APRENDIENDO A MORIR

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La vida sigue su curso sin que nosotros podamos intervenir lo suficiente. El destino está trazado y sin duda que unos gozan de mejores circunstancias que otros. Las mías han sido las que narro en mi biografía ¡Valió la pena?, que la inicié en enero del 2010. Para esa época estaba convencido que la cita con la muerte estaba cercana pues me la había presupuestado para alcanzar 72 años, los mismos que vivió mi abuelo, personaje muy influyente en mi vida. Ocurrencias pero tenía la sensación que había que trazar un itinerario  Mi mala salud de hierro hizo que 9 años más arde sienta la necesidad de actualizar esta página, pues tanto como la tecnología como otros eventos habían retorcido mi destino a su antojo. Ahora acabo de cumplir los 78, y me ha visitado el cáncer nuevamente. La remisión duro 13 años.




Mi plan actual es rediseñar la presentación electrónica de mi vida para que sirva de notificación de mi partida. Alguien enviará un correo a mis amigos, y personas señaladas de que he partido para siempre., sabiendo que no muchos seguirán el contenido, pero si que a mí me ha complacido compartirlo y prolongar mi agonía hasta que ya nadie, verdaderamente nadie, me recuerde. Será un indicativo que mis redes sociales se cierran o al menos queden quietas para siempre.

Nací un 4 de agosto de 1941 La portada de los periódicos se ocupaban de los problemas de frontera entre Ecuador y Perú, y la 2da.Guerra Mundial en curso. No había Internet y las noticias era lentas. La página mortuoria ocupaba grandes espacios en la prensa escrita. Tampoco había televisión y la radio era de muy frecuente uso en las poblaciones donde la electricidad llegaba que todavía no eran muchas. Nací en Quito en la calle Carrión (Jerónimo) número 442. En plena Mariscal y frente a frente a la casa de Augusto Pinochet  cuando el futuro dictador se radicó en Quito en ejercicio de sus funciones militares. Ya para 1953 salía de Colegio Borja 2, muy cercano a mi casa para ir al Colegio San Gabriel, en bus por supuesto, que hasta el 1959 estaba en el centro de la ciudad. Ese año me gradúe de bachiller y mi tesis de grado fue sobre Georges Bernard Shaw, personaje inolvidable porque me condujo y reafirmó en eso de ser directo y crudo. Culminada esa etapa me tocó ingresar a la Pontificia Universidad Católica a estudiar leyes. Ser abogado no era una opción que me convencía. Ya en las pocas practicas que tuve me encontré con eso de que las leyes son resbalosas como el pez en el agua. Para pagar mis estudios trabajé  como vendedor de traje, en la almacén Lanafit, y luego en Revlon que las damas compraban para retocar su rostro. Quería mis ahorros para salir del país, sea por sueño o quimera. Mi hermano Tony, mayor  con un año, murió trágicamente, a sus 21 primaveras y eso desbarató mi habitad familiar y mi ánimo. El tema de la muerte se me incrustó para siempre.




De pronto me encontré en Madrid becado por Cultura Hispánica. Me ayudó mi Licenciatura que la obtuve prematuramente, pues la culminé apenas terminé mi cuarto año de leyes. Dos después y ya graduado de Doctor  llego a dar el brinco para salir de Quito, y no regresar jamás a establecer en esa ciudad bella pero lenta y burocrática y no muy cómoda para la salud que me apretaba.

Universidad Complutense,  y Derecho Administrativo. En Madrid se pasa lindo y viví la parte blanda del franquismo. No perder el tiempo y aprendí francés para adquirir mi segunda beca, en Nancy Francia. La tesis trató sobre unificación europea. Me atacó la mala salud nuevamente, pasé hospitalizado dos meses, pero culminé mi trabajo académico. Podía extender la beca, pero no me sentía seguro físicamente. Regresé a Quito, y nuevos tropiezos de salud me pillaron en Guayaquil, ciudad donde radiqué el resto de mi vida. O me hacía burócrata en Quito, u optaba por entrar al sector privado. Así lo hice por 43 años. Empresario de la noche a la mañana  y piloteando una empresa grande. Me jubilé y escribí mi biografía que está publicada en las redes y en libros físicos de los cuales guarde unas docenas  para que estén presentes el día de mi entierro a la mano de quien lo quisiese. Ese morbo con la muerte siempre me acompañó, pues finalmente 36 operaciones quirúrgicas con sus respectivas anestesias generales, te dan un entrenamiento para encontrarte con la nada. Amé, fui amado, alcancé un buen nivel económico. Me casé con Patrizia a mis 37 años, italiana que renunció a Roma por Guayaquil.

Esas son las rarezas y antojos del destino. Ricardo mi hijo se ha instalado en EEUU, y Alexandra en Chile. Ella me ha dado dos nietos, aun muy pequeños. Una casa inmensa donde paso mi En  espera de la muerte. Un cáncer me acecha y una insuficiencia renal me mantiene atado en diálisis que es algo muy pesado en cuanto a limitaciones y ganas de emprendimientos.

Que en los 43 años pasaron cosas y eventos, y estas no caben en esta introducción a la nueva presentación de mi blog. El contenido de mis dos libros, dos obras de teatro, mi actividad en la política durante 8 años en la concejalía acompañando a León Febres Cordero, los pasos por las Cámaras de Comercio y luego por de Industrias de Guayaquil, la iniciativa de revivir la Junta Cívica, de la que fui fundador y ahora nuevamente enterrada por el protagonismo de pendejos figurativos. Durante 12 de esos años fui Gerente del diario El Telégrafo y columnista agresivo. Mil doscientas columnas puntualmente entregadas para publicarse los jueves y domingos. Un resumen de esos escritos los recopilé en un libro “Al Desnudo” y también deberían encontrarlo en esta blog. Amigos de primera y enemigos poderosos, entre caídas y recuperaciones de salud y otras aventuras de las que dejo constancia en ¿Valió la Pena?, aquella biografía que está colgada en este mundo informático, y al alcance de cualquier curioso que entre a mi página HenryRaad.com. me abrevia el trabajo de poner un resumen amplio de mis aventuras.  Sí, ahora como novedad incluyo una Fototeca, 500 fotos animadas con los personajes que se cruzaron en mi destino. Agradezco a Diana Varas, autora y arquitecta de este trabajo informático llevándole a un estilo vistoso y agradable.. Ella reformó totalmente la plataforma y aproveché para modificar o crear contenidos. Besos a todos los que se hayan interesado en gastar unos minutos curioseando el que hacer de una vida de azares, tal como sucede con cada uno  de uno de los 120 mil millones de humanos que han pasado por este planeta Tierra.

LEY QUE OTORGA, A TRAVÉS DE DONACIONES VOLUNTARIAS, PARTICIPACIÓN EN EL IMPUESTO A LA RENTA A LOS MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES DEL PAÍS

Publicado:

REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Año III-Quito, lunes 02 de diciembre del 2002 No. 716

Administración del Sr.  Dr. Gustavo Noboa Bejarano

Presidente Constitucional de la República

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ 

DIRECTOR 

SUMARIO

2002-92           Ley que otorga, a través de donaciones voluntarias, participación en el impuesto a la renta a los municipios y consejos provinciales del país 

CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el 15 de octubre de 1997 se publicó en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 173 la Ley No. 26 de Deducción del Impuesto a la Renta a las personas naturales o jurídicas que hagan donaciones y subvenciones a la Fundación Malecón 2000, ley que dispone que tales donaciones y subvenciones a favor de la Fundación Malecón 2000, destinadas a financiar exclusivamente el proyecto de ampliación, construcción, restauración, administración y mantenimiento del Malecón sobre el Río Guayas de la ciudad de Guayaquil, podrán ser deducidas anualmente, hasta en un 25% del monto del Impuesto a la Renta causado que los donantes deban como contribuyentes por las utilidades que obtengan de los ejercicios económicos de los años 1997 al 2002, inclusive;

Que el derecho de tales deducciones, por medio de la expedición de la Ley No. 2001-48, publicada en el Registro Oficial No. 436 de 19 de octubre del 2001, se extendió a las personas naturales o jurídicas que hagan donaciones y subvenciones a la institución antes citada, para, la ampliación, construcción, restauración, administración y mantenimiento del Malecón sobre el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil y del Museo Naval de la Armada Nacional;

Que el 14 de mayo del 2001 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 325 la Ley de Reforma Tributaria, en cuya Disposición Transitoria Cuarta se establece que las personas naturales y jurídicas podrán voluntariamente realizar donaciones y subvenciones a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, destinadas a financiar exclusivamente los proyectos de protección y preservación del medio ambiente, forestación, adquisición de tierras, construcción, adecuación, ampliación, restauración, administración y mantenimientos de los parques centrales Metropolitano, Itchimbía, y Parque del Sur, las cuales podrán ser deducidas anualmente, hasta en un 25% del monto del Impuesto a la Renta causado, que los donantes deban como contribuyentes por las utilidades que obtengan de los ejercicios económicos de los años 2001 al 2005, inclusive;

Que el progreso y la indisoluble unidad de la Nación ecuatoriana tiene en la autonomía y gestión municipales un verdadero soporte, en tanto los Municipios procuran el bien común local a través del bienestar material de la colectividad y la contribución al fomento y protección de los intereses locales, conforme se desprende del artículo 12 de la Ley del Régimen Municipal;

Que tan nobles propósitos en aras del desarrollo de todos los pueblos obligan al Gobierno Nacional del Ecuador a una actitud de complementación, traducida en el apoyo irrestricto a la autonomía y gestión municipales;

Que uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano es impulsar el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo, conforme lo prescribe el articulo 3 numeral cuatro de la Constitución Política de la República;

Que según nuestra Carta Suprema uno de los objetivos permanentes de la economía es “El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable y democráticamente participativo”, acorde a lo previsto en el numeral 1 del artículo 243 de la misma;

Que en función de lo anterior es fundamental extender el régimen jurídico sobre los beneficios ya citados, a todas las municipalidades del país; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY QUE OTORGA, A TRAVES DE DONACIONES VOLUNTARIAS, PARTICIPACION EN EL IMPUESTO A LA RENTA A LOS MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES DEL PAIS

Art. 1.- DONACIONES Y CONTROL.- Las personas naturales y jurídicas, excepto las empresas públicas, podrán donar hasta el 25% de su impuesto a la renta causado en un ejercicio económico, a favor del o los municipios o consejos provinciales del país, con el propósito exclusivo de financiar obras públicas, que hayan sido calificadas, con anterioridad a la donación, como de interés mayoritario de la comunidad, por el Concejo Municipal o Consejo Provincial beneficiario de la donación.

Se limita al 25% del 100% del impuesto a la renta causado en un ejercicio económico el monto máximo que un contribuyente puede donar.

El producto de las donaciones del 25% del Impuesto a la Renta, no podrá destinarse a gasto corriente, por lo que es prohibido imputarlo al pago de remuneraciones, viáticos, honorarios y gastos de viaje bienes y servicios de consumo para inversión, transferencias para inversión o activos de larga duración. De ser necesarios estos gastos para ejecutar obras públicas financiadas con donaciones del impuesto a la renta, deberán cubrirse con cargo a los otros ingresos de la institución.

Art. 2.- Del porcentaje total de la donación, el 65% será transferido al municipio o a los municipios o al consejo provincial o a los consejos provinciales que el donante así lo señale. Del 35% restante constituirá un fondo que será distribuido y transferido a los restantes municipios y consejos provinciales en los términos que establece la Constitución Política de la República, excepto para los municipios de Quito y Guayaquil; y, para los consejos provinciales de Pichincha y Guayas.

Los recursos a los que hace referencia este artículo estarán sujetos a los propósitos y limitaciones establecidos en el artículo 1 de esta ley.

Art. 3.- PERIODO DE LAS DONACIONES.- Las donaciones establecidas en la presente ley se podrán realizar hasta 30 días antes del día en que corresponda a los contribuyentes realizar la correspondiente declaración anual del impuesto a la renta.

La mora en el pago de los anticipos o en la presentación de las declaraciones del impuesto a la renta, no afectará el derecho de las entidades beneficiarias de las donaciones. El Servicio de Rentas Internas efectuará la liquidación de los pagos y declaraciones tardías, dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se hayan efectuado, y comunicará de inmediato al Ministerio de Economía y Finanzas para que efectúe la transferencia a favor del beneficiario.

Art. 4.- LIQUIDACION Y PAGO.- El Servicio de Rentas Internas dentro de los 15 días posteriores a los meses en que deben efectuarse los pagos de los anticipos del impuesto a la renta y/o las declaraciones respectivas, deberá efectuar las liquidaciones que corresponden para determinar el valor que se debe transferir• a los beneficiarios de las donaciones y notificará al Ministerio de Economía y Finanzas para que de inmediato efectúe la transferencia de fondos a los beneficia­rios, en forma automática y sin ningún trámite administrativo.

Art. 5.- MECANISMOS PARA LAS DONACIONES.- Los contribuyentes expresarán su decisión de realizar donaciones a uno o varios de los municipios o consejos provinciales del país hasta el total del porcentaje previsto por el articulo 1 de esta ley, a través de una carta o comunicación dirigida al Servicio de Rentas Internas, con copia al o a los respectivos beneficiarios; incluso a través de los mecanismos establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. En todo caso los procedimientos y mecanismos para la donación se ajustarán a lo previsto en el articulo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en las correspondientes normas de su Reglamento y en las que para el efecto defina el Servicio de Rentas Internas, SRI.

Art. 6.- CUENTAS ESPECIALES.- Los recursos que obtengan los municipios y consejos provinciales por la aplicación de la presente ley se depositarán, el 65% al que hace referencia el artículo 2 de esta ley, en una cuenta corriente especial en el Banco Central del Ecuador, denominada “Ley de Participación en el Impuesto a la Renta”, y el restante 35%, en otra cuenta denominada “Fondo de Participación Municipal y Provincial” igualmente abierta en el Banco Central del Ecuador, contra las cuales podrán girarse exclusivamente para pagar el valor de los contratos de obra pública o de otra modalidad jurídica para asegurar la utilización de dichos recursos para los fines previstos en la presente ley.

En ningún caso los recursos obtenidos por la aplicación de la presente ley serán imputables a otros ingresos de dichos organismos nacidos en otras leyes.

Art. 7.- PUBLICACIONES.- Hasta el 31 de marzo de cada año, las entidades que hubieren recibido donaciones con cargo al impuesto a la renta del donante, rendirán cuentas del uso y empleo de los valores recibidos, mediante la publicación en un medio de comunicación impreso de mayor circulación en su jurisdicción, de la siguiente información:

a)  Nombre de los donantes y monto individualizado de la donación, domicilio fiscal del donante;

b)  Breve descripción de cada obra ejecutada y concluida en el año al que se refiera el informe, costo total, nombre de el o los contratistas, valor de el o los contratos;

c)  Breve descripción individualizada de las obras en ejecución no terminadas en el período que cubre el infor­me, porcentaje ejecutado, valores desembolsados, nombre de el o los contratistas, valor de el o los contratos; y,

d)  Valor total recibido en el año, valor gastado, saldo para el siguiente ejercicio.

El incumplimiento de esta norma, será causa suficiente para que el Servicio de Rentas Internas, terminado un período de gracia de 15 días, suspenda la transferencia de los fondos provenientes de las donaciones realizadas en virtud de esta ley, hasta cuando la publicación sea hecha.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El Distrito Metropolitano de Quito podrá también destinar para los fines establecidos en el artículo 1 de la presente ley los recursos que obtiene de la aplicación de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Tributaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo del 2001, a partir de la expedición de la presente ley.

El I. Municipio de Quito tendrá derecho a beneficiarse exclusivamente de las donaciones a las que hace referencia la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Tributaria anotada.

Segunda.- Las donaciones que se efectúen en beneficio del Distrito Metropolitano de Quito por la aplicación la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Tributaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo del 2001, no estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el artículo 2 de esta ley.

Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador a los trece días del mes de noviembre del año dos mil dos.

f.) H. José Cordero Acosta, Presidente.

f.) Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General.

Palacio Nacional, en Quito, a veinte y uno de noviembre del dos mil dos.

PROMULGUESE.

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.

ESTATUROS AUTONÓMICOS DEL GUAYAS – PROYECTO DE RAFAEL CUESTA

Publicado:

Estimados Autonomistas: Les envío cómo aporte inicial para la elaboración de los estatutos de Guayas un texto de estatutos que me ha costado algunos días de trabajo poder realizar. Falta incluir algunos capítulos relacionados con nuestra Constitución y comparar algunos proyectos cómo el del Conam y el mío propio presentado en la Asamblea en 1998. Es tan sólo un inicio para que empiecen a romperse un poco la cabeza. Saludos
RCC 


TÍTULO PRELIMINAR.

Artículo 1.

La Provincia Autónoma de Guayas, en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido constitucionalmente, accede a su autogobierno de conformidad con la Constitución del Ecuador y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. 

La Junta y el Consejo de Gobierno de la Provincia Autónoma de Guayas son  las instituciones en las que se organiza política y jurídicamente el autogobierno de la Provincia, dentro de la indisoluble unidad de Ecuador patria común e indivisible de todos los ecuatorianos.

La Junta y el Consejo de Gobierno tienen plena personería jurídica en los términos que establece la Constitución y con arreglo al presente Estatuto.

Los poderes de la Junta de la Provincia y del Consejo de Gobierno Autónomo emanan de la Constitución, del pueblo y del presente Estatuto.

Artículo 2.

El territorio de la Provincia de Guayas corresponde al de los municipios que integran los cantones Baquerizo Moreno (Jujan) Balao, Balzar, Colimes, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, Elizalde (Bucay), Guayaquil, Isidro Ayora, Libertad, Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Salinas, Salitre, Samborondón, Santa Elena, Santa Lucía, Simón Bolívar, Villamil (Playas), Yaguachi.

La Ley regulará la organización territorial propia de la provincia sobre la base, en todo caso, del mantenimiento de la actual demarcación provincial y cantonal.

Artículo 3.

A los efectos del presente Estatuto gozan de la condición política de ciudadanos de Guayas los que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la provincia.

Gozarán también de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ecuatorianos residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la provincia y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de Ecuador.

Igualmente gozarán de tales derechos sus descendientes si así lo solicitan, siempre que figuren inscritos como ecuatorianos en la forma que determine la Ley.

Artículo 4.

Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los ciudadanos de Guayas son los establecidos en la Constitución.

Corresponde a los poderes públicos provinciales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la  provincia.

La Junta de la Provincia y el Consejo de Gobierno propiciarán la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.

Para todo ello, la Junta de la Provincia y el Consejo de Gobierno ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos:

La superación de los desequilibrios existentes entre los diversos territorios del Estado, en efectivo cumplimiento del principio constitucional de solidaridad.

La consecución del pleno empleo en todos los sectores de la producción y la especial garantía de puestos de trabajo para las jóvenes generaciones.

El aprovechamiento y la potenciación de los recursos económicos de Guayas y, en especial, de su agricultura, ganadería, minería, industria y turismo, la promoción de la inversión pública y privada, así como la justa redistribución de la riqueza y la renta.

El acceso de todos los ciudadanos de la Provincia a los niveles educativos y culturales que les permitan su realización cultural y social.

La superación de las actuales condiciones económicas y sociales de nuestra Provincia,  que condicionan el actual nivel de emigración, así como crear las condiciones necesarias que hagan posible el retorno de los emigrantes.

El fomento de la calidad de vida, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente y el desarrollo de los equipamientos sociales, con especial atención al medio rural.

La protección y realce del paisaje y del patrimonio histórico y artístico.

La realización de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos entre todos los ciudadanos de la provincia.

Artículo 5.

