciudadana, directamente, o a través de concesiones a entidades privadas o públicas.

Las demás facultades, atribuciones, deberes y requisitos del Prefecto Provincial, de los Consejeros y del Consejo Provincial están señaladas en la Ley de Régimen Provincial, en todo cuanto no se oponga a esta Ley.  

Art. 8.-Los Consejos Provinciales constituidos en Gobiernos Provinciales Autónomos se integrarán en la forma establecida por el Artículo 235reformadode la Constitución de la República, es decir por la elección popular de un Consejero Provincial por cantón, para cada cantón con 1% o más de la población provincial, y de un representante por cada grupo de cantones colindantes con población menor a 1% de la población provincial.  

Cuando un cantón con menos de 1% de la población provincial no colinda con ningún otro cantón pequeño de menos de 1% de la población provincial, entonces ese cantón elegirá su representante junto con el cantón de menor población total colindante para asegurar la más justa representación de sus habitantes.

Los Consejeros Provinciales son representantes de los ciudadanos de los cantones que los eligen y deben velar por la equidad de la inversión pública en cubrir las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI’s) de todos los cantones de la provincia.  

Art. 9.-Todos los Consejos Provinciales, incluyendo los conformados en Gobiernos Provinciales Autónomos, serán activamente asistidos en materia de planificación técnica por las Organizaciones de Desarrollo Regional (ODR’s) con quiénes compartirán la responsabilidad de invertir el Fondo de Compensación Cantonal a distribuirse para inversión en reducir los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas de los cantones más pobres de cada provincia. 

Serán consideradas ODR’s:  CEDEGE, CREA, CRM y PREDESUR, además de las organizaciones existentes en el pasado CORFONOR (Corporación de Fomento del Norte) y CORFODEC (Corporación de Fomento del Centro) que volverán a ser creadas y organizadas para cumplir las responsabilidades dispuestas en esta Ley.  Ninguna ODR podrá dedicar más de 15% de su presupuesto a gastos corrientes.

Estas organizaciones serán entes eminentemente técnicos y sus directores deberán tener títulos profesionales de ingeniería o administración.  Los directores serán electos de listas presentadas por las facultades técnicas de las Universidades públicas y privadas en las provincias involucradas. La mitad de los directores de cada ODR será escogida directamente en partes iguales por los Prefectos Provinciales y la otra mitad en partes iguales por los Consejos Provinciales de las provincias donde las ODR tienen jurisdicción y responsabilidades.  

Cada ODR creará sus propio reglamento orgánico, según sus necesidades de funcionamiento, y escogerá su representante al Consejo Nacional de Organizaciones de Desarrollo Regional (CONODER) que será el encargado, junto con el delegado del Gobierno Central, de coordinar la distribución del Fondo de Compensación Provincial mediante asignaciones de ese fondo a los Consejos Provinciales, incluyendo los conformados en Gobiernos Provinciales Autónomos, exclusivamente para inversión en la reducción de los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas de las provincias más pobres del país.

Art. 10.-Las facultades, atribuciones, deberes y requisitos del Alcalde, de los Concejales y del Concejo Municipal están señaladas en la Ley de Régimen Municipal, en todo cuanto no se oponga a esta Ley. 

Los Concejales Municipales se elegirán por Parroquias, de acuerdo a su población, para asegurar una mejor y más directa representación de los ciudadanos del cantón en su Municipio.

Art. 11.-Cada Municipio creará, en coordinación con la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, una Junta de Vigilancia Ciudadana conformada por un representante de cada Parroquia renovado cada año, sin posibilidad de reelección, escogido por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción de las ternas que presenten las organizaciones ciudadanas residentes en cada Parroquia. 

Art. 12.-Las elecciones para integrar los Gobiernos Seccionales Autónomos se efectuarán a mitad del período presidencial y se elegirán:  el Prefecto Provincial, los Consejeros Provinciales, los Alcaldes y los Concejales Municipales, de acuerdo a la Ley de Elecciones siempre y cuando no se oponga a esta Ley.

CAPÍTULO 3:  COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS

Art. 13.-A los Gobiernos Provinciales Autónomos les corresponderá, en un plazo no mayor a un año calendario desde la fecha de la Consulta Popular mediante la cual constituye su autonomía, las siguientes atribuciones:

  1. Ejercer las funciones que le correspondan de acuerdo con esta Ley y prestar los servicios públicos directamente, o vía concesión a través de empresas privadas o públicas, a los ciudadanos de la provincia;
  2. Coordinar la gestión de los diferentes municipios en la provincia, velar por la equidad de la inversión social del Fondo de Compensación Provincial entre ellos y dirimir sus controversias;
  3. Promover y ejecutar las obras provinciales prioritarias en los sectores rurales y aquellas obras de infraestructura de interés intercantonal;
  4. Promover y ejecutar obras cantonales en conjunto con las autoridades municipales que suscriban acuerdos con el Gobierno Provincial Autónomo;
  5. Generar recursos financieros propios mediante la retención de impuestos y tributos nacionales y por ordenanzas, tasas y contribuciones especiales propias en las áreas de su jurisdicción;
  6. Administrar e invertir en la provincia, junto con la respectiva ODR, los recursos del Fondo de Compensación Cantonal generado por su asignación porcentual de las rentas nacionales, regionales o provinciales que recaudan los Municipios;
  7. Administrar e invertir en la provincia, junto con la respectiva ODR, los recursos del Fondo de Compensación Provincial asignados por el Consejo Nacional de Organizaciones de Desarrollo Regional (CONODER);  
  8. Nombrar a las respectivas autoridades de Contraloría Provincial que ejercerán el control de revisión de los informes y presupuestos de proyectos a realizarse y de las cuentas y liquidaciones de obras realizadas a nivel provincial y municipal cuando existan las denuncias respectivas para hacerlo de la Contraloría General del Estado, de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y/o de las Juntas de Vigilancia Ciudadana de los municipios;  y,
  9. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley de Régimen Provincial y leyes especiales.

Art. 14.-A los Municipios en Provincias Autónomas les corresponderá:

  1. Ejercer las funciones que le correspondan de acuerdo con esta Ley y prestar los servicios públicos directamente, o vía concesión a través de empresas privadas o públicas, a los ciudadanos del cantón;
  2. Promover y ejecutar las obras municipales prioritarias de infraestructura en los sectores urbanos;
  3. Promover y ejecutar obras municipales en conjunto con las autoridades provinciales cuando se suscriban acuerdos con el Gobierno Provincial Autónomo;
  4. Generar recursos financieros propios mediante la retención de impuestos y tributos nacionales y por ordenanzas, tasas y contribuciones especiales propias en las áreas de su jurisdicción;
  5. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley de Régimen Municipal y leyes especiales.

Art. 15.-Al constituirse los Consejos Provinciales en Gobiernos Provinciales Autónomos por esta Ley, y establecer que los Municipios y el Consejo Provincial tienen la capacidad operativa para asumirlas, el Estado les transferirá definitivamente, en un plazo no mayor a un año calendario desde la fecha de la Consulta Popular mediante la cual constituye su autonomía, las siguientes competencias y responsabilidades de la administración pública en sus respectivas jurisdicciones:

  1. Educaciónpública pre-primaria, primaria, secundaria y superior;
  2. Saludy régimen asistencial, preventivo y hospitalario;
  3. Obras Públicase Infraestructura, incluyendo vialidad, agua potable, alcantarillado, evacuación de aguas servidas y otras obras relacionadas a la vida diaria de la ciudadanía;
  4. Seguridad cotidiana de la ciudadanía y control del tráfico y transporte local;
  5. Otras competencias y responsabilidades que se soliciten y transfieran de mutuo acuerdo como manda la Constitución en su Artículo 226.

Art. 16.-Cuando los Municipios de una provincia no puedan administrar sus jurisdicciones como manda esta Ley durante el primer año de haber constituido su autonomía, solicitarán la asistencia del Gobierno Provincial Autónomo hasta adquirir la capacidad operativa para ejercer su propia autonomía. Esta asistencia se concretará en la firma de un convenio entre el Concejo Municipal y el Gobierno Provincial Autónomo renovable anualmente.  

Art. 17.-En las instituciones del Estado comprendidas en los numerales 5 y 6 del Artículo 118 de la Constitución se transferirán la nominación y designación de sus autoridades y directivos seccionales al respectivo Gobierno Provincial Autónomo.  Así mismo, las autoridades, funcionarios, directivos y personal de las entidades, organismos, instituciones o áreas de la administración pública que hayan sido transferidas al Gobierno Provincial Autónomo serán designadas por este.

Art. 18.-Los Gobiernos Provinciales Autónomos respetarán y harán respetar los principios fundamentales del Estado y velarán por que este cumpla con eficacia sus deberes primordiales especialmente el asegurar la seguridad interna y externa del Ecuador respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos como manda la Constitución.

CAPÍTULO 4: LÍMITES DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS

Art. 19.-Los Municipios y los Gobiernos Provinciales Autónomos no podrán dedicar más del 15% de su presupuesto anual a gasto corriente.

Art. 20Los Gobiernos Provinciales Autónomos coordinarán las políticas y lineamientos generales en su plan gobierno con el Gobierno Nacional y con las otras provincias, así como los medios de control necesarios para establecer su cumplimiento, evaluación y la proba inversión de sus recursos.

Art. 21.-No serán materia de transferencia las funciones que competen a las Fuerzas Armadas y la seguridad externa, a la Policía Nacional y la seguridad interna, a la Cancillería y la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales, a las políticas de endeudamiento externo, y a la política económica y tributaria; salvo las delegaciones que se hicieren de conformidad con esta Ley y con la Constitución.