La bandera de la Provincia se compone de un rectángulo dividido horizontalmente en tres franjas iguales: la primera, de color celeste, la segunda de color blanco con 28 estrellas plateadas y, la tercera de color celeste.

La bandera de la Provincia ondeará en los edificios públicos de titularidad provincial o municipal, y figurará al lado de la bandera de Ecuador, que ostentará lugar preeminente: también podrá figurar la representativa de los cantones.

La Provincia de Guayas tendrá escudo e himno propios. La Ley  determinará el escudo y el himno de la Provincia.

Los cantones, parroquias y comunas de la provincia conservarán sus banderas, escudos y emblemas tradicionales.

Artículo 6.

La Ley  fijará la sede de las instituciones provinciales.

TÍTULO  I.
DE LAS INSTITUCIONES DE LA PROVINCIA AUTÓNOMA DE GUAYAS

Artículo 7.

Los poderes de la Provincia se ejercen a través de la Junta de la Provincia de Guayas y el Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO I.
DE LA JUNTA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS

Artículo 8.

La Junta de la Provincia de Guayas representa al pueblo de la provincia.

Compete a la Junta de la Provincia de Guayas: 

a) Ejercer la potestad legislativa de la Provincia; la Junta sólo podrá delegar esta potestad en el Consejo de Gobierno, en el marco de lo establecido en el presente Estatuto.

b) Controlar la acción ejecutiva del Consejo de Gobierno, aprobar los presupuestos y ejercer las otras competencias que sean atribuidas por la Constitución, por el presente Estatuto y por las demás normas del ordenamiento jurídico.

c) Establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y las correspondientes leyes del Estado.

d) Aprobar los convenios que acuerde el Consejo de Gobierno con otras Provincias o Regiones Autónomas en los términos establecidos en la Constitución.

f) Elegir, de entre sus miembros, al Presidente de la Junta de la Provincia, en la forma prevista en el presente Estatuto.

g) Exigir, en su caso, responsabilidad política al Consejo de Gobierno y a su Presidente en los términos establecidos por el presente Estatuto.

h) Solicitar del Gobierno de la Nación la aprobación de proyectos de Ley y presentar ante  el Congreso Nacional proyectos de Ley en beneficio de la Provincia.

i) Interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en los términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

j) Examinar y aprobar las cuentas generales de la Junta de la Provincia sin perjuicio de las funciones que correspondan a la Contraloría General del Estado.

La Junta de la Provincia de Guayas es inviolable.

Artículo 9.

Los Representantes de la Junta de la Provincia de Guayas serán elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma prevista en el presente Estatuto. 

Los Representantes de la Junta de la Provincia de Guayas no estarán sujetos a mandato imperativo alguno.

La Junta de la Provincia de Guayas será elegida por un plazo de cuatro años de acuerdo con un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio de la provincia. Las elecciones serán convocadas por el Presidente del Consejo de Gobierno en los términos previstos por la Ley que regule el régimen electoral general, de manera que se realicen en la fecha dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones nacionales.

La circunscripción electoral es la provincia dividida en distritos de 50.000 (cincuenta mil) habitantes. La Junta estará constituida por un mínimo de  39 Representantes y un máximo de 49. 

La Ley de la Junta de la Provincia de Guayas, en el marco del presente Estatuto, determinará los plazos y regulará el procedimiento para la elección de sus miembros y la atribución de escaños fijando su número y las causas de in elegibilidad e incompatibilidad que afecten a los puestos o cargos que se desempeñen dentro del ámbito territorial de la Provincia Autónoma.

Los miembros de la Junta de la Provincia de Guayas gozarán de inviolabilidad, aun después de cesar en su mandato, por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de la Provincia, sino en caso de flagrante delito. Corresponderá decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio a la  Corte Superior de Justicia de la Provincia. 

Los Representantes cesarán:

a) Por cumplimiento del término de su mandato.

b) Por dimisión.

c) Por fallecimiento.

d) Por cualquier otra causa prevista en las Leyes Provinciales o en el Reglamento de las Junta de la Provincia de Guayas.

Producida la vacante, será cubierta en los términos previstos en la Ley a que hace referencia el párrafo tercero del apartado 2 del presente artículo.

Artículo 10.

La Junta de la Provincia de Guayas elegirá de entre sus miembros un Presidente y los demás integrantes de la mesa directiva de conformidad con su propio Reglamento.

La Junta de la Provincia de Guayas fijará su presupuesto.

La Junta funcionará en Pleno y en Comisiones y se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios de sesiones serán los que establezca su Reglamento. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente de La Junta de la Provincia de Guayas, por el Presidente del Consejo de Gobierno con especificación del orden del día o a petición de una quinta parte de los Diputados y se clausurará al agotar el orden del día para el que fueran convocadas. 

La Junta podrá nombrar, según determine el Reglamento, Comisiones de investigación y sobre cualquier asunto de interés para la provincia.

Las sesiones de la Junta serán públicas, salvo acuerdo en contrario de la misma adoptado por mayoría o con arreglo al Reglamento.

Artículo 11.

La iniciativa legislativa corresponde a los Representantes  y al Consejo de Gobierno a través de su Presidente. Por Ley de La Junta de la Provincia de Guayas se regulará el ejercicio de la iniciativa legislativa popular.

Las leyes provinciales serán promulgadas, en nombre de la República y la Provincia, por el Presidente del Consejo de Gobierno y publicadas en el Diario Oficial de la provincia y en el Registro Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la provincia.

El control de la constitucionalidad de las leyes provinciales corresponderá al Tribunal Constitucional en los términos previstos en la Constitución y su Ley Orgánica.

CAPÍTULO II.
DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y DE SU PRESIDENTE

Artículo 12.

El Consejo de Gobierno, órgano ejecutivo de la provincia, dirige la acción política y administrativa provincial, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de la Constitución, del presente Estatuto, de las Leyes del Estado y de las Leyes provinciales.

El Consejo de Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de los Consejeros. La Junta de la Provincia de Guayas, aprobará una Ley del Gobierno.  El Consejo de Gobierno responde políticamente ante la Junta de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa del Presidente y de cada Consejero por su gestión. 

Artículo 13.

El Presidente del Consejo de Gobierno, dirige las funciones del Poder Ejecutivo y ostenta la máxima representación de la Provincia Autónoma de Guayas.

El Presidente del Consejo de Gobierno será elegido por votación popular y durará cuatro años en sus funciones. 

Artículo 14.

El Vicepresidente del Consejo y los Consejeros serán nombrados y cesados por el Presidente del Consejo de Gobierno.

Artículo 15.

El Presidente del Consejo de Gobierno cesa en los casos de terminación del período para el cual fue elegido, destitución aprobada por la Junta de la Provincia de acuerdo con este Estatuto, por dimisión o fallecimiento.

Artículo 16.

La responsabilidad penal del Presidente del Consejo de Gobierno y de los Consejeros será tramitada ante la Corte Superior de Justicia de la provincia por los actos delictivos cometidos en el territorio provincial. Fuera de éste la responsabilidad penal será exigible ante la Corte Suprema de Justicia.

Ante los mismos Tribunales respectivamente será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas hubieren incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos.

Artículo 17.

El Presidente del Consejo de Gobierno podrá interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstos en la Constitución y en su Ley Orgánica.

CAPÍTULO III.
DE LAS RELACIONES ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO Y LA JUNTA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS

Artículo 18.

El Consejo de Gobierno responde solidariamente de su gestión ante La Junta de la Provincia de Guayas.

La Junta de la Provincia de Guayas y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los consejeros para recibir información.

Los miembros del Consejo de Gobierno tienen acceso a las sesiones plenarias de La Junta de la Provincia de Guayas y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas.

Artículo 19.

El Presidente, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante La Junta de la Provincia de Guayas la cuestión de delegación sobre cualquier tema de interés provincial. La delegación se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Representantes.

Si el Presidente plantease la entrega de delegación sobre un proyecto de Ley, éste se considerará aprobado siempre que vote a favor de la delegación la mayoría absoluta de los Representantes.

La entrega de delegación prevista en el presente apartado no podrá ser planteada más de una vez en cada período de sesiones y no podrá ser utilizada respecto de la Ley de Presupuestos de la provincia, ni a proyectos de legislación electoral, orgánica o institucional.

Si La Junta de la Provincia de Guayas niega la delegación al Presidente, éste no podrá volver a presentarla hasta un nuevo periodo ordinario de sesiones.

Artículo 20.

La Junta de la Provincia de Guayas puede exigir la responsabilidad política del Presidente del Consejo de Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

La moción de censura deberá ser propuesta al menos por el 40% de los Representantes y para su aprobación y consecuente destitución del Presidente del Consejo de Gobierno se requerirá de las dos terceras partes de los miembros de la Junta. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. 

Si la moción de censura no fuere aprobada por La Junta de la Provincia de Guayas, sus signatarios no podrán presentar otra hasta que hubiere transcurrido un año desde la fecha de votación de la primera.

Si La Junta de la Provincia de Guayas acepta una moción de censura, el Presidente del Consejo de Gobierno cesará en sus funciones.

La Junta de la Provincia designará un Presidente Temporal del Consejo de Gobierno quien deberá obligatoriamente convocar a elecciones en el término de treinta días contados a partir de la fecha de la destitución del Presidente. Las elecciones para elegir nuevo Presidente del Consejo de Gobierno Autónomo deberán realizarse a más tardar sesenta días después de su convocatoria.

El Reglamento de La Junta de la Provincia de Guayas regulará el procedimiento de tramitación de la entrega de delegación y de la moción de censura.

En todo caso el nuevo Presidente que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término que falte para concluir el mandato original. 

Artículo 21.

El Presidente, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de La Junta de la Provincia de Guayas, con anticipación al término natural de la legislatura.

La disolución se acordará por Decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo cuantos requisitos exija la legislación electoral aplicable.

El Presidente no podrá acordar la disolución de la Junta durante el primer período de sesiones, cuando reste menos de un año para su terminación, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. Tampoco podrá acordar la disolución antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución por este procedimiento. En ningún supuesto podrá el Presidente disolver la Junta cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal.

En todo caso la nueva Junta que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria.

TÍTULO II.
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

Artículo 22.

La provincia se organiza territorialmente en municipios y parroquias, que gozarán de autonomía para el gobierno y la gestión de sus respectivos intereses en el marco de la Constitución, del Estatuto y de la legislación general del Estado.

En los términos previstos por la Constitución, por Ley de La Junta de la Provincia de Guayas se podrá:

Reconocer comunas dentro de cada provincia como entidades locales con personalidad jurídica y demarcación propia.

Crear asimismo agrupaciones basadas en hechos urbanísticos y otros de carácter funcional con fines específicos.

Artículo 23.

Los Municipios son entidades locales con personería jurídica propia, determinada por la agrupación de parroquias y división territorial para el cumplimiento de sus actividades. El Municipio se configura también como circunscripción territorial para el ejercicio de las competencias y funciones de la provincia. Cualquier alteración de los límites municipales habrá de ser aprobada por el Congreso Nacional mediante Ley Orgánica.

La Junta de la Provincia de Guayas, dentro del ámbito de su respectivo territorio y en el marco de lo establecido por la legislación del Estado y de la Provincia, encargará las siguientes funciones a los municipios:

Aquellas que les atribuyan la Constitución de la República y la legislación básica del Estado en materia de descentralización para el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.

Las que les sean transferidas o delegadas por la Junta de la Provincia de Guayas.

Dichas transferencias o delegaciones se realizarán mediante Ley aprobada por La Junta de la Provincia de Guayas. La Junta delegará, en todo caso, en los municipios la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general para la provincia.  La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia en medios financieros, personales y patrimoniales, así como las formas de cooperación, de dirección y de control que se reserve al Consejo de Gobierno.

En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos formulados, la Provincia Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en su legislación, podrá suspender o dejar sin efecto la transferencia o delegación o ejecutar la competencia por sí misma. En este último supuesto, las órdenes de la Provincia Autónoma serán vinculantes para todos los agentes que gestionen el servicio de que se trate.

El Consejo de Gobierno podrá coordinar las actuaciones de los municipios en materias de interés general para Guayas. La apreciación del interés general y las fórmulas de coordinación se establecerán por Ley de la Junta de la Provincia aprobada por mayoría de absoluta.

La Ley de La Junta de la Provincia de Guayas regulará las relaciones de colaboración y cooperación del Consejo de Gobierno, con las Corporaciones Locales de la provincia.

TÍTULO IV.

DE LAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS

CAPÍTULO UNICO.
DE LAS COMPETENCIAS EN GENERAL

Artículo 24.

La Provincia Autónoma de Guayas asume las siguientes competencias exclusivas:

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

2. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

3. Obras públicas de interés para la provincia, dentro de su propio territorio, que no sean de interés general del Estado ni afecten a otra Región o Provincia Autónoma.

4. Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la provincia y, en los mismos términos, los transportes terrestres, fluviales, por cable o tubería. Centros de contratación y terminales de carga de transporte terrestre en el ámbito de la Provincia Autónoma.

5. Aeropuertos y helipuertos.

6. Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

7. Denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la provincia, en colaboración con el Estado.

8. Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la provincia; aguas minerales y termales; aguas subterráneas cuando discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Provincia Autónoma. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Provincia Autónoma.

9. Tratamiento especial de las zonas de montaña.

10. Caza y pesca fluvial. Acuicultura.

11. Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados interiores. Establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de centros de contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil.

12. Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la provincia, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del sector público económico de Guayas.

13. Cajas de Ahorros e instituciones de crédito cooperativo público y territorial, en el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado.

14. Artesanía, fiestas tradicionales y demás manifestaciones populares de la provincia o de interés para ella.

15. Museos, bibliotecas, conservatorios y hemerotecas de interés para la provincia que no sean de titularidad estatal.

16. Patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para la provincia.

17. Fomento de la cultura y de la investigación, prestando especial atención a las distintas modalidades culturales de carácter provincial.

18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

20. Asistencia social y servicios sociales. Promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

21. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.

22. Cooperativas y entidades asimilables, mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social, respetando la legislación mercantil.

23. Espectáculos públicos.

24. Estadística para fines no estatales.

25. Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la Provincia Autónoma.

26. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que están sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado.

27. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Región o Provincia Autónoma.

28. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia.

29. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos.

30. Servicio Meteorológico de la Provincia Autónoma.

31. Protección y tutela de menores.

32. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación de las policías locales, sin perjuicio de su dependencia jerárquica de la autoridad.

En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la provincia de Guayas la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, que serán ejercidas respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución.

Artículo 25. 

En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, es competencia de la Junta de la Provincia de Guayas el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias siguientes:

1. Régimen local.

2. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.

3. Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud. Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social.

4. Ordenación farmacéutica.

5. Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Ejercicio de las profesiones tituladas.

6. Defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en la Constitución.

7. Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Normas adicionales de protección.

8. Régimen minero y energético.

Artículo 26.

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Provincia Autónoma de Guayas, en los términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias:

1. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto.

2. Asociaciones.

3. Ferias internacionales.

4. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer las condiciones del beneficiario y la financiación se efectuará de acuerdo con las normas establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.

5. Gestión de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, que no se reserve el Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios.

6. Pesas y medidas. Contraste de metales.

7. La reestructuración de sectores industriales, conforme a los planes establecidos por la Administración del Estado.

8. Productos farmacéuticos.

9. Propiedad industrial.

10. Propiedad intelectual.

11. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con las previsiones de la Constitución.

12. Sector público estatal en el ámbito territorial de la Provincia Autónoma, la que participará en los casos y actividades que proceda.

14. Aeropuertos.

15. Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de la Provincia Autónoma de Guayas, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado.

Artículo 27.

La Provincia Autónoma ejecutará a través del Consejo de Gobierno, dentro de su ámbito territorial, los tratados internacionales, en lo que afecten a las materias propias de su competencia.

Artículo 28.

La Junta de la Provincia de Guayas por mayoría absoluta, podrá ampliar el ámbito de sus competencias en materias que no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atribuidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las nuevas competencias se someterá al Gobierno Nacional para su aprobación de acuerdo a la ley.

Asimismo, podrá asumir competencias a través de los procedimientos establecidos en  la Constitución.

Artículo 29.

Corresponde a la Provincia Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme a la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado la Constitución.

Para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse, la Provincia Autónoma facilitará a la Administración del Estado la información que ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborará con la Administración del Estado en las actuaciones del seguimiento y evaluación del sistema educativo nacional.

En el ejercicio de estas competencias, la Provincia Autónoma fomentará la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Guayas, y la creación de centros educativos de todo nivel en la provincia.

Artículo 30.

Todas las competencias mencionadas en los artículos anteriores y en los demás del presente Estatuto se entenderán referidas al territorio de la Provincia de Guayas.

En el ejercicio de sus competencias, la Junta de la Provincia de Guayas y el Consejo de Gobierno de Guayas, gozarán de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre los que se comprenden:

La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos, así como los poderes de ejecución forzosa y revisión en vía administrativa.

La potestad de expropiación, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias de la legislación sobre expropiaciones, atribuidas a la Administración del Estado, cuando se trate de materias de competencia de la Provincia Autónoma.

La potestad de sanción dentro de los límites que establezca el ordenamiento jurídico.

La facultad de utilización del procedimiento de apremio.

La inembargabilidad de sus bienes y derechos así como los privilegios de prelación, preferencia y demás reconocidos a la Hacienda Pública para el cobro de sus créditos y tributos, sin perjuicio de los que correspondan en esta materia a la Hacienda del Estado y en igualdad de derechos con las demás Regiones o Provincias Autónomas.

La exención de toda obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o Tribunal jurisdiccional.

No se admitirán interdictos contra las actuaciones de la Provincia en materia de su competencia, realizadas de acuerdo con el procedimiento legal.

Asimismo, en el ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento prevista en  presente Estatuto y, de acuerdo con la legislación del Estado, corresponde a la Provincia Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen estatutario de sus funcionarios, la elaboración del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia, la regulación de los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Provincia Autónoma, y de los contratos y de las concesiones administrativas en el ámbito de la Comunidad.

Para el ejercicio de la competencia de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, El Consejo de Gobierno de la Provincia podrá convenir con el Estado la adscripción de una unidad de la Policía Nacional en los términos y para el ejercicio de las funciones previstas en la Ley Orgánica. 

Artículo 31.

El Consejo de Gobierno de la Provincia Autónoma de Guayas podrá celebrar convenios con otras Regiones o Provincias Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. La celebración de los citados convenios, antes de su entrada en vigor, deberá ser comunicada al Congreso Nacional. Si el Congreso manifiesta reparos en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la comunicación, el convenio deberá seguir el trámite previsto en la Ley.  Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen manifestado reparos, el convenio entrará en vigor.

El Consejo de Gobierno podrá establecer también acuerdos de cooperación con otras Regiones o Provincias Autónomas, previa autorización de la Junta de la Provincia de Guayas.

TÍTULO V.
DE LA ECONOMÍA Y HACIENDA PROVINCIALES

Artículo 32.

La Junta y el Consejo de Gobierno de la Provincia de Guayas orientarán su actuación económica a la consecución del pleno empleo, el aprovechamiento y potenciación de sus recursos, el aumento de la calidad de la vida de los Guayasenses y la solidaridad provincial, prestando atención prioritaria al desarrollo de las zonas más deprimidas.

Artículo 33.

La Provincia Autónoma, con sujeción a los principios de coordinación con el Servicio de Rentas Internas  y de solidaridad entre todos los ecuatorianos, tiene autonomía financiera y patrimonio propio de acuerdo con la Constitución y con este Estatuto.

La Provincia Autónoma y sus instituciones de autogobierno gozan de idéntico tratamiento fiscal que el establecido por las Leyes del Estado.

Artículo 34.

El patrimonio de la Provincia Autónoma estará integrado por:

El patrimonio de la Provincia en el momento de aprobarse el Estatuto.

Los bienes afectos a los servicios traspasados a la Provincia Autónoma.

Los bienes adquiridos por la Provincia por cualquier título jurídico válido.

El régimen jurídico del Patrimonio, su administración defensa y conservación serán regulados por una Ley de La Junta de la Provincia de Guayas, en el marco de la legislación básica del Estado.

Artículo 35.

La Hacienda de la Provincia Autónoma se constituye con:

Los rendimientos de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado a que se refiere la disposición adicional primera y de todos aquellos cuya cesión sea aprobada por el Congreso Nacional.

Un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos.

Los recargos sobre impuestos estatales.

Las transferencias procedentes del Fondo de Solidaridad y de otros fondos para el desarrollo provincial.

Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Los rendimientos del patrimonio de la Provincia Autónoma y los demás ingresos de derecho privado, legados, herencias y donaciones.

El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.

Artículo 36.

La Provincia Autónoma o los Entes locales afectados participarán en los ingresos correspondientes a los tributos que el Estado pueda establecer para recuperar los costos sociales producidos por actividades contaminantes o generadoras de riesgos de especial gravedad para el entorno físico y humano de la provincia, en la forma que establezca la ley creadora del gravamen.

Artículo 37.

Cuando se complete el traspaso de servicios o al cumplirse el sexto año de vigencia de este Estatuto, la participación anual en los ingresos del Estado se negociará sobre las siguientes bases:

La media de los coeficientes de población y esfuerzo fiscal de la provincia.

La cantidad equivalente a la aportación proporcional que corresponde a la provincia por los servicios y cargas generales que el Estado continúe asumiendo como propios.

La relación entre los índices de déficit en servicios sociales e infraestructuras que afecten al territorio de la provincia y al conjunto del Estado.

Otros criterios que se estimen procedentes, entre ellos superficie y número de municipios.

El porcentaje de participación de la Provincia Autónoma únicamente podrá ser objeto de revisión en los siguientes casos:

Cuando se amplíen o reduzcan las competencias asumidas por la Provincia Autónoma y que anteriormente realizase el Estado.

Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.

Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado.

Cuando, transcurridos cinco años después de su puesta en vigor sea solicitada dicha revisión por la Provincia Autónoma.

Artículo 47.

La Provincia Autónoma, mediante Ley de La Junta de la Provincia de Guayas, podrá emitir Deuda Pública y concertar operaciones de crédito para financiar gastos de inversión.

El volumen y características de las emisiones se establecerán de acuerdo con la ordenación general de la política crediticia.

Los títulos emitidos tendrán la consideración de Fondos públicos a todos los efectos.

Igualmente podrá concertar operaciones de crédito, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. 

Artículo 48.

Es competencia de los Entes locales de la provincia la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos propios que les atribuyan las Leyes, sin perjuicio de la delegación que puedan otorgar para el ejercicio de estas facultades a favor del Consejo de Gobierno.

Mediante Ley del Estado se establecerá el sistema de colaboración de los Entes locales, de la Provincia Autónoma y del Estado para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de aquellos tributos que se determinen.

Los ingresos de los Entes locales de la provincia, consistentes en participación en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas, se percibirán a través del Consejo de Gobierno, que los distribuirá de acuerdo con los criterios que establezca  para las referidas participaciones.

Artículo 49.

Se regulan necesariamente mediante ley de La Junta de la Provincia de Guayas, las siguientes materias:

El establecimiento, la modificación y supresión de los propios impuestos, tasas y contribuciones especiales y de las exenciones o bonificaciones que les afecten.

El establecimiento, la modificación y supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado.

La emisión de Deuda Pública y demás operaciones de crédito concertadas por la Provincia Autónoma.

Artículo 50.

Corresponde al Consejo de Gobierno:

Aprobar los Reglamentos Generales de sus propios tributos.

Elaborar las normas reglamentarias precisas para gestionar los impuestos estatales cedidos de acuerdo con los términos de dicha cesión.

Artículo 51.

Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y aplicación del presupuesto de la Provincia Autónoma y a La Junta de la Provincia de Guayas su examen, aprobación y control.

El presupuesto será único, tendrá carácter anual e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Provincia Autónoma y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Provincia Autónoma.

El Consejo de Gobierno deberá presentar el proyecto de Presupuesto a La Junta de la Provincia de Guayas antes del 1 de octubre de cada año. Si el presupuesto general de la Provincia no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará prorrogada automáticamente la vigencia del anterior.

Artículo 52.

La gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus propios tributos, así como el conocimiento de las reclamaciones relativas a ellos, corresponderá al Consejo de Gobierno el cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con el Servicio de Rentas Internas, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

En el caso de los tributos cuyos rendimientos se hubieren cedido, el Consejo de Gobierno asumirá, por delegación del Estado (Servicio de Rentas Internas), la gestión, recaudación, liquidación e inspección y revisión de los mismos, en su caso, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.

La gestión, recaudación y liquidación e inspección y revisión de los demás impuestos del Estado recaudados en la provincia corresponderá al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de la delegación que el Consejo de Gobierno pueda recibir de éste y de la colaboración que pueda establecerse, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

Artículo 53.

El Consejo de Gobierno de la Provincia Autónoma de Guayas, de acuerdo con lo que establezcan las Leyes del Estado, designará, en su caso, sus propios representantes en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado, cuya competencia se extienda al territorio de la provincia y que por su naturaleza no sean objeto de traspaso.

El Consejo de Gobierno podrá constituir empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia, según lo establecido en el presente Estatuto.

El Consejo de Gobierno, como Poder público, podrá hacer uso de las facultades previstas en la Constitución, y podrá fomentar, mediante acciones adecuadas, las sociedades cooperativas en los términos resultantes del presente Estatuto.

El Consejo de Gobierno queda facultado para constituir instituciones que fomenten la plena ocupación y el desarrollo económico y social en el marco de sus competencias.

El ejercicio por parte de los órganos de la Provincia Autónoma de las competencias de naturaleza económica, que con carácter de exclusivas o concurrentes se le reconocen en el presente Estatuto, serán ejercidas de acuerdo con la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en el marco de los objetivos de la política social y económica del Gobierno Nacional y con pleno respeto al derecho a la libertad de empresa reconocido en la Constitución.

TÍTULO VI.

CAPÍTULO UNICO.
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

Artículo 54.

La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:

La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno, a La Junta de la Provincia de Guayas a propuesta de una cuarta parte de sus miembros, así como al Gobierno y al Congreso Nacional.

La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de La Junta de la Provincia de Guayas por mayoría absoluta y la aprobación del Congreso Nacional mediante Ley Orgánica.

Si la propuesta de reforma no es aprobada por La Junta de la Provincia de Guayas o por el Congreso Nacional no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación hasta que haya transcurrido un año.

DISPOSICIONES GENERALES.

Primera

Se cede a la Provincia Autónoma de Guayas el rendimiento de los siguientes tributos: 

a) Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, con el límite del 25%  

b) Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Naturales o Jurídicas. 

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

e) Los Tributos sobre el Juego.

f) El Impuesto sobre el Valor Agregado. 

g) El Impuesto sobre los Consumos Especiales con carácter con el límite del 50% 

h) El Impuesto sobre Hidrocarburos, con carácter parcial, con el límite del 50% 

La eventual supresión o modificación por el Estado de alguno de los tributos antes señalados implicará la extinción o modificación de la cesión.

El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno de la Nación con el Consejo de Gobierno Autónomo, que será tramitado por aquél como proyecto de Ley. Esta modificación no tendrá la consideración de modificación del Estatuto.

El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Consejo de Gobierno que, en todo caso, las referirá a rendimientos en la provincia. El Gobierno tramitará el acuerdo como proyecto de Ley.

Segunda. La celebración de elecciones atenderá a lo que disponga el Tribunal Supremo Electoral, con el fin exclusivo de coordinar el calendario de las diversas consultas electorales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera.Hasta tanto no se promulgue la Ley Electoral Provincial pertinente, por parte de la Junta de la Provincia de Guayas y que habrá de obtener el voto final favorable de la mayoría absoluta de los Representantes, La Junta de la Provincia y el Presidente del Consejo de Gobierno se elegirán de acuerdo con las normas siguientes:

El Presidente Provisional del Consejo de Gobierno procederá a convocar a elecciones provinciales mediante Decreto que se publicará en el Registro Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la provincia. Las elecciones deberán celebrarse en el término máximo de sesenta días a partir de la fecha de la convocatoria.

La circunscripción electoral será la provincia.

La Junta de la Provincia Autónoma de Guayas se compondrá de 39 Representantes, distribuidos de acuerdo a la población de cada cantón y por distritos electorales.

El Tribunal Provincial Electoral tendrá, dentro de los límites de su respectiva jurisdicción, la competencia que la normativa electoral vigente les atribuye para organizar el acto electoral.

Los requisitos para ser candidatos serán los mismos que actualmente están contemplados en la Constitución y Leyes relacionadas para ser candidato a Diputado. La Junta de la Provincia mediante Ley regulará definitivamente los mecanismos electorales para la Provincia.

Para los recursos que tuvieran por objeto la impugnación de la elección y proclamación de los miembros electos será competente por esta única vez el Tribunal Supremo Electoral. En el futuro la Junta de la Provincia Autónoma de Guayas, mediante Ley creará el mecanismo de impugnación correspondiente

Una vez proclamados los resultados electorales, y dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones, se constituirá La Junta de la Provincia de Guayas, presidida por una Mesa integrada por un Presidente Encargado y dos Secretarios, y procederán a elegir al Presidente, dos Vicepresidentes, dos Secretarios, a los miembros de las Comisiones.

La Junta de la Provincia de Guayas en su segunda sesión, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes a aquél en que finalizó la sesión constitutiva, deberá aprobar la Ley Orgánica de la Junta de la Provincia Autónoma de Guayas, de acuerdo con lo previsto en este Estatuto.

Segunda. En tanto no se celebren las primeras elecciones a La Junta de la Provincia de Guayas, se constituirá una Asamblea provisional integrada por un número de miembros igual a la suma de Diputados y Consejeros de la Provincia, de entre personas que ostenten representación en la sociedad civil y designados por el Comité Cívico de la Provincia Autónoma. Esta Asamblea Elegirá al Presidente Provisional del Consejo de Gobierno y al  Presidente Provisional de la Junta de la Provincia de Guayas. Adoptará todos sus acuerdos por mayoría absoluta, conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto.

Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de este Estatuto se procederá a la convocatoria de elecciones por parte del Presidente del Consejo de Gobierno  de acuerdo a los términos previstos en este Estatuto.

La Asamblea y el Presidente del Consejo de Gobierno así constituidas tendrán todas las competencias que este Estatuto atribuye a La Junta de la Provincia de Guayas, excepto el ejercicio de la potestad legislativa. En todo caso, podrán, con carácter provisional, dictar aquellas disposiciones necesarias para el funcionamiento de las instituciones de la Provincia Autónoma.

Una vez constituidas La Junta de la Provincia de Guayas y elegido el Presidente del Consejo de Gobierno, quedará disuelto el Ente Preautonómico.

Tercera. Mientras El Congreso Nacional no elabore las Leyes a que este Estatuto se refiere y hasta que La Junta de la Provincia de Guayas legisle sobre las materias de su competencia, continuarán en vigor las actuales Leyes y disposiciones del Estado que se refieran a dichas materias, sin perjuicio de que su desarrollo legislativo, en su caso, y su ejecución, se lleve a cabo por el Consejo de Gobierno en los supuestos así previstos en el Estatuto.

Cuarta.Con la finalidad de transferir a la Provincia las funciones y atribuciones que le corresponden con arreglo al presente Estatuto, se creará en el término máximo de un mes a partir de la constitución del Consejo de Gobierno, una Comisión Mixta paritaria integrada por representantes del Estado y de la Provincia Autónoma, que establecerán sus normas de funcionamiento.

Para proponer los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de Transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales, agrupadas por materias cuyo cometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Provincia Autónoma.

Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo a la Comisión Mixta, que las habrá de ratificar.

Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuestas al Gobierno, que las aprobará mediante Decreto, figurando aquéllos como anejos al mismo y serán publicados en el Registro Oficial y en el Diario Oficial de la provincia, adquiriendo vigencia a partir de esta publicación.

Será título suficiente para inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Provincia Autónoma la certificación expedida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales, debidamente promulgados.

Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por los traspasos a la provincia pasarán a depender de ésta, siéndoles respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan en el momento del traspaso, incluso el de participar en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes miembros de su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente de opción.

Mientras el Consejo de Gobierno no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las disposiciones del Estado vigentes sobre la materia.

Quinta. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Provincia Autónoma en este Estatuto, o en cualquier caso hasta que se hayan cumplidos los seis años desde su entrada en vigor, el Estado garantizará, en el marco de la Ley, la financiación de los servicios transferidos a la Provincia con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en el territorio de la provincia en el momento de la transferencia.

Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos e indirectos de los servicios como los gastos de inversión que correspondan.

La Comisión Mixta a que se refiere el apartado 2 fijará el citado porcentaje, mientras dure el período transitorio, con una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso Nacional.

A partir del método fijado en el apartado 2, se establecerá un porcentaje en el que se considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Provincia, minorado por el total de la recaudación obtenida por ésta por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los Capítulos del último presupuesto anterior a la transferencia de los servicios.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Registro Oficial.

El actual Comité Cívico autonómico de Guayas continuará en sus funciones hasta la elección de los Órganos que hayan de sustituirla de acuerdo con el presente Estatuto.

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA – TÍTULO II

Publicado:

Artículo 

La provincia se organiza territorialmente en municipios y parroquias, que gozarán de autonomía para el gobierno y la gestión de sus respectivos intereses en el marco de la Constitución, del Estatuto y de la legislación general del Estado.

En los términos previstos por la Constitución, por Ley de La Junta de la Región  se podrá:

Reconocer comunas dentro de cada provincia como entidades locales con personalidad jurídica y demarcación propia.

Crear asimismo agrupaciones basadas en hechos urbanísticos y otros de carácter funcional con fines específicos.

Artículo.

Los Municipios son entidades locales con personería jurídica propia, determinada por la agrupación de parroquias y división territorial para el cumplimiento de sus actividades. El Municipio se configura también como circunscripción territorial para el ejercicio de las competencias y funciones de la provincia o Región. Cualquier alteración de los límites municipales habrá de ser aprobada por el Congreso Nacional mediante Ley Orgánica.

La Junta de la Región, dentro del ámbito de su respectivo territorio y en el marco de lo establecido por la legislación del Estado y de la Región, encargará las siguientes funciones a los municipios:

Aquellas que les atribuyan la Constitución de la República y la legislación básica del Estado en materia de descentralización para el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia y/o región.

Las que les sean transferidas o delegadas por la Junta de la Región.

Dichas transferencias o delegaciones se realizarán mediante Ley aprobada por La Junta de la Región. La Junta delegará, en todo caso, en los municipios la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general para la provincia.  La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia en medios financieros, personales y patrimoniales, así como las formas de cooperación, de dirección y de control que se reserve al Consejo de Gobierno.

En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos formulados, la Región Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en su legislación, podrá suspender o dejar sin efecto la transferencia o delegación o ejecutar la competencia por sí misma. En este último supuesto, las órdenes de la Región Autónoma serán vinculantes para todos los agentes que gestionen el servicio de que se trate.

El Consejo de Gobierno podrá coordinar las actuaciones de los municipios en materias de interés general para la Región. La apreciación del interés general y las fórmulas de coordinación se establecerán por Ley de la Junta de la Región aprobada por mayoría de absoluta.

La Ley de La Junta de la Región regulará las relaciones de colaboración y cooperación del Consejo de Gobierno, con las Corporaciones Locales de las provincias y de la Región.

TÍTULO 

DE LAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE LA REGION AUTONOMA

CAPÍTULO UNICO.
DE LAS COMPETENCIAS EN GENERAL

Artículo 

La Región Autónoma asume las siguientes competencias exclusivas:

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

2. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

3. Obras públicas de interés para la provincia, dentro de su propio territorio, que no sean de interés general del Estado ni afecten a otra Región o Provincia Autónoma.

4. Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la provincia y, en los mismos términos, los transportes terrestres, fluviales, por cable o tubería. Centros de contratación y terminales de carga de transporte terrestre en el ámbito de la Región Autónoma.

5. Aeropuertos y helipuertos.

6. Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

7. Denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la provincia, en colaboración con el Estado.

8. Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para las provincias y la Región; aguas minerales y termales; aguas subterráneas cuando discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Región Autónoma. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Provincia Autónoma.

9. Tratamiento especial de las zonas de montaña.

10. Caza y pesca fluvial. Acuicultura.

11. Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados interiores. Establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de centros de contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil.

12. Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la provincia, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del sector público económico de la Región.

13. Cajas de Ahorros e instituciones de crédito cooperativo público y territorial, en el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado.

14. Artesanía, fiestas tradicionales y demás manifestaciones populares de la provincia o de interés para ella.

15. Museos, bibliotecas, conservatorios y hemerotecas de interés para la provincia que no sean de titularidad estatal.

16. Patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para las provincias y la Región

17. Fomento de la cultura y de la investigación, prestando especial atención a las distintas modalidades culturales de carácter provincial y Regional.

18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

20. Asistencia social y servicios sociales. Promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

21. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.

22. Cooperativas y entidades asimilables, mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social, respetando la legislación mercantil.

23. Espectáculos públicos.

24. Estadística para fines no estatales.

25. Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la Provincia Autónoma.

26. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que están sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado.

27. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Región o Provincia Autónoma.

28. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia.

29. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos.

30. Servicio Meteorológico de la Provincia Autónoma.

31. Protección y tutela de menores.

32. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación de las policías locales, sin perjuicio de su dependencia jerárquica de la autoridad.

En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la provincia de Guayas la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, que serán ejercidas respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución.

Artículo  

En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, es competencia de la Junta de la Región el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias siguientes:

1. Régimen local.

2. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.

3. Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud. Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social.

4. Ordenación farmacéutica.

5. Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Ejercicio de las profesiones tituladas.

6. Defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en la Constitución.

7. Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Normas adicionales de protección.

8. Régimen minero y energético.

Artículo 

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Región Autónoma de Guayas, en los términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias:

1. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto.

2. Asociaciones.

3. Ferias internacionales.

4. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer las condiciones del beneficiario y la financiación se efectuará de acuerdo con las normas establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.

5. Gestión de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, que no se reserve el Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios.

6. Pesas y medidas. Contraste de metales.

7. La reestructuración de sectores industriales, conforme a los planes establecidos por la Administración del Estado.

8. Productos farmacéuticos.

9. Propiedad industrial.

10. Propiedad intelectual.

11. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con las previsiones de la Constitución.

12. Sector público estatal en el ámbito territorial de la Región Autónoma, la que participará en los casos y actividades que proceda.

14. Aeropuertos.

15. Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de la Región Autónoma de Guayas, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado.

Artículo.

La Región Autónoma ejecutará a través del Consejo de Gobierno, dentro de su ámbito territorial, los tratados internacionales, en lo que afecten a las materias propias de su competencia.

Artículo 

La Junta de la Región por mayoría absoluta, podrá ampliar el ámbito de sus competencias en materias que no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atribuidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las nuevas competencias se someterá al Gobierno Nacional para su aprobación de acuerdo a la ley.

Asimismo, podrá asumir competencias a través de los procedimientos establecidos en  la Constitución.

Artículo 

Corresponde a la Provincia Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme a la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado la Constitución.

Para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse, la Región Autónoma facilitará a la Administración del Estado la información que ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborará con la Administración del Estado en las actuaciones del seguimiento y evaluación del sistema educativo nacional.