CAPÍTULO 5: RECURSOS DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS

Art. 22.-Los recursos de los gobiernos seccionales autónomos se generarán a través de la cobranza y la retención de impuestos y tributos nacionales vigentes por parte de los Municipios o del Gobierno Provincial Autónomo, dependiendo de cuál tenga jurisdicción y capacidad recaudatoria. En términos generales, los Municipios serán los encargados de recaudar todos los tributos de las áreas urbanas en su jurisdicción que sumados constituir una Canasta Tributaria.  

Art. 23.-Cuando un Municipio no tenga la capacidad de gestión para cobrar los tributos nacionales y locales en su jurisdicción, dicho Municipio le delegará al Gobierno Provincial Autónomo su recaudación y recibirá de éste su asignación porcentual de esos tributos de acuerdo a lo descrito en los Artículos 16 y 28 de esta Ley.

Art. 24.-La recepción de los recursos de parte de los gobiernos seccionales autónomos será directa, automática y oportuna a través de la retención del porcentaje correspondiente de los impuestos y tributos nacionales especificados en el Artículo 26.  

Art. 25.-Los gobiernos seccionales autónomos deducirán del total de los valores recaudados por impuestos, tributos, ingresos y contribuciones el porcentaje que le corresponda de la Canasta Tributariagenerada en su jurisdicción y remitirá el saldo al Gobierno Provincial Autónomo y/o al Gobierno Central según sea el caso.

Art. 26.-Los impuestos e ingresos que formarán parte de la Canasta Tributariarecaudada a nivel municipal serán:

  1. El Impuesto a la Renta (IR) generado en la respectiva jurisdicción Municipal;
  2. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado en su respectiva jurisdicción Municipal;
  3. El Impuesto a Consumos Especiales (ICE) generado en su respectiva jurisdicción Municipal;
  4. Los impuestos a los combustibles, al consumo de tabaco y licor;
  5. La matriculación de los vehículos residentes en la respectiva jurisdicción;
  6. Cualquier otro tributo o ingreso nacional establecido por el Estado, generado en la respectiva jurisdicción;

Art. 27.-También serán recursos exclusivos de cada Gobierno Provincial Autónomo o de cada Municipio, según sea el caso, las rentas generadas por ordenanzas propias, los rendimientos financieros de sus inversiones, los ingresos por préstamos a organismos públicos o privados nacionales o extranjeros, y las asignaciones, contribuciones especiales, legados, donaciones que recibieren.  Estos recursos no serán parte de la Canasta Tributariani serán sujeto a repartición alguna a entidades ajenas al Municipio o Gobierno Provincial Autónomo que los genere.

Art. 28.-La Canasta Tributariase asignará de la siguiente manera: 

  1. A los Municipios:  Un porcentaje, calculado por el INEC basado en las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI’s) de cada cantón según el último censo nacional, se retiene y asigna en el Municipio donde el impuesto se genera;
  2. A las Provincias y al Gobierno Central:  Una vez retenida la asignación municipal, el saldo de la Canasta Tributariase repartirá en partes iguales (50%-50%) entre el Gobierno Provincial Autónomo, para uso exclusivo en el Fondo de Compensación Cantonal, y para el Gobierno Nacional.  

El porcentaje de retención a nivel municipal calculado por el INEC de acuerdo a las NBI’s de su población cantonal será revisado utilizando la información de los censos nacionales y sus proyecciones cada quinquenio. El objetivo general del INEC al calcular estas asignaciones será de reducir los índices de NBI’s en las provincias autónomas a menos de 10% hasta el año 2010.

El espíritu de este reparto es que cada municipio genere los fondos y administre las obras necesarias para reducir los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI’s) en su respectiva jurisdicción. De igual manera, el Gobierno Provincial Autónomo tiene la obligación de administrar y redistribuir el Fondo de Compensación Cantonal que se generará con el superávit de los cantones más grandes y ricos de la provincia hacia los cantones más pequeños y deficitarios en materia de recaudación tributaria.  

En caso de que los recursos necesarios para inversión en todos los cantones de la provincia autónoma sean insuficientes, el Gobierno Provincial Autónomo recurrirá al Consejo Nacional de Organizaciones de Desarrollo Regional (CONODER) y al Gobierno Nacional para recibir fondos del Fondo de Compensación Provincial.  Pero, si existieren glosas o acusaciones por actos de corrupción pendientes en los municipios correspondientes o en el Gobierno Provincial Autónomo de parte de la Contraloría Provincial y/o de la Junta de Vigilancia Ciudadana, no se podrá entregar ni recibir dineros del Fondo de Compensación Provincial hasta no haber descargado las glosas o haber resuelto las imputaciones legales respectivas.

Art. 29.-Los recursos financieros del Presupuesto General del Estado correspondiente a las entidades o instituciones que fueren descentralizadas hacia los gobiernos seccionales autónomos de acuerdo a sus jurisdicciones serán trasladados hacia estos, y se incrementarán porcentualmente con la proforma anual del presupuesto general del Estado en la misma proporción de su incremento global.

Art. 30.-Los tributos aduaneros y arancelarios producidos en todo el territorio nacional y los ingresos que se obtuvieren por la exploración, explotación, industrialización, comercialización, concesión o participación de los recursos naturales no renovables, y en general de los productos del subsuelo incluso las que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial, serán repartidos en partes iguales entre el Gobierno Nacional y el Fondo de Compensación Provincial.

Art. 31.-Los recursos señalados en esta Ley no podrán ser inferiores al monto que hubiere percibido el Gobierno Provincial Autónomo por concepto de la distribución del 15% de los ingresos corrientes totales del Presupuesto General del Estado, y de su incremento proporcional de cada año.

CAPÍTULO 6:  DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN CANTONAL Y PROVINCIAL

Art. 32.-En la administración y reparto descentralizado de los fondos y recursos nacionales existirán los Fondos de Compensación Cantonal y el Fondo de Compensación Provincial.  

Art. 33.- El Fondo de Compensación Provincial, cuyos recursos se describen en el Artículo 30 de esta Ley, será asignado por el Consejo Nacional de Organizaciones de Desarrollo Regional (CONODER) a las provincias más necesitadas de acuerdo a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI’s) de esas provincias según los datos proporcionados por el INEC.  Las provincias que reciban esta asistencia económica administrarán esos recursos a través de sus Gobiernos Provinciales Autónomos y de la Organización de Desarrollo Regional correspondiente.  

Art. 34.-Los recursos que correspondan al Fondo de Compensación Cantonal, según el Artículo 28 de esta Ley, estarán a cargo del Gobierno Provincial Autónomo donde se generen y se asignarán e invertirán en el desarrollo y crecimiento de sus cantones bajo el principio de equidad, solidaridad y desarrollo integral.  

Los Gobiernos Provinciales Autónomos se regirán en el reparto del Fondo de Compensación Cantonal por los siguientes criterios en cada cantón: NBI’s, número de habitantes y esparcimiento poblacional, capacidad contributiva del cantón, eficiencia recaudatoria municipal y logros en el mejoramiento de servicios públicos y nivel de vida de sus habitantes.

Dado y firmado en Quito, xx de 1999.

BASES PARA EL ESTATUTO AUTONOMICO DE LA REGION GUAYAS

Elaborado 21 de mayo de 1999

La Región Autonómica del Guayas es una entidad jurídica, administrativa y política de derecho público cuya función, por voluntad democrática de los cantones que la conforman, es la de administrar los bienes públicos que le fueren confiados de acuerdo a este estatuto y propender al desarrollo de la región.

LA ASAMBLEA REGIONAL AUTONOMICA DEL GUAYAS

La Asamblea Regional Autonómica del Guayas, es el órgano legislativo que tiene capacidad de dictar normas obligatorias dentro de la jurisdicción correspondiente, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República y en el presente Estatuto. 

La Asamblea Regional Autonómica del Guayas está conformada por los Representante Regionales, elegidos por distritos. Para el efecto se conformaran distritos electorales que agrupen entre cuarenta y sesenta mil habitantes domiciliados geográficamente en una o más parroquias o cantones colindantes dentro de la provincia del Guayas.

La Asamblea sesionará permanente u ocasionalmente en cualquier punto geográfico que la Asamblea determinare. Se regirá por la ley orgánica funcional que la Asamblea la discuta y apruebe.

Son atribuciones autónomas de la Asamblea:

A) Dictar leyes regionales que no pudiendo contravenir con las disposiciones   constitucionales que hacen del Ecuador una república unitaria, son obligatorias para todos los habitantes de la región autonómica. 

B) Aprobar el presupuesto de la entidad regional presentado por el Gobernador Regional.

C) Nombrar al Contralor Regional de entre una terna presentada por la Contraloría General del Estado. Para ser nombrado Contralor Regional se requiere haber residido en la región al menos diez años inmediatos consecutivos. 

D) Nombrar al Procurador General del Distrito de una terna presentada por la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General del Distrito tiene las facultades de emitir criterios vinculantes en todos los asuntos que se deriven de este Estatuto.

LEYES AUTONÓMICAS

Las leyes autonómicas solo pueden ser dictadas en el ámbito del Derecho Público en lo relativo al sector educativo, de salud, cultura, medio ambiente, salubridad, tránsito, turismo, defensa civil, bomberos, defensa civil, seguridad barrial y previsión social.

También son de competencia exclusiva de la entidad autónoma las normas procesales y de procedimiento administrativo que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo regional que se derive. 

No podrá, en ningún caso, una ley autonómica dictar normas en relación con el manejo de la seguridad interna o externa del país, ni  sobre el manejo monetario, diplomático, procesal o jurisdiccional.

Todas las leyes que hacen relación al derecho privado, al derecho laboral, civil, penal, son leyes nacionales, y no son de incumbencia de las Asamblea Regional.

Las leyes regionales dictadas en el ámbito del derecho público no pueden ser subordinadas a las leyes generales de la República, siempre y cuando sean constitucionales en su fondo y en su forma. Solo las leyes de Control de Gasto Público, y las de Contratación Pública que emitiere la entidad regional deberán ser aprobadas adicionalmente por el Congreso Nacional. 