En el ejercicio de estas competencias, la Región Autónoma fomentará la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Guayas, y la creación de centros educativos de todo nivel en las provincias y en la Región.

Artículo 

Todas las competencias mencionadas en los artículos anteriores y en los demás del presente Estatuto se entenderán referidas al territorio de la Región referida.

En el ejercicio de sus competencias, la Junta de la Región y el Consejo de Gobierno de la Región, gozarán de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre los que se comprenden:

La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos, así como los poderes de ejecución forzosa y revisión en vía administrativa.

La potestad de expropiación, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias de la legislación sobre expropiaciones, atribuidas a la Administración del Estado, cuando se trate de materias de competencia de la Región Autónoma.

La potestad de sanción dentro de los límites que establezca el ordenamiento jurídico.

La facultad de utilización del procedimiento de apremio.

La inembargabilidad de sus bienes y derechos así como los privilegios de prelación, preferencia y demás reconocidos a la Hacienda Pública para el cobro de sus créditos y tributos, sin perjuicio de los que correspondan en esta materia a la Hacienda del Estado y en igualdad de derechos con las demás Regiones o Provincias Autónomas.

La exención de toda obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o Tribunal jurisdiccional.

No se admitirán interdictos contra las actuaciones de la Provincia en materia de su competencia, realizadas de acuerdo con el procedimiento legal.

Asimismo, en el ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento prevista en  presente Estatuto y, de acuerdo con la legislación del Estado, corresponde a la Región Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen estatutario de sus funcionarios, la elaboración del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia, la regulación de los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Región Autónoma, y de los contratos y de las concesiones administrativas en el ámbito de la Comunidad.

Para el ejercicio de la competencia de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, El Consejo de Gobierno de la Región podrá convenir con el Estado la adscripción de una unidad de la Policía Nacional en los términos y para el ejercicio de las funciones previstas en la Ley Orgánica. 

Artículo .

El Consejo de Gobierno de la Región Autónoma  podrá celebrar convenios con otras Regiones o Provincias Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. La celebración de los citados convenios, antes de su entrada en vigor, deberá ser comunicada al Congreso Nacional. Si el Congreso manifiesta reparos en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la comunicación, el convenio deberá seguir el trámite previsto en la Ley.  Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen manifestado reparos, el convenio entrará en vigor.

El Consejo de Gobierno podrá establecer también acuerdos de cooperación con otras Regiones o Provincias Autónomas, previa autorización de la Junta de la Región.

TÍTULO 
DE LA ECONOMÍA Y HACIENDA PROVINCIALES

Artículo 

La Junta y el Consejo de Gobierno de la Región orientarán su actuación económica a la consecución del pleno empleo, el aprovechamiento y potenciación de sus recursos, el aumento de la calidad de la vida de sus ciudadanos y la solidaridad reginal, prestando atención prioritaria al desarrollo de las zonas más deprimidas.

Artículo .

La Región Autónoma, con sujeción a los principios de coordinación con el Servicio de Rentas Internas  y de solidaridad entre todos los ecuatorianos, tiene autonomía financiera y patrimonio propio de acuerdo con la Constitución y con este Estatuto.

La Región Autónoma y sus instituciones de autogobierno gozan de idéntico tratamiento fiscal que el establecido por las Leyes del Estado.

Artículo.

El patrimonio de la Región Autónoma estará integrado por:

El patrimonio de la Región en el momento de aprobarse el Estatuto.

Los bienes afectos a los servicios traspasados a las Provincias y a la Región Autónoma.

Los bienes adquiridos por las Provincias y por la Región Autónoma por cualquier título jurídico válido.

El régimen jurídico del Patrimonio, su administración defensa y conservación serán regulados por una Ley de La Junta de la Provincia de la Región, en el marco de la legislación básica del Estado.

Artículo .

La Hacienda de la Región Autónoma se constituye con:

Los rendimientos de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado a que se refiere la disposición adicional primera y de todos aquellos cuya cesión sea aprobada por el Congreso Nacional.

Un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos.

Los recargos sobre impuestos estatales.

Las transferencias procedentes del Fondo de Solidaridad y de otros fondos para el desarrollo provincial.

Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Los rendimientos del patrimonio de la Región Autónoma y los demás ingresos de derecho privado, legados, herencias y donaciones.

El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.

Artículo .

La Región Autónoma o los Entes locales afectados participarán en los ingresos correspondientes a los tributos que el Estado pueda establecer para recuperar los costos sociales producidos por actividades contaminantes o generadoras de riesgos de especial gravedad para el entorno físico y humano de la provincia, en la forma que establezca la ley creadora del gravamen.

Artículo 

Cuando se complete el traspaso de servicios o al cumplirse el sexto año de vigencia de este Estatuto, la participación anual en los ingresos del Estado se negociará sobre las siguientes bases:

La media de los coeficientes de población y esfuerzo fiscal de la provincia.

La cantidad equivalente a la aportación proporcional que corresponde a la provincia por los servicios y cargas generales que el Estado continúe asumiendo como propios.

La relación entre los índices de déficit en servicios sociales e infraestructuras que afecten al territorio de la provincia y al conjunto del Estado.

Otros criterios que se estimen procedentes, entre ellos superficie y número de municipios.

El porcentaje de participación de la Región Autónoma únicamente podrá ser objeto de revisión en los siguientes casos:

Cuando se amplíen o reduzcan las competencias asumidas por la Región Autónoma y que anteriormente realizase el Estado.

Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.

Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado.

Cuando, transcurridos cinco años después de su puesta en vigor sea solicitada dicha revisión por la Región Autónoma.

Artículo 

La Regón Autónoma, mediante Ley de La Junta de la Región, podrá emitir Deuda Pública y concertar operaciones de crédito para financiar gastos de inversión.

El volumen y características de las emisiones se establecerán de acuerdo con la ordenación general de la política crediticia.

Los títulos emitidos tendrán la consideración de Fondos públicos a todos los efectos.

Igualmente podrá concertar operaciones de crédito, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. 

Artículo .

Es competencia de los Entes locales de la provincia la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos propios que les atribuyan las Leyes, sin perjuicio de la delegación que puedan otorgar para el ejercicio de estas facultades a favor del Consejo de Gobierno.

Mediante Ley del Estado se establecerá el sistema de colaboración de los Entes locales, de la Región Autónoma y del Estado para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de aquellos tributos que se determinen.

Los ingresos de los Entes locales de la provincia, consistentes en participación en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas, se percibirán a través del Consejo de Gobierno, que los distribuirá de acuerdo con los criterios que establezca  para las referidas participaciones.

Artículo .

Se regulan necesariamente mediante ley de La Junta de la Región, las siguientes materias:

El establecimiento, la modificación y supresión de los propios impuestos, tasas y contribuciones especiales y de las exenciones o bonificaciones que les afecten.

El establecimiento, la modificación y supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado.

La emisión de Deuda Pública y demás operaciones de crédito concertadas por la Región Autonoma.

Artículo 

Corresponde al Consejo de Gobierno:

Aprobar los Reglamentos Generales de sus propios tributos.

Elaborar las normas reglamentarias precisas para gestionar los impuestos estatales cedidos de acuerdo con los términos de dicha cesión.

Artículo 

Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y aplicación del presupuesto de la Región Autónoma y a La Junta de la Región su examen, aprobación y control.

El presupuesto será único, tendrá carácter anual e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Región Autónoma y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Provincia Autónoma.

El Consejo de Gobierno deberá presentar el proyecto de Presupuesto a La Junta de la Región antes del 1 de octubre de cada año. Si el presupuesto general de la Provincia no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará prorrogada automáticamente la vigencia del anterior.

Artículo .

La gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus propios tributos, así como el conocimiento de las reclamaciones relativas a ellos, corresponderá al Consejo de Gobierno el cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con el Servicio de Rentas Internas, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

En el caso de los tributos cuyos rendimientos se hubieren cedido, el Consejo de Gobierno asumirá, por delegación del Estado (Servicio de Rentas Internas), la gestión, recaudación, liquidación e inspección y revisión de los mismos, en su caso, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.

La gestión, recaudación y liquidación e inspección y revisión de los demás impuestos del Estado recaudados en la provincia corresponderá al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de la delegación que el Consejo de Gobierno pueda recibir de éste y de la colaboración que pueda establecerse, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

Artículo .

El Consejo de Gobierno de la Región Autónoma , de acuerdo con lo que establezcan las Leyes del Estado, designará, en su caso, sus propios representantes en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado, cuya competencia se extienda al territorio de la provincia y que por su naturaleza no sean objeto de traspaso.

El Consejo de Gobierno podrá constituir empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia, según lo establecido en el presente Estatuto.

El Consejo de Gobierno, como Poder público, podrá hacer uso de las facultades previstas en la Constitución, y podrá fomentar, mediante acciones adecuadas, las sociedades cooperativas en los términos resultantes del presente Estatuto.

El Consejo de Gobierno queda facultado para constituir instituciones que fomenten la plena ocupación y el desarrollo económico y social en el marco de sus competencias.

El ejercicio por parte de los órganos de la Región Autónoma de las competencias de naturaleza económica, que con carácter de exclusivas o concurrentes se le reconocen en el presente Estatuto, serán ejercidas de acuerdo con la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en el marco de los objetivos de la política social y económica del Gobierno Nacional y con pleno respeto al derecho a la libertad de empresa reconocido en la Constitución.

TÍTULO 

CAPÍTULO UNICO.
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

Artículo .

La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:

La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno, a La Junta de la Región Autónoma a propuesta de una cuarta parte de sus miembros, así como al Gobierno y al Congreso Nacional.

La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de La Junta de la Región Autónoma por mayoría absoluta y la aprobación del Congreso Nacional mediante Ley Orgánica.

Si la propuesta de reforma no es aprobada por La Junta de la Región Autónoma o por el Congreso Nacional no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación hasta que haya transcurrido un año.

DISPOSICIONES GENERALES.

Primera

Se cede a la Región Autónoma  el rendimiento de los siguientes tributos: 

a) Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, con el límite del 25%  

b) Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Naturales o Jurídicas. 

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

e) Los Tributos sobre el Juego.

f) El Impuesto sobre el Valor Agregado. 

g) El Impuesto sobre los Consumos Especiales con carácter con el límite del 50% 

h) El Impuesto sobre Hidrocarburos, con carácter parcial, con el límite del 50% 

La eventual supresión o modificación por el Estado de alguno de los tributos antes señalados implicará la extinción o modificación de la cesión.

El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno de la Nación con el Consejo de Gobierno Autónomo, que será tramitado por aquél como proyecto de Ley. Esta modificación no tendrá la consideración de modificación del Estatuto.

El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Consejo de Gobierno que, en todo caso, las referirá a rendimientos en la provincia. El Gobierno tramitará el acuerdo como proyecto de Ley.

Segunda. La celebración de elecciones atenderá a lo que disponga el Tribunal Supremo Electoral, con el fin exclusivo de coordinar el calendario de las diversas consultas electorales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera.Hasta tanto no se promulgue la Ley Electoral Provincial pertinente, por parte de la Juntas de la Provincias que constituyen la Región   y que habrá de obtener el voto final favorable de la mayoría absoluta de los Representantes, La Junta de la Región y el Presidente del Consejo de Gobierno se elegirán de acuerdo con las normas siguientes:

El Presidente Provisional del Consejo de Gobierno procederá a convocar a elecciones provinciales mediante Decreto que se publicará en el Registro Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la provincia. Las elecciones deberán celebrarse en el término máximo de sesenta días a partir de la fecha de la convocatoria.

La circunscripción electoral será la provincia.

La Junta de la Región Autónoma  se compondrá de 39 Representantes, distribuidos de acuerdo a la población de cada cantón y por distritos electorales.

El Tribunal Regional Electoral tendrá, dentro de los límites de su respectiva jurisdicción, la competencia que la normativa electoral vigente les atribuye para organizar el acto electoral.

Los requisitos para ser candidatos serán los mismos que actualmente están contemplados en la Constitución y Leyes relacionadas para ser candidato a Diputado. La Junta de la Región mediante Ley regulará definitivamente los mecanismos electorales para la Región.

Para los recursos que tuvieran por objeto la impugnación de la elección y proclamación de los miembros electos será competente por esta única vez el Tribunal Supremo Electoral. En el futuro la Junta de la Región Autónoma, mediante Ley creará el mecanismo de impugnación correspondiente

Una vez proclamados los resultados electorales, y dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones, se constituirá La Junta de la Región, presidida por una Mesa integrada por un Presidente Encargado y dos Secretarios, y procederán a elegir al Presidente, dos Vicepresidentes, dos Secretarios, a los miembros de las Comisiones.

La Junta de la Región en su segunda sesión, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes a aquél en que finalizó la sesión constitutiva, deberá aprobar la Ley Orgánica de la Junta de la Región Autónoma de, de acuerdo con lo previsto en este Estatuto.

Segunda. En tanto no se celebren las primeras elecciones a La Junta de la Región , se constituirá una Asamblea provisional integrada por un número de miembros igual a la suma de Diputados y Consejeros de cada una de las Provincias que conforman la Región, de entre personas que ostenten representación en la sociedad civil y designados por el Comité Cívico de la Región. Esta Asamblea Elegirá al Presidente Provisional del Consejo de Gobierno y al  Presidente Provisional de la Junta de la Región. Adoptará todos sus acuerdos por mayoría absoluta, conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto.

Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de este Estatuto se procederá a la convocatoria de elecciones por parte del Presidente del Consejo de Gobierno  de acuerdo a los términos previstos en este Estatuto.

La Asamblea y el Presidente del Consejo de Gobierno así constituidas tendrán todas las competencias que este Estatuto atribuye a La Junta de la Región, excepto el ejercicio de la potestad legislativa. En todo caso, podrán, con carácter provisional, dictar aquellas disposiciones necesarias para el funcionamiento de las instituciones de la Región Autónoma.

Una vez constituidas La Junta de la Región y elegido el Presidente del Consejo de Gobierno, quedará disuelto el Ente Preautonómico.

Tercera. Mientras El Congreso Nacional no elabore las Leyes a que este Estatuto se refiere y hasta que La Junta de la Región legisle sobre las materias de su competencia, continuarán en vigor las actuales Leyes y disposiciones del Estado que se refieran a dichas materias, sin perjuicio de que su desarrollo legislativo, en su caso, y su ejecución, se lleve a cabo por el Consejo de Gobierno en los supuestos así previstos en el Estatuto.

Cuarta.Con la finalidad de transferir a la Región las funciones y atribuciones que le corresponden con arreglo al presente Estatuto, se creará en el término máximo de un mes a partir de la constitución del Consejo de Gobierno, una Comisión Mixta paritaria integrada por representantes del Estado y de la Provincias que conforman la Región Autónoma, que establecerán sus normas de funcionamiento.

Para proponer los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de Transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales, agrupadas por materias cuyo cometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir cada una de las Provincias que conforman la Región Autónoma.

Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo a la Comisión Mixta, que las habrá de ratificar.

Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuestas al Gobierno, que las aprobará mediante Decreto, figurando aquéllos como anejos al mismo y serán publicados en el Registro Oficial y en el Diario Oficial de la provincia, adquiriendo vigencia a partir de esta publicación.

Será título suficiente para inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Región Autónoma la certificación expedida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales, debidamente promulgados. 

Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por los traspasos a la Región pasarán a depender de ésta, siéndoles respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan en el momento del traspaso, incluso el de participar en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes miembros de su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente de opción.

Mientras el Consejo de Gobierno no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las disposiciones del Estado vigentes sobre la materia.

Quinta. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Región Autónoma en este Estatuto, o en cualquier caso hasta que se hayan cumplidos los seis años desde su entrada en vigor, el Estado garantizará, en el marco de la Ley, la financiación de los servicios transferidos a la Región con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en el territorio de la región en el momento de la transferencia.

Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos e indirectos de los servicios como los gastos de inversión que correspondan.

La Comisión Mixta a que se refiere el apartado 2 fijará el citado porcentaje, mientras dure el período transitorio, con una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso Nacional.

A partir del método fijado en el apartado 2, se establecerá un porcentaje en el que se considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Región, minorado por el total de la recaudación obtenida por ésta por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los Capítulos del último presupuesto anterior a la transferencia de los servicios.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Registro Oficial.

El actual Comité Cívico autonómico de la Región continuará en sus funciones hasta la elección de los Órganos que hayan de sustituirla de acuerdo con el presente Estatuto.

ESTATUTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION GUAYAQUIL, COSTA-SUR Y AUSTRO

Publicado:

Contenido del Estatuto:

Artículo 1.

La Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación ecuatoriana, patria común indivisible de todos los ecuatorianos.-

El Estado de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los guayaquileños, costeños del sur y del Austro, en el marco de igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones del Ecuador.-

Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan de la Constitución y del pueblo guayaquileño, costa-sur y del Austro en los términos del presente Estatuto.-

Artículo 2.

El territorio de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, comprende el municipio de las actuales provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro, Azuay y Cañar, y el de los cantones de las provincias vecinas que se fusionaren.-

Artículo 3.

El municipio  es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma. Goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus competencias. Su representación, gobierno y administración corresponden a los respectivos Ayuntamientos.-

La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes se realizará de acuerdo con la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en el marco de la legislación básica del Estado.-

Artículo 4.

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y constituye, también, ámbito territorial para el desarrollo y gestión de las competencias y funciones de la Comunidad Autónoma. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por el Congreso, de acuerdo con la Ley.-

El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación, como órgano representativo de la misma, con plena autonomía para la gestión de sus intereses específicos.-

Artículo 5.

De conformidad con los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de la República, los ciudadanos de un cantón, empadronados en el respectivo Tribunal Provincial Electoral, mediante consulta popular, podrán resolver la fusión con otro u otros cantones.-

Si la fusión involucra cantones de distintas provincias, previamente a la convocatoria de la consulta popular, se deberá contar con los informes favorables de los respectivos consejos provinciales. En la consulta se indicará a que provincia pertenecerá el nuevo cantón.-

En uno u otro caso, en la misma consulta se indicará también la cabecera cantonal.-

El cantón resultante de la fusión percibirá a través de su municipalidad el monto total de los recursos de los cantones fusionados, los establecidos en leyes especiales y otros tributos o rentas que se les asignen producto de la fusión y aquellos que le correspondieren con posterioridad a la misma.-

Artículo 6.

La bandera de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro,  es la tradicional del 9 de Octubre de 1820, de la Independencia, formada por cinco franjas horizontales, 3 azules/celeste y 2 blancas, con 3 estrellas.-

La Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, tendrá himno y escudo propios, que serán aprobados por una Asamblea de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro.-

Artículo 7.

La capital de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, sede del Gobierno y del Parlamento, será la ciudad de Guayaquil; asimismo Guayaquil será la sede de una Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro.-

Artículo 8.

A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición política de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro los ciudadanos ecuatorianos que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro.-

Como la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, goza de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos ecuatorianos residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro y acredite esta condición en el correspondiente Consulado de Ecuador. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como ecuatorianos, si así lo solicitan, en la forma que determine la Ley del Estado.-

Las comunidades de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, asentadas fuera de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro podrán solicitar, como tales, el reconocimiento de la identidad de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro. Una Ley del Parlamento de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro regulará, sin perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido del reconocimiento a dichas comunicaciones que en ningún caso implicará la concesión de derechos políticos.-

TITULO I

DE LAS INSTITUCIONES DE LA REGION AUTONOMA DE GUAYAQUIL, COSTA-SUR Y AUSTRO.-

Artículo 9.

Los poderes de la Región se ejercen a través de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro y el Consejo de Gobierno.-

CAPITULO I

DE LA JUNTA DE LA REGION GUAYAQUIL, COSTA-SUR Y AUSTRO.-

Artículo 10.

La Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro representa al pueblo de la provincia.-

Compete a la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro:

  1. Ejercer la potestad legislativa de la Región; la Junta sólo podrá delegar esta potestad en el Consejo de Gobierno, en el marco de lo establecido en el presente Estatuto.-
  2. Controlar la acción ejecutiva del Consejo de Gobierno, aprobar los presupuestos y ejercer las otras competencias que sean atribuidas por la Constitución, por el presente Estatuto y por las demás normas del ordenamiento jurídico.-
  3. Establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y las correspondientes leyes del Estado.-
  4. Aprobar los convenios que acuerde el Consejo de Gobierno con otras Provincias o Regiones Autónomas en los términos establecidos en la Constitución.-
  5. Elegir, de entre sus miembros, al Presidente de la Junta de la Región,  en la forma prevista en el presente estatuto.-
  6. Exigir, en su caso, responsabilidad política al Consejo de Gobierno y a su Presidente en los términos establecidos por el presente Estatuto.-
  7. Solicitar del Gobierno de la Nación la aprobación de proyectos de Ley y presentar ante el Congreso Nacional proyectos de Ley en beneficio de la Región.-
  8. Interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en los términos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.-
  9. Examinar y aprobar las cuentas generales de la Junta de la Región sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Contraloría General del Estado.-

La Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro es inviolable.-

Artículo 11.

Los Representantes de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro serán elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma prevista en el presente Estatuto.-

Los Representantes de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro no estarán sujetos a mandato imperativo alguno.-

La Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro será elegida por un plazo de cuatro años de acuerdo con un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio de la Región. Las elecciones serán convocadas por el Presidente del Consejo de Gobierno en los términos previstos por la Ley que regule el régimen electoral general, de manera que se realicen en la fecha dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones nacionales.-

La circunscripción electoral es la Región dividida en distritos de 50.000 (cincuenta mil) habitantes. La Junta estará constituida por un mínimo de …. y un máximo de ….

La Ley de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, en el marco del presente Estatuto, determinará los plazos y regulará el procedimiento para la elección de sus miembros y la atribución de escaños fijando su número y las causas de in elegibilidad que afecten a los puestos o cargos que se desempeñen dentro del ámbito territorial de la Región Autónoma.-

Los miembros de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro gozarán de inviolabilidad, aun después de cesar en su mandato, por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito. Corresponderá decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio a la Corte Superior de Justicia de la Región.-

Los Representantes cesarán:

  1. Por cumplimiento del término de su mandato.
  2. Por dimisión.
  3. Por fallecimiento.
  4. Por cualquier otra causa prevista en las Leyes Regionales o en el Reglamento de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro.

Producida la vacante, será cubierta en los términos previstos en la Ley a que hace referencia al párrafo tercero del apartado 2 del presente artículo.-

Artículo 12.

La Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro elegirá de entre sus miembros un Presidente y los demás integrantes de la mesa directiva de conformidad con su propio Reglamento.-

La Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro fijará su presupuesto.-

La Junta funcionará en Pleno y en Comisiones y se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios de sesiones serán los que establezcan su Reglamento. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, por el Presidente del Consejo de Gobierno con especificación del orden del día o a petición de una quinta parte de los Diputados y se clausurará al agotar el orden del día para el que fueran convocadas.-

La Junta podrá nombrar, según determine el Reglamento, Comisiones de investigación y sobre cualquier asunto de interés para la Región.-

Las sesiones de la Junta serán públicas, salvo acuerdo en contrato de la misma adoptado por mayoría o con arreglo al Reglamento.-

Artículo 13.

La iniciativa legislativa corresponde a los Representante y al Consejo de Gobierno a través de su Presidente. Por Ley de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro se regulará el ejercicio de la iniciativa legislativa popular.-

Las leyes regionales serán promulgadas, en nombre de la República y la Región, por el Presidente del Consejo de Gobierno y publicadas en el Diario Oficial de la Región y en el Registro Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Región.-

El control de la constitución de las leyes regionales corresponderán al Tribunal Constitucional en los términos previstos en la Constitución y su ley Orgánica.-

CAPITULO II.

DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y DE SU PRESIDENTE.

Artículo 14.

El Consejo de Gobierno, órgano ejecutivo de la Región, dirige la acción política y administrativa regional, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de la Constitución, del presente Estatuto, de las Leyes del Estado y de las Leyes regionales.-

El Consejo de Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de los Consejeros. La Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, aprobará una Ley del Gobierno. El Consejo  de Gobierno responde políticamente ante la Junta de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa del Presidente y de cada Consejero por su gestión.-

Artículo 15.

El Presidente del Consejo de Gobierno, dirige las funciones del Poder Ejecutivo y ostenta la máxima representación de la Región Autónoma de Guayaquil, Costa-Sur y Austro.-

El Presidente del Consejo de Gobierno será elegido por votación popular y durará cuatro años en sus funciones.-

Artículo 16.

El Vicepresidente del Consejo y los Consejeros serán nombrados y cesados por el Presidente del Consejo de Gobierno.-

Artículo 17.

El Presidente del Consejo de Gobierno cesa en los casos de terminación del período para el cual fue elegido, destitución aprobada por la Junta de la Región de acuerdo con este Estatuto, por demisión o fallecimiento.-

Artículo 18.

La responsabilidad penal del Presidente del Consejo de Gobierno y de los Consejeros será tramitada ante la Corte Superior de Justicia de la Región por los actos delictivos cometidos en el territorio regional. Fuera de éste la responsabilidad penal será exigible ante la Corte Suprema de Justicia.-

Ante los mismos Tribunales respectivamente será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas hubieren incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos.-

Artículo 19. 

El Presidente del Consejo de Gobierno podrá interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstos en la Constitución y en su Ley Orgánica.-

CAPITULO III.

DE LAS RELACIONES ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO Y LA JUNTA DE LA REGIÓN GUAYAQUIL, COSTA-SUR Y AUSTRO

Artículo 20.

El Consejo de Gobierno responde solidariamente de su gestión ante la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro.-

La Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los consejeros para recibir información.-

Los miembros del Consejo de Gobierno tienen acceso a las sesiones plenarias de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas.-

Artículo 21.

El Presidente, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro la cuestión de delegación sobre cualquier tema de interés regional. La delegación se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Representantes.-

Si el Presidente plantease la entrega de delegación sobre un proyecto de Ley, éste se considerará aprobado siempre que vote a favor de la delegación la mayoría absoluta de los Representantes.-

La entrega de delegación prevista en el presente apartado no podrá ser planteada más de una vez en cada período de sesiones y no podrá ser utilizada respecto de la Ley de Presupuestos de la Región, ni a proyectos de legislación electoral, orgánica o institucional.-

Si la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro niega la delegación al Presidente, éste no podrá volver a presentarla hasta un nuevo período ordinario de sesiones.-

Artículo 22.

La Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro puede exigir la responsabilidad política del Presidente del Consejo de Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.-

La  moción de censura deberá ser propuesta al menos por el 40% de los Representantes y para su aprobación y consecuentemente destitución del Presidente del Consejo de Gobierno se requerirá de las dos terceras partes de los miembros de la Junta. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación.-

Si la moción de censura no fuere por la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, sus signatarios no podrán presentar otra hasta que hubiere transcurrido un año desde la fecha de votación de la primera.-

Si la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro acepta una moción de censura, el Presidente del Consejo de Gobierno cesará en sus funciones.-

La Junta de la Región designará un Presidente Temporal del Consejo de Gobierno quien deberá obligatoriamente convocar a elecciones en el término de treinta días contados a partir de la fecha de la destitución del Presidente. Las elecciones para elegir nuevo Presidente del Consejo de Gobierno Autónomo deberán realizarse a más tardar sesenta días después de su convocatoria.-

El Reglamento de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro regulará el procedimiento de tramitación de la entrega de delegación y de la moción de censura.-

En todo caso el nuevo Presidente que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandatario limitado por el término que falte para conducir el mandato original.-

Artículo 23.

El Presidente, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Junta de la Región Guayaquil, Costa-Sur y Austro, con anticipación al término natural de la legislatura.-

La disolución se acordará por Decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo cuantos requisitos exija la legislación electoral aplicable.-

El Presidente no podrá acordar la disolución de la Junta durante el primer período de sesiones, cuando reste menos de un año para su terminación, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. Tampoco podrá acordar la disolución antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución por este procedimiento. En ningún supuesto podrá el Presidente disolver la Junta cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal.-

En todo caso la nueva Junta que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria.-

DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE GUAYAQUIL, COSTA – SUR Y AUSTRO

ARTICULO 24      

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro la competencia exclusiva en las siguientes materias:

  1. Organización de sus instituciones de autogobierno.
  2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales y cuya transferencia o delegación autorice la legislación sobre Régimen Local.
  3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
  4. La conservación, modificación y desarrollo del derecho civil de la Región de Guayaquil, Costa – Sur  y Austro, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado, así como del procesal civil derivado de las peculiaridades de su derecho sustantivo.
  5. Obras públicas de interés de la Región Guayaquil, Costa – Sur y Austro, dentro de su territorio y que no tengan la calificación legal de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma.
  6. Ferrocarriles, carreteras y caminos, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma, y en los mismos términos, el transporte terrestre, fluvial y por cable, dentro de su propio territorio. Establecimiento de centros de contratación y terminales de carga en materia de transporte terrestre en el ámbito de la Comunidad.
  7. Aeropuertos y helipuertos deportivos, así como las instalaciones de navegación y deporte en aguas interiores y, en general, las que no desarrollen actividades comerciales.
  8. Agricultura, ganaderías e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
  9. Tratamiento especial de las zonas de montaña.
  10. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos, en el marco de la legislación básica del Estado.
  11. Los proyectos, la construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, de interés de la Comunidad Autónoma. Aguas minerales, termales y subterráneas.

 La ordenación y recursos de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, incluidos los hidroeléctricos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro.

  1. Pesca en aguas interiores, fluviales y lacustres, acuicultura y caza. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollen dichas actividades.
  2. Ferias y mercados interiores. Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercaderías de conformidad con la legislación general mercantil.
  3. La planificación de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. La creación y gestión de un sector público regional propio de la Comunidad.
  4. Artesanía.
  5. Museos, archivos y bibliotecas, conservatorios de música y danza y centros de Bellas artes, de interés para la Comunidad Autónoma, de titularidad no estatal.
  6. Promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro.
  7. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
  8. Asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario. Juventud, promoviendo las condiciones para su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural.
  9. Sanidad e higiene.
  10. Estadística para los fines de la Comunidad Autónoma, coordinada con la del estado y demás Comunidades Autónomas.
  11. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, y coordinación y demás facultades en relación con las políticas locales en los términos que establezca una Ley Orgánica.
  12. Cultura, con especial referencia a las manifestaciones peculiares de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro y a sus modalidades lingüísticas, velando por su conservación y promoviendo su estudio.
  13. Cualesquiera otras que le correspondan de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y el ordenamiento jurídico vigente.

2. En el ejercicio de éstas competencias corresponderán a la Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva.

ARTICULO 25

  1. En el marco de la legislación básica del Estado y en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma, de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y  Austro, el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias:
  2. Especialidades del régimen jurídico administrativo derivadas de la organización propia de la Región.
  3. Régimen minero y energético. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía eléctrica dentro de su territorio, cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio, y las instalaciones de transporte y distribución de gas natural y gases licuados de petróleo, en los mismos términos.
  4. Comercio interior y defensa del consumidor y usuario.
  5. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitaria o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. Queda reservada a la competencia exclusiva del Estado la autorización para transferencias de tecnología extranjera.
  6. Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la seguridad social.
  7. Investigación en materias de interés para la Comunidad Autónoma.
  8. El patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés para la Comunidad Autónoma.
  • Corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro la ejecución de la legislación del Estatuto en las siguientes materias:
  • Ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado.
  • Denominaciones de origen.
  • Protección del medio ambiente.
  • Casinos, juegos, apuestas y combinaciones aleatorias, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.
  • Publicidad y espectáculos, sin perjuicios de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos.
  • Planes establecidos por el Estado para la implantación o reestructuración de sectores industriales.
  • Igualmente corresponderán a la Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro aquellas competencias que son carácter de desarrollo legislativo y ejecución se deriven de las leyes marco aprobadas por las Cortes Generales.
  • Corresponderá, asimismo, a la Comunidad Autónoma de la  Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro, dentro de su territorio, la ejecución de la legislación general del Estado en aquellas materias en las que la propia norma atribuya a aquella función ejecutiva. En los mismos términos, la potestad reglamentaria, la administración y la inspección.  

ARTICULO 26

  1. La Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – sur y Austro ejercerá también competencias, en las siguientes materias:
  1. La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en otro artículo, lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado.
  2. Legislación  laboral y cooperativas.
  3. Seguridad Social.
  4. Prensa, radio y televisión.
  5. Cámaras Agrarias, de la Propiedad, de Comercio y de Industria, y otras de naturaleza equivalente.
  6. Colegios profesionales y ejercicios de las profesiones tituladas.
  • La asunción de las competencias previstas en el apartado anterior de éste artículo, así como aquellas otras que, reguladas en éste Estatuto, se realizarán por uno de los siguientes procedimientos:
  • Transcurridos los cinco años previstos en el artículo ciento cuarenta y ocho, dos, de la Constitución,  previo acuerdo de las Cortes de la Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro adoptado por mayoría absoluta y previa Ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, según lo previsto en el artículo ciento cuarenta y siete, tres, de la Constitución.
  • Mediante leyes orgánicas de delegación o transferencia, siguiendo el procedimiento del artículo ciento cincuenta, dos, de Constitución, bien a iniciativa de las Cortes de la región de la Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro, del gobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.

Tanto en uno como en otro procedimiento, la Ley Orgánica señalará las competencias que pasan a ser ejercidas por la Comunidad Autónoma y los términos en que deben de llevarse a cabo.

ARTICULO 27

  1. La Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro ejercerá la iniciativa legislativa prevista de la Constitución para la aprobación por el Estado, en su caso, de las leyes a que se hace referencia en el artículo anterior.
  2. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, La Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro, de acuerdo con cualquiera de los procedimientos señalados en el apartado dos del artículo anterior, podrá asumir otras facultades de titularidad estatal.

ARTICULO  28

En el marco de la ordenación general de la economía, y de acuerdo con las disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre las instituciones de crédito cooperativo público y territorial y Cajas de Ahorro para el fomento del desarrollo económico de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro.

ARTICULO  29

  1. La Comunidad Autónoma de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro podrá solicitar del Gobierno de la Nación la celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés para la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro y, en especial, los derivados de su situación geográfica como región.
  2. La Diputación General de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro adoptará las medidas necesarias para la ejecución, dentro de su territorio, de todos los tratados internacionales y de los actos normativos de la Organizaciones internacionales, en lo que afecten a las materias propias de las competencias de la Comunidad Autónoma.

ARTICULO  30

En relación con los Centros Universitarios en la Región de  Guayaquil, Costa – Sur y Austro, la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, asumirá las competencias y desempeñará las funciones que puedan corresponderle en el marco de la legislación general, o, en su caso, de las delegaciones que pudieran producirse, fomentando en el ámbito universitario la investigación, especialmente referida a materias o aspectos peculiares de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro, procurando la creación de centros en todas las provincias con pleno respeto a la autonomía universitaria.

ARTICULO  31

  1. En las materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma el derecho propio de la Región de Guayaquil, Costa – Sur y Austro será aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en éste Estatuto.
  2. En defecto de derecho propio, será de aplicación, como supletorio, el Derecho General del Estado. 

ESTATUTO CPSC1

Publicado:

PRESENTACIÓN

El Directorio que me honro en presidir, y que cesará en sus funciones e126 de febrero del presente año, tiene el agrado de presentar y difundir, a través de esta publicación, el nuevo Estatuto Orgánico del Comité pro Santa Cruz.

Junto a los vicepresidentes y los directores de nuestra máxima institución cívica departamental, asumí el propósito de reformar nuestra normativa estatutaria, a fin de adecuarla a las necesidades emergentes de la realidad actual de la región y el país.

Después de su creación, el 30 de octubre de 1950, el Comité ha efectuado diferentes reformas a su Estatuto, de conformidad a los requerimientos de cada época y a la naturaleza de sus proyecciones y accionar al servicio de los superiores intereses colectivos. Siguiendo esa misma orientación y conservando, en esencia, los principios rectores de la filosofía del civismo cruceño, creímos conveniente encarar la modificación del Estatuto que regía desde febrero de 1988, para enriquecer y perfeccionar los avances normativos logrados progresivamente como fruto de una positiva evolución de ideas, inquietudes y criterios.

Ciertas premisas fundamentales han guiado el trabajo de la reforma estatutaria, entre ellas la finalidad de fortalecer y ensanchar aún más la estructura organizativa del Comité con el aumento y diversificación de los grupos institucionales afiliados y el incremento substancial de la participación provincial, incorporando a los comités cívicos de secciones de provincias, además de los comités cívicos de provincias, en el seno de la institución matriz del movimiento cívico regional; el reconocimiento como miembros natos del Directorio, a las presidencias del Comité Cívico Femenino y la Unión Juvenil Cruceñista, así como La incorporación, en calidad de directores con similar prerrogativa, al Presidente de los Comités Cívicos Provinciales y La Presidenta de los Comités Cívicos Femeninos Provinciales.

Otra premisa, comprendida y aceptada unánimemente, ha sido la ampliación del período institucional, de uno a dos años, para dar continuidad a las labores del Directorio y de la Asamblea de La Cruceñidad, de acuerdo a un planificado programa de trabajo.

Hay muchos otros primordiales aspectos que se han introducido al Estatuto en cuanto a objetivos, régimen electoral, prelación normativa, el Directorio Ampliado instituido, la inclusión de las etnias autóctonas cruceñas entre los grupos institucionales, la calificación de la participación en los tres niveles de decisión, etc.

Es propicio resaltar, además, que se mantiene inalterable la política cívica de libre acceso e incorporación al Comité pro Santa Cruz de cuantas asociaciones de La sociedad civil deseen afiliarse, con sujeción al procedimiento pertinente y los requisitos establecidos en el Estatuto.

En nombre del Directorio de nuestra institución, agradezco a los respetables miembros de La Asamblea de La Crucenidad por su participación decisiva en el tratamiento y aprobación de La reforma estatutaria y de manera especial a los distinguidos integrantes de La Comisión Revisora del Estatuto, reconociendo su valioso aporte en La elaboración y análisis de los planteamientos de modificación de La normativa del Comité.

Con profunda satisfacción por el deber cumplido, entregamos el nuevo Estatuto del Comité pro Santa Cruz para su cumplimiento por las instituciones cruceñas afiliadas, tanto de carácter local como provincial y departamental, y principalmente por nuestros sucesores en La dirigencia cívica. Abrigamos La seguridad de que su correcta aplicación será enteramente beneficiosa, tanto en el orden institucional como en lo concerniente a todas Las actividades que en adelante se ejecuten en procura, como siempre, del bienestar comunitario y el desarrollo departamental.