Las leyes autonómicas pueden crear impuestos regionales, los mismos que serán recaudados y administrados directamente por la comunidad autonómica. Estas leyes deben ser propuestas por el Gobernador Regional, apoyadas por el Consejo de Administración Regional y aprobadas finalmente por la Asamblea Autonómica Regional. Los vetos parciales que realice la Asamblea, podrán opcionalmente ser aceptados o no por el Gobernador Regional. 

Las leyes autonómicas serán publicadas en el Registro Oficial de la Región Autonómica del Guayas. 

DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

Son de competencia exclusiva de la región autónoma las obras públicas que solo afecten a la región autónoma y las carreteras que solo discurran íntegramente por la región, así como el aprovechamiento hidráulico, puertos y aeropuertos.

Las obras de competencia compartida con otras regiones autónomas o con el Estado ecuatoriano serán manejadas y administradas bajo convenios específicos que deben ser aprobados por el Gobernador Regional y por el Consejo de Administración Regional 

DE LOS RECURSOS 

Son recursos de la Región Autonómica todos los que bienes que sean propiedad del Consejo Provinciales que quedará disuelto una vez que la mayoría de los habitantes de una provincia haya aprobado, mediante Consulta Popular, conformar la  Región Autonómica del Guayas. 

Son también recursos de la Región Autonómica el 50% de los recursos fiscales que la región aporte al Presupuesto General del Estado.

Se consideran recursos aportados dentro de la región;

Los provenientes del Impuesto al Valor Agregado recaudado dentro de la región por ventas efectuadas a los consumidores finales. 

Los provenientes del impuesto a la renta en proporción a la venta producida de la región, y los impuestos al patrimonio, de las personas naturales o jurídicas domiciliadas dentro de la región, 

El impuesto a los vehículos matriculados dentro de la región.

Las tasas y contribuciones especiales de mejoras que se deriven por los servicios prestados por la entidad autonómica y por el desarrollo de la infraestructura que esta desarrolle.

DEL DELEGADO REGIONAL 

El DELEGADO REGIONAL (ACTUAL GOBERNADOR) será nombrado por el Presidente de la República a fin de que lo represente y actúe a nombre de él en todas las áreas y esferas de la administración que estén a su cargo, especialmente en cuanto al manejo de la seguridad interna y de la policía nacional. El Delegado Regional será miembro del Consejo de Administración Regional y su misión será la de coordinar las acciones de la entidad regional con las que realice o ejecute el Gobierno Nacional. Tendrá voz y voto en el Consejo de Administración Regional.

DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION REGIONAL

El Consejo de Administración Regional estará compuesto por dieciséis  miembros. Será presidido por el Prefecto Regional, quien solo tiene voto dirimente.

Ocho de sus miembros serán electos por la Asamblea Regional, de ternas presentadas por los siguientes gremios:

Cámaras de Comercio, Industrias, Pequeña Industria, Turismo y Construcción.

Cámaras que representen a las actividades del mar.

Cámaras  y gremios relacionados con la actividad agrícola y ganadera.

Gremios o entidades no gubernamentales relacionadas con la cultura y el deporte.

Universidades y Colegios y entidades educativas de la Región.

Artesanos y representantes de los comerciantes minoristas.

Representante de las dirigencias barriales organizadas.  

Medios de comunicación.

Las ternas estarán conformadas necesariamente por habitantes de distintos cantones de la región.

Seis miembros del Consejo de Administración Regional en representación directa de 

Tres Los alcaldes de tres distintos cantones de la región. 

La Junta de Beneficencia.

La CTG

La Junta Cívica del Guayas 

Un miembro permanente del Consejo de Administración Regional, será el Delegado Regional, y será el vicepresidente del Concejo.

Son funciones del Consejo de Administración Regional:

  • Vigilar la correcta aplicación del presupuesto.
  • Autorizar los cambios de partida presupuestaria cuando, a petición del Gobernador hubiese lugar.
  • Aprobar la liquidación anual del presupuesto.
  • Autorizar la realización de obras públicas, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, y los nombramientos de cargos de libre remoción que propusiere el Prefecto Regional. 
  • Nombrar los Comité de Contratación y de Licitación.
  • Vigilar el buen desenvolvimiento administrativo y la transparencia de la gestión regional.
  • Nombrar, de entre la terna presentada por el Prefecto Regional, al Procurador Síndico de la entidad.
  • Solicitar a la Asamblea Regional la destitución o remoción del Prefecto Regional cuando a juicio o criterio de las dos terceras partes de los miembros de la Concejo de Administración Regional, su gestión sea calificada como deficiente, o como no transparente. 
  • Los gastos administrativos y corrientes de la entidad regional no deben pasar del 20% de los ingresos anuales corrientes. No se consideran ingresos anuales corrientes los prestamos nacionales o internacionales incorporados en el presupuesto en cualquier ejercicio financiero, ni los arrastres de caja de ejercicios anteriores. 

Se considera deficiente la administración del Prefecto Regional cuando por dos períodos anuales consecutivos los gastos corrientes superan en conjunto el 30% de los ingresos anuales corrientes.

Se considera no transparente la administración del Prefecto Regional cuando los informes del Contralor Regional hicieren observaciones graves en cuanto a que los informes y asientos contables no están debidamente sustentados en anexos claros y suficientes. También será considerada deficiente la gestión del Prefecto Regional, cuando no presente para la aprobación del Concejo de Administración Regional, antes del 15 de noviembre de cada año, la proforma presupuestaria, que deberá quedar aprobada antes del 31 de diciembre de cada año, o cuando no presente la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior dentro de los treinta primeros días del e ejercicio económico siguiente.

DE LA CONFORMACION DEL PRESUPUESTO

Los cantones establecidos dentro de la región deberán presentar planes de inversión hasta el 30 de agosto de cada año, con el objeto de ser considerados dentro del presupuesto del año siguiente. Estos planes de inversión pueden ser alternativos, acumulativos y asociados, de tal manera que uno o más cantones pueden presentar una o varias alternativas que signifiquen etapas de inversión para cumplir con un proyecto concreto a ejecutarse en mediano o largo plazo

El sesenta por ciento de las inversiones que ejecute anualmente la corporación regional serán obligatoriamente distribuidos de acuerdo a los planes de inversión presentados por los cantones, pudiendo la corporación regional decidir entre las diversas posibilidades que se hayan presentado.

El cuarenta porciento restante será distribuido de acuerdo a los planes de inversión que haya decidido el Prefecto Regional y que consten en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración Regional. 

DEL PREFECTO REGIONAL 

La región autonómica del Guayas está presidida y representada por el Prefecto Regional, el mismo que será elegido mediante sufragio universal y directo cada cuatro años. Podrá ser reelegido indefinidamente.

El Prefecto Regional presidirá las sesiones del Consejo de Administración Regional, tendrá voz, voto dirimente, y es su prerrogativa elaborar el orden del día, salvo cuando las dos terceras partes del Consejo Regional puedan imponer un orden del día diferente. 

Será, además, el encargado de ejecutar las acciones administrativas y tendrá la representación legal de la entidad.

LA ADMINISTRACION ZONAL

El Prefecto Regional nombrará los cargos de libre remoción y establecerá las direcciones administrativas que considere convenientes, pudiendo, además, nombrar a sus representantes administrativos zonales en los diferentes distritos o cantones que considere, para lo cual podrá delegar funciones específicas, previa autorización del Consejo de Administración Regional. 

LEY ORGÁNICA 6/1981 DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA.

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones Generales

Artículo 1. 

1. Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles. 

2. El Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces, en el marco de igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España. 

3. Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan de la Constitución y del pueblo andaluz en los términos del presente Estatuto. 

Artículo 2. 

El territorio de Andalucía comprende el de los municipios de las actuales provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

Artículo 3.

1. El municipio es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma. Goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus competencias. Su representación, gobierno y administración corresponden a los respectivos Ayuntamientos. 

2. La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes se realizará de acuerdo con la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en el marco de la legislación básica del Estado. 

Artículo 4. 

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y constituye, también, ámbito territorial para el desarrollo y gestión de las competencias y funciones de la Comunidad Autónoma. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 

2. El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación, como órgano representativo de la misma, con plena autonomía para la gestión de sus intereses específicos. 

3. Serán competencias de la Diputación las siguientes: 

a) Las que con carácter específico y para el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia le vengan atribuidas por la legislación básica del Estado y los la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en desarrollo de la misma. 

b) las que pueda delegarle para su ejercicio la Comunidad Autónoma, siempre bajo la dirección y el control de ésta. 

4. En los términos de una Ley del Parlamento Andaluz y en el marco de la legislación del Estado, la Comunidad Autónoma articulará la gestión ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las Diputaciones Provinciales. La ley establecerá los mecanismos de dirección y control por parte de la Comunidad. 

5. La Junta de Andalucía coordinará la actuación de los Diputaciones, en lo que se refiere a las competencias recogidas en el apartado a) del número 3 del presente artículo, en materias de interés general para Andalucía. La apreciación del interés general y las fórmulas de coordinación se establecerán por una ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Andalucía y en el marco de lo que disponga la legislación básica del Estado. En todo caso, la Comunidad Autónoma coordinará los Planes provinciales de Obras y Servicios. 

Artículo 5. 

Por Ley del Parlamento Andaluz podrá regularse la creación de comarcas integradas por municipios limítrofes dentro de la misma provincia, atendiendo a sus características geográficas, económicas, sociales e históricas. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los Ayuntamientos afectados y la aprobación del Consejo de Gobierno. 

Artículo 6. 

1. La Bandera de Andalucía es la tradicional formada por tres franjas horizontales -verde, blanca y verde- de igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda en 1918. 