Ing. Héctor Justiniano Paz, PRESIDENTE

Santa Cruz de la Sierra, enero 20 de 1997

ESTATUTO DEL COMITE PRO SANTA CRUZ

INDICE

TITULO I

DE LA NATURALEZA, FINES Y JURISDICCION

Capítulo I

Constitución, objetivo, domicilio y duración

Capítulo II

De los miembros

TITULO II

DE LOS ORGAÑOS INSTITUCIONALES

Capítulo I

De La Asamblea de La Crucenidad

Capítulo II

Del Directorio

Capítulo III

Del Directorio Ampliado

Capítulo IV

De Las Instituciones Cívicas Provinciales

TITULO III

DEL PROCES0 ELECCIONARIO

Capítulo I

De Las elecciones

TITULO IV

DEL PATRIMONIO Y DISPOSICIONES GENERALE5

Capítulo I

Patrimonio y régimen económico

Capítulo II

Disposiciones Generales

ESTATUTO DEL COMITE PRO SANTA CRUZ

 TITULO I 

DE LA NATURALEZA, FINES Y JURISDICCIÓN 

CAPITULO I

CONSTITUCION, OBJETIVOS, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 10.-        CONSTITUCION-El Comité pro Santa Cruz constituido e130 de octubre de 1950, por instituciones representativas de la cruceñidad, a iniciativa de La Federación Universitaria Local. Su personalidad jurídica fue reconocida por Resolución Suprema Nº 43790 de123 de julio 1951.

ARTÍCULO 2°.-         NATURALEZA.- E1 Comité pro Santa Cruz es el organismo cívico de mayor jerarquía, representativo de todos los estamentos  sociales o fuerzas vivas del departamento de Santa Cruz. Es esencialmente apolítico, sin fines de lucro y de bien común.

ARTÍCULO 3°.-         OBJETIVOS.-El Comité pro Santa Cruz tiene  como objetivos primordiales: promover, por todos los medios disponibles desarrollo humano, cultural, social y económico del Departamento precautelando la racional explotación de sus recursos naturales y La del medio ambiente bajo la premisa del desarrollo sostenible; preservar  valores morales y La identidad regional, y asumir La defensa de los interés colectivos, para alcanzar el bien común.

ARTÍCULO 4°.-         JURISDICCION, DOMICILIO Y DURACION.- ElComité tiene jurisdicción departamental. Su domicilio está en la ciudad Santa Cruz de la Sierra. Su duración es indefinida.

CAPITULO II 

DE LOS MIEMBROS

ARTÍCULO 5°.-         DE LOS MIEMBROS.- El comité está formado por las instituciones cívicas de la capital del Departamento, provincias y secciones de provincia; por instituciones culturales, sociales, gremiales, laborales, profesionales, empresariales, mutuales, campesinas, cooperativas, juveniles, agropecuarias, educativas, transportistas, estudiantiles, deportivas, fraternidades e instituciones cívicas vecinales, actualmente afiliadas y por aquellas instituciones apolíticas, cuya incorporación sea en el futuro aceptada por el directorio.

ARTÍCULO 6°.-        COMPOSICIÓN DE GRUPOS E INSTITUCIONES PROVINCLALES.- Para efectos de registro y elección de Directores y Delegados ante La Asamblea de La Crucenidad, los miembros que conforman el Comité pro Santa Cruz responden al siguiente ordenamiento:

  1. GRUPOS INSTITUCIONALES.- Las instituciones afiliadas al comité prSanta Cruz constituyen los siguientes grupos, de acuerdo a orden alfabético:
  1. Grupo de Instituciones Agropecuarias
  2. Grupo de Instituciones de Campesinos y Etnias Autóctonas Cruceñas
  3. Grupo de Instituciones Cívicas Femeninas
  4. Grupo de Instituciones Cooperativas 
  5. Grupo de Instituciones Culturales 
  6. Grupo de Instituciones Deportivas 
  7. Grupo de Instituciones Educativas 
  8. Grupo de Instituciones Empresariales
  9. Grupo de Instituciones de Estudiantes de Secundarla y Universitarios
  10. Grupo de Instituciones de Fraternidades Cruceñas
  11. Grupo de Instituciones Gremiales
  12. Grupo de Instituciones Juveniles 
  13. Grupo de Instituciones Mutuales, Ex Combatientes y Jubilados
  14. Grupo de Instituciones de Profesionales de Nivel Medio
  15. Grupo de Instituciones de Profesionales Universitarios de Nivel
  16. Grupo de Instituciones Sociales y de Servicio a La Comunidad
  17. Grupo de Instituciones de trabajadores a Sueldo
  18. Grupo de Instituciones de Transportistas
  19. Grupo de instituciones vecinales cívicas
  • INSTITUCIONES PROVINCIALES.-Las instituciones provinciales; están constituidas por los Comités Cívicos de Provincia y los Comités Cívicos de Secciones de Provincia.

ARTÍCULO 7°.-       AFILLACIÓN.-Para afiliarse al Comité pro Santa, la institución solicitante presentará su petición por escrito, acompañando copias legalizadas de su Estatuto aprobado, La resolución que reconoce Personalidad Jurídica y lista de sus asociados. Si el Directorio aprueba incorporación, La ubicará en el Grupo o lugar provincial que le corresponda. 

No podrán afiliarse al Comité instituciones político-partidistas.

ARTÍCULO 8°.-         DUALIDAD.- El Directorio no admitirá como miembro a una institución que trate de suplantar a otra ya afiliada o que sea similar su naturaleza, componentes, ámbito de acción y finalidades. Fuera de las instituciones cívicas mencionadas en este Estatuto, el Directorio tampoco admitirá a otras instituciones que mediante su denominación, objeto o acción  pudieran crear confusiones en detrimento del liderazgo del Comité pro Santa Cruz y de La unidad del pueblo cruceño o que significaren una dualidad o dispersión de esfuerzos en las actividades cívicas del Comité pro santa cruz.

ARTÍCULO 9°.-       REGISTRO.-La Secretaría del Comité tendrá bajo su responsabilidad los libros de registros de los grupos, de Las instituciones afiliadas, de Las instituciones provinciales, del Directorio, del Directorio Ampliado y de La Asamblea de La Cruceñidad.

TITULO II

DE LOS ORGAÑOS INSTITUCIONALES

CAPITULO I

DE LA ASAMBLEA DE LA CRUCEÑIDAD

ARTÍCULO 10°.- COMPOSICION.- La Asamblea de La Crucenidad, autoridad suprema del Comité pro Santa Cruz, podrá ser Ordinaria y Extraordinaria. Está compuesta por el Presidente y vicepresidentes del comité; los directores en servicio, elegidos por los grupos institucionales; el Presidente de los Comités Cívicos Provinciales, La Presidenta de los Comités Cívicos Femeninos Provinciales, el Presidente de cada Comité Cívico de Provincia afiliado, el Presidente de cada Comité Cívico de Sección de Provincia afiliado; seis (6) delegados de cada uno de los grupos establecidos en el Art. 6°, inciso a) de este Estatuto, y por los ex presidentes del Comité pro Santa Cruz. 

Entre los mencionados Directores en ejercicio, están incluidos la Presidenta del Comité cívico femenino Departamental y el Presidente de la Unión Juvenil Cruceñista como miembros de la Asamblea de La Crucenidad, en su calidad de directores natos del Comité pro Santa Cruz, con carácter de titulares por sus respectivos grupos.

ARTÍCULO 11 °. REQUISITOS.- Los delegados ante La Asamblea de La Crucenidad deberán reunir los requisitos establecidos en el numeral I. del -Art 21° de este Estatuto; no podrán actuar a la vez como directores ni como delegados de dos o más grupos.

ARTÍCULO 12º.-. LIMITACION DEL VOTO.- El Presidente, los vicepresidentes y directores tendrán derecho al voto, excepto cuando se considere la memoria de la gestión que fenece, el Balance General y otros asuntos relacionados con su responsabilidad institucional.

ARTÍCULO l3°.- REUNIONES.- La Asamblea Ordinaria de la Crucenidad se reunirá cada año, en la primera quincena de febrero, y La extraordinaria cuantas veces sea convocada por el Directorio o por el Presidente.

ARTÍCULO l4°.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a Asamblea se hará mediante avisos publicados, por lo menos en dos diarios y dos radioemisoras locales, con un mínimo de treinta y un máximo de cuarenta y cinco días de anticipación para la Asamblea Ordinaria y de dos a cinco días para la Extraordinaria.

ARTÍCULO I5°.- QUÓRUM.- El quórum se formará con la asistencia de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea, mencionados en el Art. 10°.

Si no se reuniere el quórum a la hora señalada, la Asamblea se realizará válidamente con el número de asistentes, después de una hora de espera.

ARTÍCULO I6°.- MAYORIA PARA DECISIONES.- Las decisiones se tomarán mediante votación, por mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los asistentes, excepto para la reforma de los Estatutos, para lo cual se requiere la votación afirmativa de dos tercios de los asistentes.

ARTÍCULO .l7°.- CREDENCLALES.- Los delegados a la Asamblea deberán presentar sus credenciales y carnet de identidad en la Secretaría del Comité, desde el día anterior hasta treinta minutos antes del inicio de la hora de la Asamblea. A quienes cumplan los requisitos establecidos, se les entregará una tarjeta especial que les servirá para ingresar al Salón de Asamblea y para participar en ella.

ARTÍCULO l8°.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARLA DE LA CRUCEÑIDAD.- Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria:

a) Elegir al Presidente, 1 ° y 2° Vicepresidentes, cada dos años, de acuerdo a1 art. 20° de este Estatuto y a la Convocatoria respectiva. 

b) Conocer, aprobar, observar o rechazar La memoria del Directorio y el Balance General auditado, anualmente.

c) Considerar todos los asuntos de interés general y ordinarios indicados en la Convocatoria.

d) No podrán tratarse asuntos que no estén contemplados en la Convocatoria.

ARTÍCULO l9°.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARLA DE LA CRUCEÑIDAD.- Son atribuciones de La Asamblea Extraordinaria:

a) Autorizar al directorio la compra, venta, hipoteca de bienes inmuebles, obtención de préstamos preferentemente no reembolsables y/o concesionales.

b) Aprobar la reforma del Estatuto orgánico del Comité pro Santa Cruz, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: en una primera reunión se determinarán, por dos tercios de los asistentes, los artículos que deben ser reformados. Aprobada la necesidad de la reforma, pasará el asunto en estudio a una comisión designada en la misma Asamblea. Con el informe de dicha comisión y el que presentare el Directorio, si así lo estima conveniente, se considerará en una segunda reunión convocada en un plazo no mayor de 30 días, La reforma definitiva que deberá ser aprobada por dos tercios de los asistentes. 

c) Considerar únicamente los asuntos para los que hubiera sido convocada.

CAPTULO II

DEL DIRECTORIO

ARTÍCULO 20°.- COMPOSICION.- El Directorio del Comité pro Santa Cruz está constituido por el Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente, un Director representando a cada uno de los grupos establecidos en el Art. 6°, inciso a), afiliados al. Comité, el Presidente de los Comités Cívicos Provinciales, el Presidente del Comité Cívico de cada Provincia afiliado y La Presidenta de los Comités Cívicos Femeninos Provinciales.

Entre los mencionados directores, están incluidos La Presidenta del comité Cívico Femenino Departamental y el Presidente de La Unión Juvenil Cruceñista, en calidad de miembros titulares natos, en representación de sus respectivos grupos.

El Directorio elegirá de entre sus miembros un Secretario y un Tesorero.

El Directorio se renovará cada dos años en la primera quincena del mes de febrero, debiendo realizarse el acto de posesión el día 26 de febrero, conmemorando la fundación de Santa Cruz de la Sierra.

ARTÍCULO 21º.- ‘REQUISITOS.-

I Para ser director, elegido por los diferentes grupos y por Las instituciones cívicas de provincias, se requiere:

a) Tener 25 años, como mínimo, excepto en los casos de los directores elegidos por Las instituciones juveniles y estudiantiles, que deberán tener un mínimo de 16 años de edad.

b) Ser cruceño de nacimiento o hijo de padre o madre cruceños

c) Residir en el departamento de Santa Cruz por un período mínimo de diez (10) años continuos hasta la fecha de su elección.

d) Tener buenos antecedentes como ciudadano.

e) No ser dirigente de partido o grupo político.

f) No ser autoridad política o administrativa nacional, departamental o municipal ni ejercer funciones ejecutivas en entidades autárquicas o en entidades públicas.

g) No tener auto de procesamiento ejecutoriado.

II. Para ser Presidente o Vicepresidente, además de cumplir Las condiciones señaladas en el presente artículo, se requiere 15 años de residencia en el departamento de Santa Cruz y haber cumplido 35 años de edad.

ARTÍCULO 22°.- DURACION DEL MANDATO.-El Presidente, el. Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente y los directores serán elegidos por el período de dos años. Ejercerán sus funciones desde su posesión hasta el día en que sean posesionados sus sucesores

Los directores que desempeñen simultáneamente funciones de dirigentes de instituciones, conforme al ARTÍCULO 53º, párrafo tercero, cesaran en su mandato en el Directorio del Comité pro Santa Cruz, antes de cumplirse los 2 años mencionados precedentemente, cuando concluyan sus respectivos periodos en las entidades a las que pertenecen, debiendo ser reemplazados inmediatamente por quienes les sucedan en los mismos cargos, con sujeción a los requisitos establecidos en al Art. 21º.

ARTÍCULO 23º.- REELECCION.-El Presidente no puede ser reelegido en forma continua, pero transcurrido un periodo podrá postular nuevamente a dicho cargo. Los vicepresidentes, cumplido su periodo, no pueden ser reelegidos para sus mismos cargos, salvo transcurrido un periodo. Los demás directores podrán ser reelegidos solo por un periodo mas. En lo posterior, tanto el Presidente como los vicepresidentes y los Directores podrán postular a los mismos cargos, sin limite alguno, sujetándose imprescindiblemente a la norma de discontinuidad señalada.

ARTÍCULO 24°.- REUNIONES.- El Directorio se reunirá ordinariamente en forma quincenal, en días y horas previamente establecidos, y extraordinariamente las veces que sea convocado por el Presidente, a iniciativa propia o a solicitud de un tercio de los directores.

De cada reunión se levantará un acta circunstanciada, que será firmada por el Presidente y el Director Secretario.

ARTÍCULO 25º.- CONVOCATORIA.-No se requerirá convocatoria para las reuniones ordinarias. Las extraordinarias serán convocadas por los menos con seis horas de anticipación.

ARTÍCULO 26°.- QUÓRUM.- El Directorio formará quórum con La asistencia de por lo menos trece (13) directores con mandato vigente.

ARTÍCULO 27°.- DECISIONES.- Las decisiones se tomarán mediante votación, por mayoría absoluta de los asistentes. El presidente dirimirá en caso de empate.

ARTÍCULO 28°.- DERECHO A VOZ.- Además de los directores, podrán asistir, con derecho a voz sobre determinados asuntos, personas y/o miembros de las comisiones de trabajo o asesoramiento designados por el Directorio del Comité y que hubieran sido especialmente invitados o que se les conceda audiencia para exponer temas específicos.

ARTÍCULO 29°.- SESIONES PUBLICAS.- El Directorio podrá permitir que representantes o miembros de Las instituciones afiliadas escuchen sus deliberaciones. Los asistentes deberán observar una conducta respetuosa y mantener silencio y orden.

ARTICUL0 30°.- REPRESENTACION GENERAL.- Los directores no actuarán en función de delegados del grupo que los hubiera elegido ni de la institución a que pertenecen sino como representantes de todas las fuerza vivas del Departamento.

ARTÍCULO 31º.- PROHIBICION.- Si bien los directores, delegados y ex presidentes pudieran tener cualquier clase de ideas políticas, creencias religiosas; o convicciones ideológicas, no deberán utilizar al Comité como foro para expresión de tales ideas, creencias o convicciones.

ARTÍCULO 32°.- COMISIONES ESPECIALES.-El Directorio podrá conformar comisiones especiales que tendrán a su cargo estudiar temas interés permanente o temporal. Presentarán al Directorio las sugerencias y recomendaciones que estimen convenientes sobre los asuntos que se les encomiende. Estas comisiones serán presididas preferentemente por un Director e integradas por colaboradores especializados.

ARTÍCULO 33°.- ASESORES.- El Directorio designará a los asesores que estime conveniente.

ARTÍCULO 34°.- ATRIBUCIONES.- El Directorio tendrá todas las facultades de representación, administración y disposición que no estén reservadas a la Asamblea de La Crucenidad. Tendrá Las atribuciones que de modo simplemente enunciativo y no limitativo se citan a continuación:

a) Realizar cuanta labor sea necesaria para cumplir las finalidades del Comité.

b) Determinar los lineamientos de política institucional en aquellos casos que juzgue necesario.

c) Aprobar los documentos que definan la posición del comité en toda clase de asuntos de interés regional o nacional.

d) Fijar los aportes mensuales de Las instituciones afiliadas

e) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos

f) Aceptar o rechazar la incorporación de instituciones

g) Convocar a Asamblea de La Crucenidad Ordinaria o Extraordinaria

h) Aceptar legados o donaciones.

i) Dictar reglamentos internos y especiales.

J) Velar por el fiel cumplimiento del Estatuto y Reglamentos

k) Presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria de la Cruceñidad, su Memoria Anual de Labores y Balance General.

l) Aprobar toda clase de contratos y actos jurídicos.

m) Adquirir o enajenar bienes muebles y, con autorización de la Asamblea de la Cruceñidad, bienes raíces o inmuebles y obtención de préstamos preferentemente no reembolsables y/o concesionales. 

ARTÍCULO 35°.- SUPLENCLAS.- Cada Director Titular tendrá un Director Alterno, elegido por su mismo Grupo, que lo sustituirá en forma temporal o hasta La terminación de su mandato, según sea el caso y en concordancia con lo previsto en el Art. 22°. Si ello no fuera posible, La Junta Electoral del Comité convocará de inmediato al. Grupo respectivo para elegir al nuevo Director y a su Alterno.

Los alternos del Presidente y La Presidenta de los Comités Cívicos Provinclales serán sus respectivos vicepresidentes.

Los vicepresidentes de los Comités Cívicos de Provincia serán directores o delegados alternos de los respectivos presidentes.

El Directorio elegirá, de entre sus miembros, los alternos para los cargos de Secretario y Tesorero.

ARTÍCULO 36°.- PRESIDENTE INTERNO.- En caso de que la Presidencia quedare acéfala, por no haber sido posible que asuma el cargo ninguno de los vicepresidentes, el Directorio elegirá entre sus miembros, un Presidente interino.

ARTÍCULO 37°.- EXTINCION DE MANDATO.- El Directorio podrá declarar extinguido el mandato de los directores titulares o suplentes que faltaren, sin causa justificada, a tres reuniones consecutivas o a seis discontinuas, en un período de tres meses.

ARTÍCULO 38°.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Las principales atribuciones del Presidente son:

a) Convocar y presidir Las reuniones de Directorio y de La Asamblea de La Crucenidad.

b) Representar al Comité en todos los actos oficiales, pudiendo delegar su representación a los vicepresidentes y a los directores.

c) Dirigir todas Las actividades del Comité y ejecutar Las decisiones del Directorio y La Asamblea.

d) Firmar La correspondencia, actas y declaraciones escritas, conjuntamente con el Director Secretario.

e) Firmar, conjuntamente con el Tesorero u otro personero autorizado por el Directorio, todos los cheques y documentos relacionados con el movimiento económico de La entidad.

f) Firmar, conjuntamente con el Secretario y Tesorero, todos los contratos aprobados por el Directorio.

g) Contratar empleados, de acuerdo a presupuesto, así como retirarlos. h) Dirimir los empates en los casos previstos en este Estatuto.

ARTÍCULO 39°.- ATRIBUCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES.- Los vicepresidentes, en su orden, sustituirán ai Presidente en forma temporal o definitiva, según sea el caso, con todas Las facultades y atribuciones inherentes ai cargo.