2. Andalucía tiene himno y escudo propios, que serán aprobados definitivamente por Ley del Parlamento Andaluz, teniendo en cuenta los acuerdos dictados sobre tales extremos por la Asamblea de Ronda de 1918. 

Artículo 7. 

La capital de Andalucía, sede del Gobierno y del Parlamento, será la ciudad que decida éste, por mayoría de dos tercios, en su primera sesión ordinaria. En dicha sesión se decidirá también la sede del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 8. 

1. A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición política de andaluces los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. 

2. Como andaluces, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Andalucía y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la Ley del Estado. 

3. Las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía podrán solicitar, como tales, el reconocimiento de la identidad andaluza entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo andaluz. Una Ley del Parlamento andaluz regulará, sin perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido del reconocimiento a dichas comunidades que en ningún caso implicará la concesión de derechos políticos. 

Artículo 9. 

Las leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía, tendrán eficacia en su territorio. 

Artículo 10. 

El derecho propio de Andalucía, constituido por las leyes y normas reguladoras de las materias de competencia exclusiva de su Comunidad Autónoma, así como de las que con tal carácter le hayan sido transferidas en virtud del artículo 150.2, de la Constitución, es el aplicable con preferencia a cualquier otro en el territorio andaluz. En todo caso, el derecho estatal tiene carácter supletorio del derecho propio de Andalucía. 

Cuando la competencia de la Comunidad Autónoma consista en el desarrollo o reglamentación de la legislación del Estado, las normas dictadas por aquella serán de aplicación preferente a cualquier otra de igual naturaleza y rango. 

Artículo 11. 

Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los andaluces son los establecidos en la Constitución. La Comunidad Autónoma garantiza el respeto a las minorías que residan en ella. 

Artículo 12. 

1. La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitará la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social. 

2. La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. 

3. Para todo ello, la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: 

  1. La consecución del pleno empleo en todos los sectores de la producción y la especial garantía de puestos de trabajo para las jóvenes generaciones de andaluces. 
  2. El acceso de todos los andaluces a los niveles educativos y culturales que les permitan su realización personal y social. Afianzar la conciencia de identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. 
  3. El aprovechamiento y la potenciación de los recursos económicos de Andalucía como su agricultura, ganadería, minería, pesca, industria, turismo; promoción de la inversión pública y privada en Andalucía; así como la justa redistribución de la riqueza y la renta. 
  4. La superación de las condiciones económicas, sociales y culturales que determinan la emigración de los andaluces y, mientras ésta subsista, la asistencia a los emigrados para mantener su vinculación con Andalucía. En todo caso, se crearán las condiciones indispensables para hacer posible el retorno de los emigrantes y que éstos contribuyan con su trabajo al bienestar colectivo del pueblo andaluz. 
  5. El fomento de la calidad de vida del pueblo andaluz, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, y el desarrollo de los equipamientos sociales, con especial atención al medio rural. 
  6. La protección y realce del paisaje y del patrimonio histórico-artístico de Andalucía. 
  7. La superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre las distintas áreas territoriales de Andalucía, fomentando su recíproca solidaridad. 
  8. La realización de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos. 
  9. La constante promoción de una política de superación de los desequilibrios existentes entre los diversos territorios del Estado, en efectivo cumplimiento del principio constitucional de solidaridad. 
  10. El desarrollo industrial, como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía. 
  11. La reforma agraria entendida como la transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias y como instrumento de una política de crecimiento, pleno empleo y corrección de los desequilibrios territoriales. 

TITULO I 

Competencias de la Comunidad Autónoma

Artículo 13. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre las siguiente materias: 

  1. Organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. 
  2. Organización y estructura de sus organismos autónomos. 
  3. Régimen local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 
  4. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma. 
  5. Normas y procedimientos electorales para la constitución de sus instituciones de autogobierno. 
  6. Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, así como las servidumbres públicas en materia de su competencia. 
  7. Montes, aprovechamientos, servicios forestales y vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montañas, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 23, apartado 1, del artículo 149, de la Constitución. 
  8. Política territorial: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. 
  9. Las obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma, y siempre que no tenga la calificación legal de interés general del Estado. 
  10. Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios por vía fluvial o por cable. 
  11. Puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación legal de interés general del Estado. Puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 
  12. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran únicamente por Andalucía. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio. 
  13. Aguas minerales y termales. 
  14. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte no salga de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro territorio. 
  15. Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y valores de conformidad con la legislación mercantil. Ferias y Mercados interiores. 
  16. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad Urbana y Cofradías de Pescadores, Cámaras Mineras y otras de naturaleza equivalente; denominaciones de origen y sus Concejos Reguladores, sin perjuicio de la competencia del Estado en materia de comercio exterior prevista en el artículo 149.1.10, de la Constitución. Todo ello en el marco de lo que establezca la legislación básica del Estado, reguladora de las Corporaciones de Derecho Público. 
  17. Promoción y ordenación del turismo. 
  18. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial y lacustre. 
  19. Artesanía. 
  20. Cooperativas, Pósitos y Mutuas no integradas en el sistema de la Seguridad Social, respetando la legislación mercantil. 
  21. Sanidad e Higiene, sin perjuicio de lo que establece el artículo 149.1.16, de la Constitución. 
  22. Asistencia y servicios sociales. Orientación y planificación familiar. 
  23. Instalaciones Publicas de protección y tutela de menores. respetando la legislación civil, penal y penitenciaria. 
  24. Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículo 36 y 139 de la Constitución. 
  25. Fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico-asistencias y similares, que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía. 
  26. Promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución. 
  27. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 
  28. Archivos, museos, bibliotecas y demás colecciones de naturaleza análoga que no sean de titularidad estatal. Conservatorios y Centros de Bellas Artes de interés para la Comunidad Autónoma. 
  29. Investigación y sus instituciones, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Academias con sede central en Andalucía. 
  30. Promoción de actividades y servicios para la juventud y la tercera edad. Desarrollo comunitario. 
  31. Deporte y ocio. 
  32. Publicidad y espectáculos, sin perjuicio de las normas del Estado. 
  33. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas. 
  34. Estadísticas parafines de la Comunidad Autónoma. 
  35. Las restantes materias que con este carácter, y mediante Ley Orgánica, sean transferidas por el Estado. 

Artículo 14. 

1. Compete a la Comunidad Autónoma de Andalucía la creación de un Cuerpo de Policía Andaluza que, sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado y dentro del marco de la correspondiente Ley Orgánica, desempeñe las que le sean propias bajo la directa dependencia de la Junta de Andalucía. 

2. Compete asimismo, a la Comunidad Autónoma de Andalucía la coordinación de las policía locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales. 3.Se creará la Junta de Seguridad, que con representación paritaria del Gobierno y de la Junta de Andalucía coordine la actuación de la Policía Autónoma con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Artículo 15. 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de la regulación general del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:

  1. Régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de sus funcionarios. 
  2. Expropiación forzosa. Contratos y concesiones administrativas; sistema de responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
  3. Ordenación del crédito, la Banca y los seguros. 
  4. Reservar al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolios, e intervención de empresas cuando lo exija el interés general. 
  5. Régimen minero y energético 
  6. Ordenación del sector pesquero. Puertos pesqueros. 
  7. Medio ambiente. Higiene de la contaminación biótica y abiótica. 
  8. Las restantes materias que con este carácter y mediante ley del Estado, le sean transferidas. 

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo del sistema de consultas populares locales en el ámbito de Andalucía, de conformidad con lo que dispongan las leyes a que se refiere el apartado 3 del artículo 92 y el número 1 y 32 del artículo 149,1, de la Constitución, correspondiendo al Estado la autorización de su convocatoria. 

Artículo 16. 

1. En el marco de las normas básicas del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de Radiodifusión y Televisión en los términos y casos establecidos en la Ley que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y Televisión. 

2. Igualmente le corresponde, en el marco de las normas básicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de Prensa y, en general, de todos los medios de comunicación social. 

En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo, la comunidad Autónoma de Andalucía podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 17. 

Corresponde a la comunidad Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:

  1. Penitenciarias 
  2. Laboral, con las facultades y servicios propios de la Administración respecto de las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta inspección del Estado y de lo establecido en el artículo 149, 1, 2, de la Constitución. 
  3. Propiedad intelectual e industrial. 
  4. Museos, Archivos, Bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga de titularidad estatal. 
  5. Ferias internacionales que se celebren en Andalucía. 
  6. Vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales correspondientes al litoral andaluz. 
  7. Puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa. 
  8. Ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidades Autónomas, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1 del artículo 149, de la Constitución, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado. 
  9. Nombramiento de Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio e intervención de la fijación de las demarcaciones correspondientes. 
  10. Pesas y medidas; contrastes de metales. 
  11. Salvamento marítimo en el litoral andaluz. 
  12. Las restantes cuya ejecución se acuerde por Ley Orgánica. 

Artículo 18. 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149, 1,11 y 13, de la Constitución, la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

  1. Fomento y planificación de la actividad económica en Andalucía. 
  2. Sector público económico de la Comunidad Autónoma, en cuanto no está contemplado por otras normas de este Estatuto. 
  3. Instituciones de crédito corporativo, público y territorial, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales. 
  4. Agricultura y ganadería, competencias relativas a la reforma y desarrollo del sector agrario y a la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. 
  5. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar, y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. Queda reservada a la competencia exclusiva del Estado la autorización para la transferencia de tecnología extranjera. 
  6. Comercio interior. Defensa del consumidor y el usuario, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre defensa de la competencia. 
  7. Desarrollo y ejecución en Andalucía de: 

a) Los planes establecidos por el Estado para la reestructuración de sectores económicos. 

b) Programas genéricos para Andalucía estimuladores de la ampliación de actividades productivas e implantación de nuevas empresas. 

c) Programa de actuación referidos a comarcas deprimidas o en crisis. 