Los vicepresidentes presidirán Las comisiones y ejercerán Las funciones de orden interno que les delegue el Directorio o el Presidente

CAPITULO III

DEL DIRECTORIO AMPLLADO

ARTÍCULO 40°.- COMPOSICION Y OBJETO.- El Directorio Ampliado se constituye en un órgano intermedio de consulta, coordinación y decisión que se encuentra conformado por el Presidente, los vicepresidentes, directores y los ex-presidentes del Comité pro Santa Cruz.

ARTÍCULO 410.- FACULTADES.- El Directorio Ampliado tendrá La facultad de definir y coordinar Las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, necesidades y requerimientos del Departamento, promover La materialización de Las aspiraciones de la comunidad cruceña, así como la defensa de los intereses regionales, diversificando los sistemas de lucha cívica que se estime conveniente.

ARTÍCULO 42°.- REUNIONES.- Las reuniones del Directorio Ampliado se realizarán, a convocatoria del Presidente, en forma ordinaria una vez al ano, en la primera semana del mes de septiembre, para considerar los asuntos de interés general indicados en la convocatoria, y en forma extraordinaria cuando así lo determine el Directorio o el Presidente del Comité pro Santa Cruz. Sus resoluciones se tomarán mediante votación, por mayoría absoluta  de los asistentes.

A invitación del Presidente podrán asistir y/o participar en Las reuniones. cor derecho a voz, autoridades políticas y administrativas del departamento, los presidentes de Las instituciones miembros del Comité y otros que se estime necesario

ARTÍCULO 43°.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del Directorio ampliado serán ejecutadas por el Presidente y el Directorio.

ARTÍCULO 44°.- QUÓRUM.- El Directorio Ampliado formará quórum con La asistencia de por lo menos 13 directores con mandato vigente y tres ex-presidentes.

CAPITULO IV

DE LAS INSTITUCIONES CIVICAS PROVINCLALES

ARTÍCULO 45º.- COMPOSICION Y DENOMINACION.-

  1. Composición.- Los Comités Cívicos de Provincia y de Sección de Provinciaafiliados al Comité pro Santa Cruz, tendrán una composición similar a La de éste, de tal modo que participen en ellos Las fuerzas vivas de su respectiva circunscripción territorial. Cada Provincia tendrá un Comité Cívico de Provincia y tantos Comités Cívicos de Sección de Provincia como secciones provinciales tenga.

Cada provincia tendrá un mínimo de tres delegados ante la Asamblea. Aquellas que sólo tengan una Sección de Provincia, nominarán su tercer delegado, y su respectivo alterno, de entre los directivos de sus instituciones cívicas.

Los presidentes de los Comités Cívicos de Sección de Provincia tendrán como alternos, ante la Asamblea de La Crucenidad, a los vicepresidentes de sus respectivos directorios.

B. DENOMINACION.­-

Comité Cívico de Provincia: Es el organismo cívico que representa a toda La Provincia. Tendrá asiento preferentemente en La Capital de Provincia. En su denominación llevará el nombre de La Provincia correspondiente y no podrá incluir Las palabras “pro Santa Cruz”.           

Comité Cívico de Sección de Provincia.- Es el. Organismo cívico que representa a cada Sección de Provincla. En su denominación llevará el nombre de La Sección de Provincia seguido del de su provincia y no podrá incluir Las palabras “pro Santa Cruz”. Podrán existir comités Cívicos de cantones, pueblos y comunidades, que estarán representados por su Sección de Provincla. 

Presidente de los Comités Cívicos Provinciales.-Es quien resulta elegido democráticamente por Las instituciones cívicas de todas Las provincias cruceñas. Residirá en La ciudad de Santa Cruz y cumplirá Las funciones establecidas en el presente Estatuto.

Presidenta de los Comités Cívicos Femeninos Provinciales.- Es quien resulta elegida democráticamente por Las instituciones cívicas femeninas de Las provincias cruceñas. Residirá en La ciudad de Santa Cruz y cumplirá Las funciones establecidas en el presente Estatuto

ARTÍCULO 46°.- FINALIDADES.- Los Comités Cívicos de Provincla y de Sección de Provincla tendrán Las mismas finalidades que el Comité pro Santa Cruz, pero circunscritas a sus respectivas jurisdicciones

ARTÍCULO 47°.- ACCIDN COORDINADA.- Los Comités Cívicos de Provincla y los de Sección de Provincla actuarán en forma coordinada con el comité pro Santa Cruz para dar mayor fuerza a sus planteamientos y aspiraciones y para fortificar La unidad departamental, dando cumplimiento a lo que establece este Estatuto.

ARTÍCULO 48°.- PRECANDIDATOS, Cada Comité Cívico de Provincla podrá presentar a La Junta Electoral una nómina de precandidatos a los cargos electivos de1 comité pro Santa Cruz, que haya elegido democráticamente..

ARTÍCULO 49°.- PRELACIÓN NORMATIVA, En caso de que exista conflicto o contraposición en La interpretación de Estatutos de los comités cívicos de Provincla y/o de Sección de Provincla, cuando éstos se contrapongan con el presente Estatuto, por jerarquía regirá y se aplicará por prelación normativa el Estatuto del Comité pro Santa Cruz.

CAPITULO III

DEL PROCESO ELECCIONARIO

CAPITULO I

DE LAS ELECCIONES

ARTÍCULO 50º .- JUNTA ELECTQRAL.- En La misma reunión de directorio que apruebe la convocatoria ala Asamblea Ordinaria, se elegirá una Junta Electoral compuesta de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que no sean miembros del Directorio pero que cumplan los requisitas establecidos en el Art. 21, inciso II. La Junta Electoral tendrá a su cargo proceso eleccionario, con plenas facultades de decisión, conforme a Las  normas de este Estatuto y al reglamento de elecciones.

ARTÍCULO 51 0.-CONVOCATORLA A GRUPOS.- La Junta Electoral convocará por prensa y radio a los 19 grupos establecidos en el Art. 6°, inciso a) de este Estatuto, para que se reúnan, en forma separada, con anterioridad suficiente a La fecha de La Asamblea Ordinaria de La Crucenidad.

ARTÍCULO 52°.- PARTICIPANTES DE CADA GRUPO.- Participarán, en la reunión de cada grupo, un representante autorizado de cada una de Las instituciones pertenecientes al grupo, afiliadas al Comité, con por lo menos un año de antigüedad y que se encuentren con sus cuotas al día. Presidirán Las reuniones el Presidente o el ~Vicepresidente de La Junta Electoral, sin derecho a voto.

ARTÍCULO 53°, ELECCIONES ENLOS GRUPOS.- Cada grupo elegirá, mediante votación, por mayoría absoluta de los asistentes:

  • Un Director titular del Comité pro Santa Cruz, a excepción del Grupo de Instituciones Cívicas Femeninas y del Grupo de Instituciones Juveniles, cuyos Directores Titulares natos serán La Presidenta del Comité Civico Femenino Departamental y el Presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, respectivamente.
  • Un Director alterno.
  • Tanto el Director Titular como el Alterno deberán ser, preferentemente, el Presidente y el Vicepresidente de la institución matriz  de cada grupo o presidentes de instituciones que lo conforman, sujetándose a los requisitos señalados en el artículo 21º.
  • Un precandidato para Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente del Comité, si así lo considera conveniente.
  • Así también cada grupo elegirá, por simple mayoría, seis alternos ante La Asamblea de la Cruceñidad, quedando inmediatamente facultados para el acto eleccionario de La Asamblea Ordinaria que se realice y para el nuevo periodo

En caso de que no pudiera reunirse uno o más grupos para elegir si representantes en el Directorio del Comité y/o sus delegados a La Asamblea en estricta observancia de lo establecido en este Estatuto, dichos grupos quedarán en receso hasta que se logre su normalización

ARTÍCULO 54°.- NOMINA DE CANDIDATOS.-  De entre lo precandidatos para Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente propuestos por uno o más grupos, de acuerdo al. Art. 53° y lo señalado en e Art. 48°, o por lo menos 12 delegados titulares de los grupos, La Junta Electora elevará a La Asamblea la nómina de candidatos que reúnan los requisitos establecidos en este Estatuto.

ARTÍCULO 55°.- ELECCIONES POR LA ASAMBLEA.- Después que el Presidente y Director Tesorero del Comité pro Santa Cruz den lectura a los respectivos informes de gestión, se dará inicio al acto eleccionario. Para ello La Asamblea Ordinaria de la Cruceñidad pasará a ser presidida por el Presidente de La Junta Electoral.

Se elegirá en votación secreta y por cada cartera, mediante papeleta única que cada delegado emitirá e introducirá en ánforas habilitadas ai efecto, y por mayoría absoluta, es decir, La mitad más uno de los asistentes, al Presidente, 1 ° y 2° vicepresidentes, de entre Las personas que figuran en La nómina de candidatos oficializada por La Junta Electoral al inicio del acto eleccionario.

En caso de no alcanzarse La mayoría absoluta en La primera votación, para uno o más cargos, se hará un segundo sufragio entre los dos (2) candidatos que tuviesen mayor número de votos, en las carteras que correspondan

Si se produjera un empate, se harán Las votaciones adicionales necesarias entre los dos candidatos finalistas hasta que se defina un ganador.

ARTÍCULO 56°.- SUSPENSIDN DE LAS ELECCIONES.- En caso de fuerza mayor o de circunstancias especiales que interfieran La normalidad del acto eleccionario, La Junta Electoral podrá suspender las elecciones, señalando las causas que justifiquen esta decisión y fijando al mismo tiempo nueva fecha para su realización dentro de los ocho días siguientes, conforme al Art. 57°, debiendo La Asamblea pasar a cuarto intermedio.

ARTÍCULO 57°.- REANUDACION DEL ACTO ELECTORAL.- Producido el caso previsto en el artículo anterior, se reinstalará La Asamblea por La Junta Electoral, realizándose Las elecciones bajo La supervisión de ésta, que asimismo hará el escrutinio. 

TITULO IV 

DEL PATRIMONIO Y DISPOSICIONES GENERALES

 CAPITULO I

PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO

ARTÍCULO 58°.- PATRIMONIO DEL COMITE.- El Patrimonio del Comité, como institución sin fines de lucro, está constituido por los bienes inmuebles, muebles, valores, acciones y otros bienes que hayan sido adquiridos en compra, donación, legado o a cualquier otro título

En caso de disolución, o extinción del comité, todo su patrimonio será destinado a una institución similar sin fines de lucro, conforme a los pertinentes preceptos legales.

ARTÍCULO 59°.- RECURSOS ECONOMICOS DEL COMITE.- Están constituidos por los aportes de Las instituciones afiliadas, contribuciones especiales, préstamos no reembolsables o concesionales y/o donaciones de instituciones públicas o privadas, ingresos propios por servicios u otros.

ARTÍCULO 60°.- MANEJO DE FONDOS.- El manejo de fondos estará a cargo y bajo La responsabilidad del Tesorero y el Presidente, a través de los correspondientes personeros administrativos, conforme a presupuesto aprobado por el Directorio.

ARTÍCULO 61′.- BALANCE ANUAL.- El Tesorero será responsable de que se practique un Balance General al 31 de diciembre de cada año y los demás estados contables auditados que serán presentados al Directorio y a La Asamblea Ordinaria de La Cruceñidad.

ARTÍCULO 62°.- APORTES.- Los aportes serán fijados teniendo en cuenta Las posibilidades económicas de Las entidades afiliadas y Las necesidades del Comité, los cuales deberán ser pagados en forma obligatoria y oportuna.

ARTÍCULO 63°.- OTROS INGRESOS.- E1 Comité podrá recibir contribuciones de personas particulares y/o jurídicas y realizar actividades destinadas a generar y/o recaudar fondos.

ARTÍCULO 64°.- PROHIBICION.- El Comité no podrá destinar sus recursos a obras de caridad o beneficencia ni a fines ajenos a sus objetivos.

ARTÍCULO 65°.- FORMA DE EGRESOS.- Los egresos, excepto los de Caja Chica, se harán mediante cheque con La firma del Presidente y otra autorizada por el Directorio.

ARTÍCULO 66°.- EGRESOS EXTRA ORDINARIOS.- Los egresos extraordinarios que no figuren en presupuesto, deberán ser autorizados por el Directorio.

CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 67°.- CONJUNCION DE ESFUERZOS.- Siendo amplios y patrióticos los anhelos y propósitos del Comité pro Santa Cruz, Las instituciones afiliadas deberán prestarle todo su apoyo y luchar conjuntamente,, bajo exclusivo liderazgo del Comité, en La solución de los múltiples problemas que afectan al Departamento, cuyo progreso contribuirá al resurgimiento y grandeza de Bolivia.

Ninguna institución afiliada podrá públicamente adoptar posiciones contrarias a Las asumidas por el Comité pro Santa Cruz.

ARTÍCULO 68°.- CONCILIACION.- El comité podrá actuar como conciliador o mediador a pedido de cualquiera de Las partes, cuando se produjera un conflicto entre instituciones afiliadas, pero no podrá pronunciarse en contra o en favor de una de ellas.

ARTÍCULO 69°.- RECESO.- Si se produjera una división interna de importancia en el seno de cualquier institución afiliada, al extremo de que dos o más sectores se disputen su dirección, el Directorio podrá suspender su participación en el Grupo que le corresponde hasta que se normalice La situación, de acuerdo a Las normas legales o estatutarias aplicables. Sin embargo, si se tratare de una usurpación de funciones directrices, el Comité pro Santa Cruz sólo reconocerá a La directiva legalmente elegida.

ARTÍCULO 70°.- DESIGNACION DE AUTORIDADES.- El Comité se abstendrá de hacer recomendaciones o postulaciones para La designación de autoridades políticas, judiciales, administrativas o militares del sector público. Sin embargo, deberá propender a que Las principales autoridades departamentales sean, preferentemente, oriundas de Santa Cruz.

ARTÍCULO 710.- INTERPRETACION DEL ESTATUTO.- El Directorio interpretará el presente Estatuto cuando surgieren legítimas dudas sobre sus verdaderos alcances o sentido.

ARTÍCULO 72°.- ACTAS.- El Director Secretario llevará dos libros de Actas: uno para el Directorio y otro para Las Asambleas de La Cruceñidad.

Las actas de Las asambleas serán suscritas por el Presidente, el Secretario y por dos (2) delegados de la misma Asamblea elegidos para este fin. No requieren aprobación posterior.

ARTÍCULO 73°.- GESTIONES PERSONALES.- El Comité pro Santa Cruz en ningún caso como gestor para La solución de problemas personales, aunque podrá oficiar para que los organismos pertinentes actúen de acuerdo a Las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO TRANSITORIO.- Las enmiendas a este Estatuto entrarán en vigencia a partir de su aprobación en La misma Asamblea Extraordinaria convocada expresamente para tal efecto.

Santa Cruz de La Sierra, 13 de enero de 1997

NOTA: El presente Estatuto fue aprobado en Asamblea Extraordinaria de La Crucenidad realizada en fecha 13 de enero de 1997. Suscribieron el acta de La Asamblea el presidente del comité pro Santa Cruz, Ing. Héctor Justiniano Paz; el director secretario, Dr. Carlos Alberto Suárez Chávez, así como los señores directores; Herman Wille Aimaretty y Luis Darío Vázquez Rivero, designados para el efecto por los asambleístas

LEY ORGÁNICA 5/1982, DE 1 DE JULIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Publicado:

Disposición: LEY ORGÁNICA 5/1982, DE 1 DE JULIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA [DOGV núm. 74, de 15 de julio] 
Última actualización: 17.06.2004 
Realizada por:Centro de Información y Documentación Jurídico Administrativa de la Generalitat Valenciana. Presidencia de la Generalitat. 

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ModificadaLey Orgánica 4/199113.03.199163/199114.03.1991
ModificadaLey Orgánica 5/199424.03.199472/199425.03.1994
ModificadaLey 24/200201.07.2002157/200202.07.2002

LEY ORGÁNICA 5/1982, DE 1 DE JULIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA [DOGV núm. 74, de 15 de julio] 

PREÁMBULO

El presente Estatuto constituye la manifestación de la voluntad autonómica del pueblo de las provincias valencianas, tras su etapa preautonómica, a la que accedió en virtud del Real Decreto-ley 10/1978, por el que se creaba el Consell del País Valenciano. 

Aprobada la Constitución española, es, en su marco, donde la tradición valenciana proviniente del histórico Reino de Valencia se encuentra con la concepción moderna del País Valenciano, dando origen a la autonomía valenciana, como integradora de ambas corrientes de opinión que enmarcan lo valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco geográfico que comprende. 

TÍTULO I La Comunidad Valenciana 

Artículo 1 

Uno. El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la indisoluble unidad de la nación española, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunidad Valenciana. 

Dos. La Comunidad Valenciana es la expresión de la voluntad democrática y del derecho del autogobierno del pueblo valenciano, y se rige por el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. 

Tres. La Comunidad Valenciana tiene por objeto reforzar la democracia y garantizar la participación de todos los ciudadanos en la realización de sus fines. 

Artículo 2 

Los derechos, deberes y libertades de los valencianos son los establecidos o reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto. Corresponde a la Generalitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, promover las condiciones para que la libertad e igualdad de los ciudadanos y los grupos en que se integran sean reales y efectivas; eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, fomentar el desarrollo de las peculiaridades del Pueblo Valenciano y facilitar la participación de los valencianos en la vida política, económica, cultural y social. 

Artículo 3 

El territorio de la Comunidad Autónoma comprende el de los municipios integrados en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. 

Artículo 4 

Uno. A los efectos del presente Estatuto, tienen la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma. 

Dos. Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma Valenciana, y acrediten dicha condición en el correspondiente Consulado de España, tendrán los derechos políticos definidos en el presente Estatuto. El mismo régimen se aplicará a sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan en la forma que lo determine la Ley del Estado. 

Artículo 5 

Uno. La tradicional señera de la Comunidad Valenciana está compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta. 

Dos . Una ley de las Cortes Valencianas podrá determinar la simbología heráldica propia de la Comunidad que integra las tres provincias de Castellón , Valencia y Alicante y su incorporación a la señera , sobre las barras . 1

Artículo 6 

La sede de la Generalitat Valenciana radicará en el Palacio de su nombre, sito en la ciudad de Valencia. 

Sus instituciones podrán establecerse y celebrar reuniones en cualquiera de los municipios de la Comunidad, de acuerdo con lo que determine la Ley. 

Artículo 7 

Uno. Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos. 

Dos. La Generalitat Valenciana garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. 

Tres. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. 

Cuatro. Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano. 

Cinco . La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y en la enseñanza . 2

Seis . Mediante ley se delimitarán los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua , así como los que puedan exceptuarse de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunidad . 3

Artículo 8 

Las normas y disposiciones de la Comunidad Autónoma Valenciana tendrán eficacia territorial, con las excepciones que puedan establecerse y en los casos en que sean de aplicación al estatuto personal y otras normas de extraterritorialidad. 

TÍTULO II La Generalitat Valenciana 

CAPÍTULO I 

Artículo 9 

Uno. El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunidad constituye la Generalitat Valenciana. 

Dos. Forman parte de la Generalitat: las Cortes Valencianas o Corts, el Presidente, el Gobierno valenciano o Consell y las demás instituciones que determine el presente Estatuto. 

CAPÍTULO II LAS CORTES VALENCIANAS 

Artículo 10 

La potestad legislativa dentro de la Comunidad corresponde a las Cortes Valencianas, que representan al pueblo. Las Cortes Valencianas son inviolables. 