2. Andalucía participará en la gestión del sector público estatal en los casos y actividades que procedan. 

Artículo 19. 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1, del artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las facultades que atribuye el Estado el número 30 del apartado 1, del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. 

2. Los poderes de la Comunidad Autónoma velarán porque los contenidos de la enseñanza e investigación en Andalucía guarden una esencial conexión con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades del pueblo andaluz. 

Artículo 20. 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. 

2. En materia de Seguridad Social corresponderá a la Comunidad Autónoma: 

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma. 

b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 

3. Corresponderá también a la Comunidad Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos. 

4. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones entidades y funciones en materia de sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo. 

5. La Comunidad Autónoma de Andalucía ajustará el ejercicio de las competencias que asuma en materia de sanidad y de Seguridad Social a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca. 

Artículo 21. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá solicitar en cualquier momento al Estado la transferencia o delegación de competencias que, aún no asumidas en el presente Estatuto, no estén atribuidas expresamente al estado por la Constitución, y de aquellas otras que, atribuidas expresamente al Estado, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. En este último caso, la Ley Orgánica que se dicte en aplicación de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución determinará la correspondiente transferencia de recursos financieros, la necesaria asignación de medios personales y administrativos y las formas de control que se reserva el Estado. 

Artículo 22. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá dirigirse a las Cortes Generales para solicitar que las leyes-marco que se aprueben en materia de competencia exclusiva del Estado atribuyan expresamente a la Comunidad Autónoma la facultad de dictar la correspondiente legislación de desarrollo. 

Artículo 23. 

1. La Junta de Andalucía será informada, en la elaboración de los Tratados y Convenios Internacionales, así como de los proyectos de legislación aduanera, en cuanto afecten a materias de su específico interés. 

2. La Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para la ejecución de los Tratados y Convenios Internacionales en lo que afecten a las materias atribuidas a su competencia, según el presente Estatuto. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 12, 3, 4, la Junta de Andalucía podrá dirigirse al Gobierno de la Nación instándole a la celebración de Convenios o tratados con países de recepción de emigrantes andaluces para una especial asistencia a los mismos. 

TITULO II 

Organización Institucional de la Comunidad Autónoma 

Artículo 24. 

1. La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento, el Consejo de Gobierno y el Presidente de la Junta. 

2. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional que, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el territorio andaluz. 

CAPITULO I 

El Parlamento de Andalucía 

Artículo 25. 

1. El Parlamento de Andalucía representa la pueblo andaluz. 

2. El Parlamento de Andalucía es inviolable. 

Artículo 26. 

1. El Parlamento estará compuesto por 90 a 110 Diputados, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Los miembros del Parlamento representan a toda Andalucía y no están sujetos a mandato imperativo. 

2. El Parlamento es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección. 

3. Los diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad personal será exigible, en los mismos términos, ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

Artículo 27. 

1. El Parlamento elegirá de entre sus miembros al Presidente, la Mesa y la Diputación Permanente. 

2. El Parlamento se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación y reforma requerirán el voto de la mayoría absoluta de los Diputados. 

3. El Parlamento funcionará en Pleno y Comisiones. El Pleno podrá delegar en las Comisiones legislativas la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, estableciendo en su caso los criterios pertinentes. El Pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de los proyectos o proposiciones de la ley que hayan sido objeto de esta delegación. Corresponde en todo caso al Pleno la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de las leyes de desarrollo a que se refiere el artículo 22 y de todas las que requieran una mayoría cualificada de acuerdo con el presente Estatuto. 

4. El Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los periodos ordinarios de sesiones comprenderán cuatro meses y se celebrarán entre septiembre y diciembre el primer periodo, y entre febrero y junio el segundo. Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por su Presidente, con especificación, en todo caso, del orden del día, a petición de la Diputación Permanente, de una cuarta parte de los Diputados o del número de Grupos Parlamentarios que el Reglamento determine, así como a petición del Consejo de Gobierno. 

5. El Reglamento del Parlamento determinará el procedimiento de elección de su Presidente; la composición y funciones de la Diputación Permanente, las relaciones entre Parlamento y Consejo de Gobierno; los períodos ordinarios de sesiones con la previsión, en todo caso, de una semana de sesiones como mínimo en cada uno de los meses comprendidos en los períodos mencionados en el apartado anterior; el número mínimo de Diputados para la formación de los grupos Parlamentarios; el procedimiento legislativo; las funciones de la Junta de Portavoces y el procedimiento de elección de los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma. Los Grupos Parlamentarios participarán en la Diputación Permanente y en todas las Comisiones en proporción a sus miembros. 

Artículo 28. 

1. La Circunscripción Electoral es la provincia. Una ley del Parlamento andaluz distribuirá el número total de Diputados. Ninguna provincia tendrá más del doble de Diputados que otra. 

2. La elección se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Se utilizará para ello el mismo sistema que rija para las elecciones al Congreso de los Diputados. 

3. Las elecciones tendrá lugar entre los treinta y sesenta días posteriores a la expiración del mandato. Los Diputados electos deberán ser convocados para la sesión constitutiva del Parlamento dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. 

4. Serán electores y elegibles todos los andaluces mayores de dieciocho años que estén en pleno goce de sus derechos políticos. La Comunidad Autónoma facilitará el ejercicio del derecho de voto a los andaluces que se encuentren fuera de Andalucía. 

Artículo 29. 

Una ley del Parlamento Andaluz regulará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al mismo. 

Artículo 30. 

Corresponde al Parlamento de Andalucía: 

  1. El ejercicio de la potestad legislativa propia de la Comunidad Autónoma, así como el de las facultades normativas atribuidas a la misma, en su caso, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución. 
  2. El ejercicio de la potestad legislativa para la ejecución, en su caso, de las leyes estatales. 
  3. El control de la acción del Consejo de Gobierno. 
  4. La aprobación de los Presupuestos. 
  5. La aprobación de los Planes Económicos. 
  6. La ordenación básica de los órganos y servicios de la Comunidad Autónoma. 
  7. El control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad Autónoma. 
  8. La potestad de establecer y exigir tributos. 
  9. La elección del Presidente de la Junta 
  10. La apreciación, en su caso, de la incapacidad del Presidente. 
  11. La presentación de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados en los términos del artículo 87 de la Constitución. 
  12. La designación de los Senadores que correspondan a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 69,5 de la Constitución. Los Senadores serán designados en proporción al número de miembros de los Grupos políticos representados en el Parlamento. Su mandato en el Senado estará vinculado a su condición de Diputados del Parlamento Andaluz. 
  13. Las restantes que se deriven de este Estatuto y sus leyes. 

CAPITULO II 

Elaboración de las normas

Artículo 31. 

1. El Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes. 

2. Las leyes de Andalucía serán promulgadas en nombre del Rey, por el Presidente de la Junta, el cual ordenará la publicación de las mismas en el “Boletín Oficial de Andalucía” en el plazo de quince días desde su aprobación, así como el “Boletín Oficial del Estado”. A efectos de su vigencia regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Andalucía”. 

Artículo 32. 

Corresponde al Consejo de Gobierno de Andalucía la elaboración de reglamentos generales de las leyes de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 33. 

1. La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento, y al Consejo de Gobierno. 

2. Una ley del Parlamento Andaluz, en el marco de la Ley Orgánica previsto en el artículo 87, 3, de la Constitución, regulará tanto el ejercicio de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos, como la iniciativa legislativa popular. 

CAPITULO III

El Consejo de Gobierno y el Presidente de la Junta 

Artículo 34. 

El Consejo de Gobierno de Andalucía es el órgano colegiado que ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno está integrado por el Presidente y los Consejeros. 

Artículo 35. 

1. El Presidente de la Junta dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la administración de la comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía.

2. El Presidente podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en uno de los Consejeros. 

3. El Presidente es responsable políticamente ante el Parlamento. 

Artículo 36. 

1. El régimen jurídico y administrativo del Consejo de gobierno y el Estatuto de sus miembros será regulado por ley del Parlamento Andaluz, que determinará las causas de incompatibilidad de aquéllos. El Presidente y los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna. 

2. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión. 

Artículo 37. 

1. El Presidente de la Junta será elegido de entre sus miembros por el parlamento. 

2. El Presidente del Parlamento, previa consulta a los Portavoces designados por los Partidos o Grupos Políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente de la Junta. 

3. El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones. Caso de no conseguirse dicha mayoría se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, quedará designado Presidente de la Junta el candidato del partido que tenga mayor número de escaños. 

4. Una vez elegido, el Presidente será nombrado por el Rey y procederá a designar los miembros del Consejo de Gobierno y a distribuir entre ellos las correspondientes funciones ejecutivas. 

Artículo 38. 

El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, y en los casos de pérdida de cuestión de confianza y de moción de censura, dimisión, incapacidad o fallecimiento del Presidente. El Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno. 

Artículo 39. 

1. El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. 

2. El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Presidente o del Consejo de Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Esta habrá de ser propuesta, al menos, por una cuarta parte de los parlamentarios y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Junta. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Si la moción de censura no fuese aprobada por el parlamento, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. 

3. Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente de la Junta, de acuerdo con el procedimiento del artículo 37. 

4. Si el Parlamento adoptara una moción de censura, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara. EL REY le nombrará Presidente de la Junta. 

Artículo 40. 

1. La responsabilidad penal del Presidente de la Junta y de los Consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, la de los Consejeros, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

2. Ante los mismos Tribunales, respectivamente, será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de su cargo. 

Artículo 41. 

1. Todas las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en el presente Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial andaluz. 

2. En el ejercicio de las competencias exclusivas de Andalucía corresponden al Parlamento la potestad legislativa y al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en los términos del presente Estatuto. 

3. En aquellas materias donde la competencia de la Comunidad consista en el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, compete al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria, así como la administración e inspección. 

4. En las materias en que la Comunidad Autónoma sólo tenga competencias de ejecución, corresponde al Consejo de Gobierno la administración y la ejecución, así como, en su caso, la facultad de dictar reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes, de conformidad con las normas reglamentarias de carácter general que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado. 

5. Todos los órganos encargados de la prestación de servicios o de la gestión de competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se integran en su Administración. 

Artículo 42. 

1. El Consejo de Gobierno, por conducto de su Presidente, podrá plantear conflictos de jurisdicción a los jueces y tribunales conforme a las leyes reguladoras de aquéllos. 

2. Igualmente podrá el Consejo de Gobierno ejercer la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en la materia. 

3. La Comunidad Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de la misma. 

Artículo 43. 

1. La Comunidad Autónoma es administración pública a los efectos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

2. Para demandar civil o laboralmente a la Comunidad Autónoma será necesario la reclamación previa en vía administrativa. 

3. La Comunidad Autónoma estará exenta de prestar cauciones o depósitos para ejercitar acciones o interponer recursos. 

Artículo 44. 

1. El Consejo de Estado informará los Reglamentos generales que la Comunidad Autónoma dicte en ejecución de las leyes estatales. 

2. Igualmente informará el Consejo de Estado los expedientes de revisión de oficio de actos declarativos de derechos en que se aprecie nulidad de pleno derecho o infracción manifiesta de las leyes. 

3. La petición de informes al Consejo de Estado será suscrita por el Presidente. 

Artículo 45. 

1. El control de constitucionalidad de las disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley corresponde al Tribunal Constitucional. 

2. El recurso de incostitucionalidad frente a disposiciones normativas con fuerza de ley que puedan afectar al ámbito propio de autonomía de la Comunidad, podrá interponerlo el Consejo de Gobierno y, en su caso, el Parlamento. 

Artículo 46. 

Sin perjuicio de la institución prevista en el artículo 54 de la Constitución y de la coordinación con la misma, una ley regulará la institución del Defensor del Pueblo, como comisionado del Parlamento, designado por éste, para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título 1 de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración autonómica, dando cuenta al Parlamento. 

TITULO III 

De la Administración de Justicia

Artículo 47. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente de la Junta de Andalucía ordenará la publicación de dicho nombramiento en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”. 

Artículo 48. 

1. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en su ámbito territorial y ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales, en los términos del artículo 152 de la Constitución y de acuerdo con el presente Estatuto. 

2. Se mantienen las Audiencias Territoriales de Granada y Sevilla, quedando formalmente integradas en la estructura y organización del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 49. 

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía se extiende: 

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión. 

b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión. 

c) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones Públicas en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

2. En las restantes materias se podrá interponer, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo, el recurso de casación o el que corresponda, según las Leyes del Estado y, en su caso, el de revisión. El Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de competencia entre los Tribunales de Andalucía y los del resto de España. 

Artículo 50. 

En todo caso, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: 

  1. Conocer de las responsabilidades que se indican en los artículos 26 y 40 de este Estatuto. 
  2. Entender de los recursos relacionados con los procesos electorales de la Comunidad Autónoma. 
  3. Resolver, en su caso, los conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad. 
  4. Resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía. 
  5. Resolver los conflictos de atribuciones entre Corporaciones Locales. 

Artículo 51. 

Los andaluces podrán participar en la administración de justicia, mediante la institución del Jurado, en los procesos penales que sustancien ante los Tribunales radicados en territorio andaluz, en los casos que la ley estatal determine. 

Artículo 52. 

En relación con la Administración de Justicia, exceptuada la jurisdicción militar, corresponde a la Comunidad Autónoma: 

  1. Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. 
  2. Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de Andalucía, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 53. 

1. La Comunidad Autónoma participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes en las notarías, registros de la propiedad y mercantil radicados en su territorio. 

2. Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles serán nombrados por la Junta de Andalucía de conformidad con las leyes del Estado y en igualdad de derechos, tanto si los aspirantes ejercen dentro o fuera de Andalucía. 

3. A instancia de la Junta de Andalucía, el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes en Andalucía de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restantes personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

4. Corresponde íntegramente al Estado, de conformidad con las leyes generales, la organización y el funcionamiento del Ministerio Fiscal. 

TITULO IV 

Economía y Hacienda 

Artículo 54. 

La Comunidad Autónoma andaluza contará para el desempeño de sus competencias con patrimonio y hacienda propios. 

Artículo 55. 

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma estará integrado por: 

  1. El patrimonio de la Comunidad en el momento de aprobarse el presente Estatuto. 
  2. Los bienes afectos a servicios traspasados a la Comunidad Autónoma. 
  3. Los bienes adquiridos por cualquier jurídico válido. 

2. El patrimonio de la Comunidad Autónoma, su administración, defensa y conservación serán regulados por una ley del Parlamento andaluz. 

Artículo 56. 

Constituye la hacienda de la Comunidad Autónoma: 

  1. El rendimiento de los impuestos establecidos por la Comunidad. 
  2. El rendimiento de los tributos cedidos por el Estado a que se refiere el artículo siguiente y todos aquellos cuya cesión sea aprobada por las Cortes Generales. 
  3. Un porcentaje de participación en los ingresos impositivos del Estado, incluidos los monopolios fiscales. 
  4. El rendimiento de sus propias tasas por aprovechamientos especiales y por la prestación e servicios directos por parte de la Comunidad Autónoma, sea de propia creación o como consecuencia de traspasos de servicios estatales. 
  5. Las contribuciones especiales que establezca la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias. 
  6. Los recargos sobre impuestos estatales. 
  7. La participación en el Fondo de Compensación Territorial. 
  8. Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
  9. Los recursos procedentes de la emisión de deuda y de operaciones de crédito. 
  10. Los rendimientos del patrimonio de la Comunidad Autónoma. 
  11. Los ingresos de derecho privado, legados, donaciones y subvenciones. 
  12. Las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 57. 

1. Se cede a la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el número 3 del presente artículo, el rendimiento de los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto. 

b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

d) La imposición general sobre las ventas en su fase minorista. 

e) Los impuestos sobre consumos específicos en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales. 

f) Las tasas y demás exacciones sobre el juego. La eventual supresión o modificación de alguno de estos tributos, implicará la extinción o modificación de la cesión. 

2. El contenido de este artículo se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de ley. A estos efectos, la modificación del presente artículo no se considerará modificación del Estatuto.

3. El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión Mixta mencionada en el apartado 2 de la Disposición transitoria sexta que, en todo caso, los referirá a rendimientos en Andalucía. El gobierno tramitará el acuerdo de la Comisión como proyecto de Ley, o, si concurrieran razones de urgencia, como Decreto-ley en el plazo de seis meses, a partir de la constitución de la primera Junta de Andalucía. 

Artículo 58. 

1. Cuando se complete el traspaso de servicios o al cumplirse el sexto año de la vigencia de este Estatuto, si la Comunidad Autónoma lo solicita, la participación anual en los ingresos del Estado citados en el número 3, del artículo 56, se negociará, teniendo en cuenta el principio de solidaridad interterritorial, sobre las siguientes bases: 

a) El coeficiente de población 

b) El coeficiente de esfuerzo fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

c) La cantidad equivalente a la aportación proporcional que corresponde a Andalucía por los servicios y cargas generales que el Estado continúe asumiendo como propios. 

d) La relación inversa de la renta real por habitante de la Comunidad Autónoma respecto a la del resto de España. 

e) La relación entre los índices de déficits en servicios sociales e infraestructuras que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma y al conjunto del Estado. 

f) La relación entre los costos por habitantes de los servicios sociales y administrativos transferidos para el territorio de la Comunidad Autónoma y para el conjunto del Estado. 

g) La tasa de emigración ponderada durante un período de tiempo determinado entre otros criterios que se estimen procedentes. 

2. El porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma podrá ser objeto de revisión en los siguientes supuestos: a) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma y que anteriormente realizase el Estado. b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos. c) Cuando transcurridos cinco años, después de la puesta en vigor, sea solicitada dicha revisión por el Estado o por la Comunidad Autónoma. d) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado. 

3. En cualquier caso, el porcentaje de participación se aprobará por ley. 

Artículo 59. 

Si de una reforma o modificación del sistema tributario estatal resultase una variación sensible de aquellos ingresos de la Comunidad Autónoma que dependen de los tributos estatales el Estado deberá adoptar, de acuerdo con la Comunidad Autónoma, las medidas de compensación oportunas. 

Artículo 60. 

1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus propios tributos corresponde a la Comunidad Autónoma, la cual dispondrá a tales efectos de plenas atribuciones, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la administración tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo. 

2. La Comunidad Autónoma asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los tributos cedidos por el Estado, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas administraciones y de acuerdo con lo especificado en la ley que regule la cesión. 

3. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión en su caso, de los demás tributos del Estado recaudados en Andalucía corresponderá a la administración tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Comunidad Autónoma pueda recibir de éste y de la colaboración que pueda establecerse entre ambos, cuando así lo exija la naturaleza del tributo. 

Artículo 61. 

La Comunidad Autónoma gozará del mismo tratamiento fiscal que la ley establezca para el Estado. 

Artículo 62. 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la tutela financiera de los Entes Locales, respetando la autonomía que a los mismos les reconocen los artículos 140 y 142 de la Constitución y de acuerdo con el artículo 13,3, del presente Estatuto. 

2. Es competencia de los Entes Locales la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus propios tributos, sin perjuicio de la delegación que de sus facultades puedan otorgar en favor de la Comunidad Autónoma. 

3. Mediante Ley de Cortes se establecerá el sistema de colaboración entre los Entes Locales, la Comunidad Autónoma y el Estado para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos que se determinen. 

4. Los ingresos de los Entes Locales consistentes en participaciones en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas se percibirán a través de la Comunidad Autónoma, que los distribuirá de acuerdo con los criterios legales establecidos para dichas participaciones. 

Artículo 63. 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y aplicación del presupuesto de la Comunidad Autónoma y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. 

2. El presupuesto será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma y de los organismos, instituciones y empresas de ella dependientes, habiendo de consignar expresamente los beneficios fiscales. 

Artículo 64. 

1. Corresponde al Parlamento la potestad de establecer los impuestos, tasas contribuciones especiales y exacciones no fiscales, así como la fijación de recargos. 

2. La potestad tributaria se ejercerá con arreglo a los principios constitucionales de igualdad, capacidad contributiva y progresividad. 

Artículo 65. 

1. La Comunidad Autónoma podrá emitir deuda pública para financiar gastos de inversión con arregle a una ley del Parlamento. 

2. El Volumen y las características de las emisiones se establecerán de acuerdo con la ordenación general de la política crediticia y en colaboración con el Estado. 

3. Los títulos emitidos tendrán la consideración de fondos públicos a todos los efectos. 

4. La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 14.4, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

5. La Comunidad Autónoma podrá realizar ciertas operaciones de crédito, por plazo superior a un año, cualquiera que sea la forma como se documente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el importe total del crédito sea destinado exclusivamente a la realización de gastos de inversión. b) Que el importe total de las anualidades de amortización por capital e intereses, no exceda del 25 por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 66. 

La Comunidad Autónoma queda facultada para constituir instituciones que fomenten el pleno empleo y el desarrollo económico y social en el marco de sus competencias. 

Artículo 67. 

La Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan las leyes del Estado, designará sus propios representantes en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado cuya competencia se extienda al territorio de Andalucía y que por su naturaleza no sean susceptibles de traspaso. 

Artículo 68. 

La Comunidad Autónoma podrá constituir empresas públicas para la ejecución de funciones de su competencias. 

Artículo 69. 

1. La Comunidad Autónoma, como poder público, podrá hacer uso de las facultades previstas en el artículo 130,1, de la Constitución y podrá fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. 

2. Asimismo, de acuerdo con la legislación del Estado en la materia, podrá hacer uso de las demás facultades previstas en el artículo 129,2, de la Constitución. 

Artículo 70. 

El control económico y presupuestario de la Comunidad Autónoma se ejercerá por el Tribunal de Cuentas, en los términos de la ley. 

Artículo 71. 

La planificación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía a que se refiere el artículo 18 del presente Estatuto se realizará con el asesoramiento y la colaboración de las Corporaciones Locales y de las organizaciones sindicales, empresariales y profesionales de Andalucía. 

TITULO V 

Relaciones con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas 

Artículo 72. 

1. En los supuestos, condiciones y requisitos que determine el Parlamento, la Comunidad Autónoma puede celebrar Convenios con otras Comunidades para la gestión y prestación conjunta de servicios propios de las mismas. 

2. La Comunidad Autónoma podrá celebrar Convenios con otras Comunidades para la gestión y prestación de servicios de actos de carácter cultural, especialmente dirigidos a los emigrantes de origen andaluz residentes en dichas Comunidades. 

3. El Parlamento comunicará a las Cortes Generales, a través del Presidente, la celebración, en su caso, de los Convenios previstos en los apartados anteriores, que entrará en vigor a los treinta días de tal comunicación. Si las Cortes Generales o alguna de las Cámaras formularan objeciones en dicho plazo, a partir de la recepción de la comunicación, el Convenio deberá seguir el trámite previsto en el número siguiente de este artículo. 

4. El Parlamento habrá de solicitar autorización de las Cortes Generales para concertar acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas. Compete al Parlamento determinar el alcance, la forma y el contenido de dichos acuerdos. 

5. La Comunidad Autónoma podrá solicitar del Gobierno que celebre y presente, en su caso, a las Cortes Generales, para su autorización, los tratados o convenios que permitan el establecimiento de relaciones culturales con los estados con los que mantengan particulares vínculos culturales o históricos. 

Artículo 73. 

Corresponde al Presidente la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en sus relaciones con el Estado y con las demás Comunidades Autónomas. 

TITULO VI 

Reforma del Estatuto 

Artículo 74. 

1. La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento: a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno o al Parlamento Andaluz, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Generales. b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento Andaluz por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces. 

2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento o por las Cortes Generales, o no es confirmada mediante referéndum del cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año. 

3. La Ley Orgánica que apruebe la reforma del Estatuto establecerá el plazo dentro del cual el Gobierno de la nación deberá autorizar la convocatoria de referéndum. 

Artículo 75. 

No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la reforma tuviera por objeto la simple alteración de la organización de los poderes de la Comunidad Autónoma y no afectara a las relaciones de ésta con el Estado, se podrá proceder de la siguiente manera: a) Elaboración del proyecto de reforma por el Parlamento de Andalucía. b) Consulta a las Cortes Generales. c) Si en el plazo de treinta días, a partir de la recepción de la consulta prevista en el apartado anterior, las Cortes Generales no se declarasen afectadas por la reforma, se convocará, debidamente autorizado, un referéndum sobre el texto propuesto. d) Se requerirá finalmente la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. e) Si en el plazo señalado en la letra c) las Cortes Generales se declarasen afectadas por la reforma, ésta habrá de seguir el procedimiento previsto en el artículo anterior, dándose por cumplidos los trámites del apartado a) del número 1 del mencionado artículo 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 

La ampliación de la Comunidad Autónoma a territorios históricos no integrados en otra Comunidad Autónoma se resolverá por las Cortes Generales, previo acuerdo de las partes interesadas y sin que ello suponga reforma del presente Estatuto, una vez que dichos territorios hayan vuelto a la soberanía española. 

Segunda 

1. Dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo. 

2. Los criterios, alcance y cuantía de dichas asignaciones excepcionales serán fijados para cada ejercicio por la Comisión Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma a que se hace referencia en el apartado 2 de la Disposición transitoria sexta. 

Tercera 

La Comunidad Autónoma andaluza podrá establecer con las ciudades de Ceuta y Melilla relaciones de especial colaboración. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a que este Estatuto se refiere y el Parlamento de Andalucía legisle sobre las materias de su competencia, continuarán en vigor las actuales leyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas materias, sin perjuicio de que su desarrollo legislativo, en su caso, y su ejecución, se lleven a cabo por la Comunidad Autónoma en los supuestos así previstos en este Estatuto. 

Segunda 

1. Constituido el Parlamento y designado el Gobierno de Andalucía, dentro del mes siguiente se designará una Comisión Mixta paritaria Gobierno-Junta que regulará el proceso, el tiempo y las condiciones del traspaso de las competencias propias de la Comunidad, conforme al presente Estatuto. Asimismo, determinará el traspaso de medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de tales competencias. Para la elaboración de las propuestas de traspasos a la Comisión Mixta podrán constituirse, como órganos de trabajo, Comisiones Sectoriales de transferencias. 

2. La Comisión se reunirá a petición del Gobierno o de la Junta, establecerá sus propias normas de funcionamiento y elevará sus acuerdo al Gobierno para su promulgación como Real Decreto. 

3. A la entrada en vigor del presente Estatuto se entenderán transferidas con carácter definitivo las competencias y recursos ya traspasados para esa fecha al Ente Preautonómico. 

4. Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por los traspasos a la Comunidad Autónoma pasarán a depender de ésta, siéndoles respetados todos los derechos de cualquier orden o naturaleza que les correspondan en el momento del traspaso, incluso el de participar en los concursos de traslados que convoque el Estado, en igualdad de condiciones con los restantes miembros de su cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera su derecho a permanente adopción. 

5. La transferencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía de bienes o derechos estará exenta de toda clase de cargas, gravámenes o derechos. 

6. Será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Junta de Andalucía la certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente publicados. Esta certificación deberá contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria. El cambio de titularidad en los contratos de arrendamiento de locales para oficinas públicas de los servicios ya asumidos por la Junta de Andalucía no se reputará traspaso y no dará derecho al arrendador a extinguir o renovar el contrato. 

Tercera 

1. El Estado otorgará en régimen de concesión a la Comunidad Autónoma la utilización de un tercer canal de televisión, de titularidad estatal, que debe crearse especificamente para su emisión en el territorio de Andalucía, en los términos que prevea la citada concesión. 

Hasta la puesta en funcionamiento efectivo de este nuevo canal de televisión, Radiotelevisión Española (RTVE) articulará, a través de su organización en Andalucía, un régimen transitorio de programación específica para la Comunidad Autónoma que se emitirá por la segunda cadena, garantizándose la cobertura de todo el territorio. 

2. El coste de la programación específica de televisión, a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá como base para la determinación, de la subvención que pudiera concederse a la Comunidad Autónoma durante los dos primeros años de funcionamiento del nuevo canal a que se refiere el apartado primero. 

Cuarta 

1. Promulgado el presente Estatuto, la actual Junta Preautonómica, de acuerdo con el Gobierno, convocará elecciones al Parlamento en el plazo de tres meses. Las elecciones deberán celebrarse en el término máximo de sesenta días desde su convocatoria, siendo de aplicación en este caso las normas vigentes para las elecciones al Congreso de los Diputados. No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4 apartado 2, letra a), del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo. 

2. De no estar constituido el Tribunal Superior de Justicia, los recursos electorales que pudieran plantearse serán resueltos por las Audiencias Territoriales de Granada o Sevilla, según el territorio donde aquellos se suscitaren. 

3. En las primeras elecciones al Parlamento se elegirán los siguientes Diputados: Almería, once; Huelva, once; Jaén, trece; Granada, trece; Córdoba, trece; Cádiz, quince; Málaga, quince, y Sevilla, dieciocho.

Quinta 

1. La actual Junta Preautonómica de Andalucía continuará en sus funciones hasta la elección de los órganos que hayan de sustituirla, de acuerdo con el presente Estatuto. 

2. Una vez proclamados los resultados de las elecciones y en un término máximo de quince días, el Parlamento de Andalucía se constituirá bajo una Mesa de edad integrada por un Presidente y dos Secretarios, procederá inmediatamente a elegir la Mesa provisional, que estará compuesta por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, siendo aplicable con carácter supletorio el Reglamento del Congreso de los Diputados. 

Sexta 

1. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias atribuidas a la Comunidad por el presente Estatuto, el Estado garantizará la financiación de los servicios transferidos con una cantidad mínima equivalente al coste efectivo del servicio en Andalucía en el momento de la transferencia. 

2. Para garantizar la financiación de los servicios referidos, se crea una Comisión Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto en el artículo 58, 3. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos como los costes indirectos de los servicios, así como los gastos de inversión suficientes para atender las necesidades de la Comunidad Andaluza con objeto de que alcance, al menos, la cobertura media nacional. 

3. La Comisión Mixta fijará el citado porcentaje, mientras dure el período transitorio, con una antelación mínima de un mes a la presentación en las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado. 

4. A partir del método fijado en el apartado segundo, se establecerá un porcentaje en el que se considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado minorado por el total de la recaudación obtenida por la Comunidad Autónoma por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado por impuestos directos e indirectos en el último presupuesto anterior a la transferencia de los servicios valorados. 

5. Durante el período transitorio contemplado en dicha disposición, serán de aplicación las asignaciones complementarias previstas en la Disposición Adicional segunda. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, quedando derogado el Real Decreto ley 11/1978, de 27 de abril, y las disposiciones generales o particulares que desarrollan el régimen preautonómico. 

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar la Ley Orgánica. 

Baqueira Beret, a 30 de diciembre de 1981 

JUAN CARLOS R. 

Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo, Presidente del Gobierno 

ESMERALDAS, POR AUTONOMÍA TOTAL

Hoy, 2 de noviembre del 2000

Esmeraldas quiere ser provincia autónoma. Ayer, el prefecto roldosista Homero López, presentó la solicitud para que el Tribunal Electoral prepare la consulta electoral.
El organismo electoral tiene 53 días de plazo para fijar la fecha del proceso. 

De acuerdo a este procedimiento, el plebiscito se realizará entre el 17 ó 18 de diciembre de 2000. “Este es un acto de mucha importancia para Esmeraldas en donde definiremos cívicamente nuestra ruta provincial”, dijo López. Las preguntas pretenden que los organismos seccionales esmeraldeños manejen el 70% de las rentas que produce la provincia. El pliego tiene seis preguntas. 

La primera dispone que Esmeraldas, en ejercicio de sus derechos de autodeterminación, adopte un régimen de autonomía, en lo político, económico, administrativo, judicial y de control y fiscalización. La segunda exige el reconocimiento de la autonomía de los cantones; la tercera determina que el Gobierno y el Congreso de la República deleguen a las Municipalidades de Esmeraldas y al organismo provincial que administre el régimen de autonomía, la facultad de recaudar y distribuir los tributos nacionales e ingresos fiscales que se generen en Esmeraldas, de los que se entregará el 30% al Gobierno Nacional.

La cuarta pretende que la prevención y el combate de la corrupción judicial, política, económica y administrativa sea el principal objetivo de la autonomía esmeraldeña; la quinta determina que las utilidades que genera la refinería que funciona en Esmeraldas el 10% queden en beneficio de los organismos seccionales de la provincia y la sexta espera que el Congreso Nacional y el Gobierno Nacional, acogiendo el mandato de los esmeraldeños, concluyan la reforma a la Constitución Política y leyes pertinentes, en el plazo de seis meses para que se perfeccione jurídicamente esta autonomía. (AM)


EL MECANISMO

  • El Tribunal Electoral de Esmeraldas se declaró en sesión permanente por ocho días, luego de lo cual convocará a la consulta, que se realizará dentro de los 45 días siguientes, dijo Carlos Estupiñán, titular del organismo electoral. 
  • En la provincia de Esmeraldas habitan 350 mil personas. Se informó que 180 mil habitantes pueden sufragar en la consulta. (AM).

CONSTITUCIONES Y CENTRALISMO

La Constitución de 1843 rezaba en su artículo 1.El territorio de la República del Ecuador, compuesta de los distritos de Quito, Guayas y el Azuay, bajo la base de igualdad de representación. Los Gobernadores con dictamen del Consejo provincial y en observancia de las leyes vigentes podrán expedir, y hacer ejecutar decretos: 1º sobre fomento de la educación primaria, y secundaria; 2º sobre policía, régimen municipal y sus rentas; 3º sobre facilitar y mejorar las vías de comunicación por tierra y por agua; y 4º sobre los demás objetos que les atribuya la ley. Si esos principios adoptados hace 155 años se hubiesen desarrollado y mantenido vigentes, no existiría hoy el enorme abismo regional que mantiene a la república bajo el imperio de un coloniaje central. 

Cien años después, en la Constitución de 1946 se crean los Consejo Provincial, y se determina que para la distribución de los egresos fiscales en los servicios y obras públicas especiales de las Provincias, se tomarán en cuenta sus necesidades, la capacidad productora, y la distribución de todas y cada una de ellas.

En 1967, bajo las influencias del marxismo, se centraliza la planificación, se habla de los planes plurianuales y se crea la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, ahora conocida como CONADE.

En 1979, hace 20 años, se habla constitucionalmente de la descentralización administrativa y la desconcentración nacional. 

En las reformas constitucionales de enero de 1996 se define al Ecuador como un Estado soberano, independiente, democrático, unitario descentralizado. Dispone además que para hacer efectiva la autonomía económica, sin perjuicio de otros recursos que se asignan a los gobiernos seccionales autónomos, destínase el 15 por ciento del presupuesto del Gobierno Central en beneficio de los consejos provinciales y municipios del país; y será distribuido conforme a la Ley, basándose en planes de inversión tanto provinciales como municipales; y, finalmente se dispone que la Función Ejecutiva dentro de los primeros 90 días de cada año informará documentadamente al Congreso Nacional sobre la liquidación presupuestaria, del ejercicio fiscal inmediato anterior, desglosada por provincias y sectores.

En 1998 la Asamblea Nacional inicia las contra reformas y la inteligencia centralista pone un freno Constitucional a los avances logrados en 1996. Define al Ecuador como un estado ya no descentralizado, sino de administración descentralizada. Sutil diferencia, que se complementa cuando dispone que el gobierno central podrátransferir progresivamentefunciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional y no podrá haber transferencia de competencias sin transferencia de recursos equivalentes, ni transferencia de recursos, sin la de competencias. 

Se dispone que las  asignaciones a los organismos del régimen seccional autónomono podrán ser inferiores al quince por ciento de los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central, eliminándose aquello del sin perjuicio de los otros recursos que se asignen. Finalmente se elimina la obligación que tenía el Ejecutivode presentar un informe de la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior desglosada por provincias y sectores. Está por demás decirles que las en las liquidaciones presupuestarias y no en los presupuestos es donde se guarda con siete candados la verdadera distribución de la renta nacional bajo el poder de una subsecretaria de presupuesto que siempre es manejada con un bajo perfil. 

Finalmente, una disposición transitoria, la trigésima segunda, dispone poéticamente, que para hacer efectivas la descentralización y la desconcentración, el gobierno nacional elaborará un plan anual e informará al Congreso sobre su ejecución.  Cumplidos los primeros nueve meses de gobierno de Jamil, y transcurridos cinco meses del año 1999, el gobierno no ha presentado ante el Congreso ningún plan de descentralización para ese año, y lo que es peor, el Congreso no se lo ha demandado.

Una lástima que la Asamblea Nacional haya caído bajo el manejo de la inteligencia centralista, y que los asambleístas de esta provincia no hayan entendido la verdad escondida en el texto constitucional.

ELOGIO A GUAYAQUIL – RAFAEL MATA 1894

Y para finalizar este capitulo y como un elogio a Guayaquil de parte de un ecuatoriano tenemos este discurso de Rafael M. Mata, Subsecretario de Hacienda en 1894:

“Lo digo sin ambages: lo que Guayaquil tiene se lo debe todo a si mismo, y allí está siempre benévolo para toda la familia ecuatoriana…Antes que quiteño, soy ecuatoriano,… La República le debe en mucho a Guayaquil, su vida, su prosperidad, su bienestar, y yo le debo lo poco que soy. En sus playas hospitalarias he aprendido a amar con todo el calor de su clima tropical, la Democracia en acción, la libertad en el Derecho.

Guayaquil,, más que otro cualquiera pueblo del Ecuador, puede ufanarse de los progresos realizados con su emancipación. Es la capital comercial de la  República y su centro de actividad y de riqueza; es la primera plaza militar, es la más hermosa Perla del Pacífico. Allí está todo en grande escala: el Municipio con rentas que, en proporción, no las tiene ningún otro del mundo; la Prensa en que he trabajado y evidenciado su influencia portentosa, era Prensa que por sí sola es el  verbo inspirado del patriotismo y de la civilización entre nosostros; su Beneficencia Pública, que tiene por miembros a todos los habitantes de Guayaquil, desde el banquero millonario hasta el modesto menestral; la Agricultura, la industrial fabril, las Bellas Artes, todas se desarrollan allí de un modo prodigioso. Guayaquil parece un pueblo yankee trasladado a los antiguos dominios de la raza hispana. Todo se mueve y todo crece; todo hace sentir allí las íntimas, inefables, fruiciones de la Libertad.

Pueblo laborioso y pacifico; pueblo culto y afable; patriota sin petulancia; piadoso sin fanatismo discreto sin hipocresía; pueblo grande; bien lo merece todo lo que es y lo que será mas tarde en la vida nacional.”64

Tomado de Guía Histórica de Guayaquil de julio Estrada Ycaza. Tomo 1. Pagina 185 – 186.