Artículo 11 

Son funciones de las Cortes Valencianas: 

a) Aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana y las emisiones de Deuda Pública. 

b) Controlar la acción del Gobierno valenciano. 

c) Elegir al Presidente de la Generalitat Valenciana. 

d) Exigir, en su caso, la responsabilidad política del Presidente y del Gobierno. 

e) Ejercer el control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat Valenciana. A tal efecto, podrían crearse, en su caso, comisiones especiales de investigación o atribuirse esta facultad a las comisiones permanentes. 

f) Presentar a la Mesa del Congreso proposiciones de ley y a nombrar a los Diputados encargados de defenderlas. 

g) Solicitar del Gobierno del Estado la adopción de proyectos de ley. 

h) Interponer recursos de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal Constitucional. 

i) Aprobar, a propuesta del Gobierno valenciano, los convenios y acuerdos de cooperación con el Estado y las demás Comunidades Autónomas. 

j ) Designar a los Senadores que han de representar a la Comunidad Autónoma Valenciana , según lo previsto en el artículo 69 . 5 de la Constitución . 4

k) Cuantas otras le atribuyan las leyes y el presente Estatuto. 

Artículo 12 

Uno . Las Cortes Valencianas estarán constituidas por un número de Diputados no inferior a setenta y cinco ni superior a cien , elegidos mediante sufragio universal , libre , igual , directo y secreto , en la forma que determine la Ley Electoral Valenciana , atendiendo a criterios de proporcionalidad y , en su caso , de comarcalización . 5

Dos. Para poder obtener escaño y ser proclamados electos, los candidatos de cualquier circunscripción deberán haber sido presentados por partidos o coaliciones que obtengan un número de votos superior al cinco por ciento de los emitidos en la Comunidad Autónoma Valenciana. 

Tres. Los miembros de las Cortes Valencianas gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios, y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

Cuatro . El mandato de las Cortes Valencianas será de cuatro años . Las elecciones se celebrarán el cuarto domingo de mayo cada cuatro años , en los términos previstos en la Ley que regule el régimen electoral general . En todo caso , las Cortes Valencianas electas se constituirán en el plazo máximo de noventa días , a contar desde la expiración del mandato . 6

Artículo 13 

La Ley Electoral Valenciana , prevista en el apartado uno del artículo anterior , será aprobada en votación de conjunto por las tres quintas partes de las Cortes Valencianas y contemplará un mínimo de veinte Diputados por cada circunscripción , atendiendo a criterios de proporcionalidad respecto a la población , de modo que el sistema resultante no establezca una desproporción que exceda de la relación de uno a tres . 7

Artículo 14 

Uno . Las Cortes Valencianas aprobarán su Reglamento de Régimen Interno y nombrarán a su Presidente , su Mesa y una Diputación Permanente . 8

Dos. Las Cortes Valencianas funcionarán en Pleno o en Comisiones. Podrán delegar en las Comisiones la elaboración de leyes, sin perjuicio de que el Pleno pueda recabar el debate y votación de las mismas. 

Tres. Las Cortes Valencianas se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios comprenderán cuatro meses y se celebrarán entre septiembre y diciembre el primero, y entre febrero y junio el segundo. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por su Presidente a propuesta del Consell, de la Diputación Permanente o a petición de una quinta parte de los Diputados o del número de Grupos Parlamentarios que determine el Reglamento de Régimen Interior. Las sesiones extraordinarias se clausurarán una vez agotado el orden del día determinado para el que fueron convocadas. 

Cuatro. Las Cortes Valencianas adoptan sus acuerdos por mayoría simple, salvo expresa disposición en contrario. Para validez de sus acuerdos es necesaria la presencia de al menos la mitad más uno de los Diputados. 

Cinco . La iniciativa legislativa corresponde a los Grupos Parlamentarios , al Gobierno valenciano y al Cuerpo electoral . La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley que hayan de ser tramitadas por las Cortes Valencianas se regulará por éstas mediante ley , en el marco de la Ley Orgánica prevista en el artículo 87 . 3 de la Constitución . 9

Seis. Las leyes de la Generalitat Valenciana serán promulgadas, en nombre del Rey, por su Presidente y publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el plazo de quince días, desde su aprobación, y en el Boletín Oficial del Estado. 

A efectos de su vigencia , regirá la fecha de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana . 10

CAPÍTULO III EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11

Artículo 15 

Uno. El Presidente de la Generalitat será elegido por las Cortes Valencianas de entre sus miembros y, nombrado por el Rey. La facultad de presentar candidatos corresponde a los Grupos Parlamentarios. 

Dos. Para ser elegido se requiere la mayoría absoluta de las Cortes Valencianas en primera votación. En caso de no alcanzar dicha mayoría, la votación se repetirá cuarenta y ocho horas después, siendo candidatos los dos que, habiéndolo sido en la primera, hubieran alcanzado mayor número de votos. En la segunda votación bastará la, mayoría simple para ser elegido. 

Tres. En caso de renuncia, pérdida de la confianza en los términos del artículo dieciocho del presente Estatuto, dimisión o incapacidad, se procederá a elegir Presidente de acuerdo con el procedimiento del presente artículo. 

Artículo 16 

Uno. El Presidente de la Generalitat Valenciana, que a su vez lo es del Consell, dirige la acción del Gobierno, coordina funciones y ostenta la más alta representación de la Comunidad Autónoma Valenciana, así como la ordinaria del Estado en la misma. 

Dos. El Presidente es responsable políticamente ante las Cortes Valencianas. Estas pueden exigir la responsabilidad del Gobierno valenciano mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta, al menos, por la quinta parte de los Diputados y que habrá de incluir un candidato a la Presidencia. 

La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 

Tres. Si la moción de censura no fuere aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. Si fuere aprobada, el Presidente y el Gobierno valenciano cesarán en sus funciones y el candidato incluido en aquélla será nombrado por el Rey, Presidente de la Generalitat Valenciana. 

CAPÍTULO IV EL GOBIERNO VALENCIANO O CONSELL 12

Artículo 17 

Uno. El Consell es el órgano colegiado del Gobierno valenciano, que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. En particular, dirige la Administración, situada bajo la autoridad de la Generalitat Valenciana. 

Dos. Sus miembros, cuyo número no excederá de diez con funciones ejecutivas, además del Presidente de la Generalitat Valenciana, son designados por éste. Sus funciones, composición, forma de nombramiento y cese de sus miembros, serán regulados por ley de las Cortes Valencianas. 

Tres. La sede del Gobierno valenciano estará en la ciudad de Valencia, y sus organismos, servicios y dependencias podrán establecerse en diferentes lugares del territorio de la Comunidad, de acuerdo con criterios de descentralización y coordinación de funciones. 

Cuatro . Todas las normas , disposiciones y actos emanados del Gobierno valenciano , que por su naturaleza lo requieran , serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana . Esta publicación será suficiente para su validez y entrada en vigor . 13

En relación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado se estará a lo que disponga la correspondiente norma estatal. 

Artículo 18 

El Consell responde políticamente de forma solidaria ante las Cortes Valencianas, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión. 

Su Presidente, previa deliberación por el órgano colegiado, puede plantear ante las Cortes Valencianas la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de ley. Dicha moción se entenderá aprobada cuando obtenga la mayoría simple. Si la misma tuviere por objeto un proyecto de ley, éste se entenderá aprobado según el texto enviado por el Consell. 

Artículo 19 

La responsabilidad penal de los miembros del Consell y, en su caso, la del Presidente, se exigirá a propuesta de las Cortes Valencianas, ante el Tribunal de Justicia Valenciano. 

Artículo 20 

El Consell podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad. Podrá también, por propia iniciativa, o previo acuerdo de la Asamblea, suscitar los conflictos de competencia a que se refiere el apartado c) del número uno del artículo ciento sesenta y uno de la Constitución. 

CAPÍTULO V LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Artículo 21 

El Tribunal Superior de Justicia Valenciano es el órgano jurisdiccional en el que culmina la organización en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Valenciana, agotándose ante él las sucesivas instancias procesales, en los términos del artículo ciento cincuenta y dos de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial y de acuerdo con el presente Estatuto. En este Tribunal se integrará la actual Audiencia Territorial de Valencia. 

Artículo 22 

Uno. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Valenciano será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

Dos. El nombramiento de los Magistrados, Jueces y Secretarios del Tribunal Superior se efectuará en la forma prevista en las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial. 

Artículo 23 

Uno. A instancia de la Comunidad Autónoma Valenciana, el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esta resolución se tendrá en cuanta la especialización en el Derecho Valenciano. 

Dos. Corresponde íntegramente al Estado, de conformidad con las leyes generales, la organización y el funcionamiento del Ministerio fiscal. 

CAPÍTULO VI SÍNDICO DE AGRAVIOS 

Artículo 24 

De acuerdo con la institución prevista en el artículo cincuenta y cuatro de la Constitución y de la coordinación con la misma, un Síndico de Agravios, nombrado por las Cortes Valencianas como alto comisionado de las mismas, velará por los derechos reconocidos en el título I de la Constitución española en el ámbito competencial y territorial de la Comunidad Autónoma Valenciana. 

La Ley fijará su Estatuto , facultades y duración de su mandato . 14

CAPÍTULO VII CONSEJO DE CULTURA 

Artículo 25 

Una Ley de las Cortes Valencianas establecerá las funciones , composición y organización del Consejo de Cultura . Sus miembros serán elegidos por mayoría de dos tercios de las Cortes Valencianas . 15

CAPÍTULO VIII RÉGIMEN JURÍDICO 

Artículo 26 

Uno. La legislación de las Cortes Valencianas prevista en el presente Estatuto revestirá la forma de Ley de la Generalitat Valenciana.

Dos. En las materias comprendidas en los artículos 32 y 33 del presente Estatuto, y en defecto de la legislación estatal correspondiente, la Generalitat Valenciana podrá dictar normas de validez provisional de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Dichas normas se tendrán por derogadas a la entrada en vigor de las estatales correspondientes, salvo expresa disposición en contrario. El ejercicio de la presente facultad de dictar legislación concurrente requerirá la previa comunicación al Delegado del Gobierno. 

Artículo 27 

En materia de competencia exclusiva, el Derecho Valenciano es el aplicable en su territorio, con preferencia a cualquier otro. En defecto de derecho propio, será de aplicación supletoria el Derecho Estatal.

Artículo 28 

La Generalitat Valenciana asume, además de las facultades y competencias comprendidas en el presente Estatuto, las que se hallen implícitamente comprendidas en aquéllas. 

Artículo 29 

Uno. Las Leyes de la Generalitat Valenciana quedan excluidas del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sólo están sujetas al control de constitucionalidad, ejercido por el Tribunal Constitucional. 

Dos. Las normas reglamentarias, los acuerdos y otros actos administrativos de los órganos de la Generalitat serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Artículo 30 

En el ejercicio de sus competencias, la Generalitat Valenciana gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado. 

TÍTULO III Las competencias 

CAPÍTULO I 

Artículo 31 

La Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

1. Organización de sus instituciones de autogobierno, en el marco del presente Estatuto. 

2 . Conservación , modificación y desarrollo del Derecho Civil Valenciano . 16

3. Normas procesales y de procedimiento administrativo que se deriven de las particularidades del Derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la organización de la Generalitat. 

4 . Cultura . 17

5. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución. 

6. Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás centros de depósito cultural que no sean de titularidad estatal, Conservatorios de Música y servicios de Bellas Artes de interés para la Comunidad Autónoma. 

7 . Investigación , sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 ) del artículo 149 de la Constitución . Academias que tengan su sede central en el territorio de la Comunidad . 18

8 . Régimen local , sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 ) del artículo 149 de la Constitución . Alteraciones de los términos municipales y denominación oficial de los municipios y topónimos . 19

9 . Ordenación del territorio y del litoral , urbanismo y vivienda . 20

10 . Montes , aprovechamientos y servicios forestales , vías pecuarias y pastos , espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña , de acuerdo con lo dispuesto en el número 23 del apartado 1 ) del artículo 149 de la Constitución . 21

11. Higiene, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 de este Estatuto. 

12 . Turismo . 22

13. Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma. 

14 . Carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad . 23

15 . Ferrocarriles , transportes terrestres , marítimos , fluviales y por cable ; puertos , helipuertos y servicio meteorológico de la Comunidad Autónoma Valenciana , sin perjuicio de lo dispuesto en los números veinte y veintiuno del apartado uno ) del artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución . Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes . 24

16 . Aprovechamientos hidráulicos , canales y regadíos , cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de la Comunidad ; instalaciones de producción , distribución y transporte de energía cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra provincia o Comunidad Autónoma ; aguas minerales , termales y subterráneas . Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el número 25 del apartado 1 ) del artículo 149 de la Constitución . 25

17 . Pesca en aguas interiores , marisqueo , acuicultura , caza y pesca fluvial y lacustre . 26

18. Artesanía. 

19. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución. 

20. Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercaderías y valores, de conformidad con la legislación mercantil. 

21. Cooperativas, pósitos y mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad Social, respetando la legislación mercantil. 

22 . Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas , sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución . 27

23 . Fundaciones y asociaciones de carácter docente , cultural , artístico , benéfico – asistencial y similares , que desarrollen principalmente sus funciones en la Comunidad . 28

24 . Asistencia social . 29

25 . Juventud . 30

26 . Promoción de la mujer . 31

27 . Instituciones públicas de protección y ayuda de menores , jóvenes , emigrantes , tercera edad , minusválidos y demás grupos o sectores sociales requeridos de especial protección , incluida la creación de centros de protección , reinserción y rehabilitación . 32

28 . Deportes y ocio . 33

29. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos. 

30 . Espectáculos . 34

31 . Casinos , juegos y apuestas , con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo – Benéficas . 35

32. Estadística de interés de la Generalitat. 

33. Las restantes materias que se atribuyan en el presente Estatuto expresamente como de competencia exclusiva y las que con este carácter y mediante Ley Orgánica sean transferidas por el Estado. 

Artículo 32 

Uno. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat Valenciana el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias: 

1. Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la administración de la Generalitat Valenciana y de los entes públicos, dependientes de ella, así como el régimen estatutario de sus funcionarios. 

2. Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de competencias de la Generalitat Valenciana. 

3. Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio o intervención de empresas cuando lo exija el interés general. 

4 . Ordenación del crédito . Banca y seguros . 36

5. Régimen minero y energético. 

6 . Protección del medio ambiente , sin perjuicio de las facultades de la Generalitat para establecer normas adicionales de protección . 37

7. Ordenación del sector pesquero. 

8. Corresponde a la Generalitat Valenciana el desarrollo legislativo del sistema de consultas populares, municipales en su ámbito, de conformidad con lo que dispongan las leyes a que se refiere el apartado 3 del artículo 92 y el número 18 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución, y correspondiendo al Estado la autorización de su convocatoria. 

9 . Cámaras de la Propiedad , Cámara de Comercio , Industria y Navegación , sin perjuicio de lo que dispone el número 10 del apartado 1 ) del artículo 149 de la Constitución .38

Artículo 33 

Corresponde a la Generalitat Valenciana la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 

1. Laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este ámbito y a nivel de ejecución ostenta actualmente, el Estado respecto a las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta inspección de éste. 

Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones interiores y exteriores , fondos de ámbito nacional y de empleo , sin perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado sobre estas materias . 39

2 . Propiedad intelectual e industrial . 40

3. Nombramiento de agentes de Cambio y Bolsa, corredores de Comercio. Intervención, en su caso, en la delimitación de las demás demarcaciones correspondientes. 

4. Pesos, medidas y contraste de metales. 

5 . Ferias internacionales que se celebren en su territorio . 41

6. Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, cuya ejecución no se reserve al Estado. 

7 . Puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa . 42

8. Ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana, aunque ninguna sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado. 

9 . Salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral valenciano . 43

10. Las restantes materias que se atribuyan en el presente Estatuto expresamente como de competencia de ejecución y las que con este carácter y mediante Ley Orgánica sean transferidas por el Estado. 

Artículo 34 

Uno. De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Generalitat Valenciana, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11 y 13 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución, la competencia exclusiva de las siguientes materias: 

1. Planificación de la actividad económica de la Comunidad. 

2 . Industria , sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad , sanitarias o de interés general y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas , hidrocarburos y energía nuclear .44

3 El desarrollo y ejecución en su territorio de los planes establecidos por el Estado para la reestructuración de sectores industriales. 

4 . Agricultura y ganadería . 45

5 Comercio interior , defensa del consumidor y del usuario , sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre la defensa de la competencia . Denominaciones de origen en colaboración con el Estado . 46

6. Instituciones de crédito cooperativo, público y territorial y Cajas de Ahorro. 

7. Sector público económico de la Generalitat Valenciana, en cuanto no esté contemplado por otras normas del Estatuto. 

Dos. La Generalitat Valenciana participará asimismo en la gestión del sector público económico estatal en los casos y actividades que procedan. 

Artículo 35 

Es de la competencia plena de la Generalitat Valenciana la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión , niveles y grados , modalidades y especialidades , en el ámbito de sus competencias , sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que , conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma , lo desarrollen de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 ) del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía . 47

Artículo 36 

La Generalitat Valenciana está facultada para vigilar y custodiar sus edificios e instalaciones. 

Existirá un cuerpo único de Policía Autónoma de la Comunidad Valenciana que estará regulado por Ley de las Cortes Valencianas, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica prevista en el artículo 149.29 de la Constitución. 

Artículo 37 

Uno . En el marco de las normas básicas del Estado , corresponde a la Generalitat Valenciana el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en los términos y casos establecidos en la Ley que regule el Estatuto jurídico de la radio y la televisión . 48

Dos. Igualmente le corresponde, en el marco de las normas básicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de prensa y, en general, de todos los medios de comunicación social. 

Tres . En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo , la Generalitat Valenciana podrá regular , crear y mantener su propia televisión , radio y prensa y , en general , todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines . 49

Artículo 38 

Uno . Corresponde a la Generalitat Valenciana el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior . 50

Dos. En materia de seguridad social, corresponderá a la Generalitat Valenciana: 

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma. 

b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 

Tres . Corresponderá también a la Generalitat Valenciana la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos . 51

Cuatro. La Generalitat Valenciana podrá organizar y administrar, a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas, y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y funciones en materia de Sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo. 

Cinco. La Generalitat Valenciana ajustará el ejercicio de las competencias que asuma en materia de Sanidad y de la Seguridad Social a efectos de participación democrática de todos los interesados, así como de los Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la Ley establezca. 

Artículo 39 

En relación a la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Generalitat Valenciana: 

Primera . Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado . 52

Segunda. Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en su territorio y localización de su capitalidad. 

Tercera. Coadyuvar en la organización de los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en especial en el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana, y en la instalación de los Juzgados, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 40 

Uno. La competencia de los Organos Jurisdiccionales en la Comunidad Autónoma Valenciana se extiende: 

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados incluidos, los recursos de casación y de revisión en las materias de derecho civil valenciano. 

b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y de revisión. 

c) En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados, cuando se trate de actos y disposiciones dictados por el Gobierno valenciano y por la Administración Autónoma, en las materias cuya legislación corresponda en exclusiva a la Comunidad Autónoma, y en primera instancia cuando se trate de actos y disposiciones dictados por la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma. 

d) A las cuestiones de competencias entre órganos jurisdiccionales en la Comunidad. 

Dos. En las restantes materias se podrá interponer, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo, en el recurso de casación o el que corresponda, según las leyes del Estado y, en su caso, el de revisión. El Tribunal Supremo resolverá los conflictos de competencias y jurisdicción entre los Tribunales valencianos y los del resto de España. 

Artículo 41 

Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles serán nombrados por el Consell, de conformidad con las leyes del Estado. 

Para la provisión de Notarías, los candidatos serán admitidos en igualdad de derechos, tanto si ejercen en el territorio de, la Comunidad Autónoma Valenciana como en el resto de España. En ningún caso podrá establecerse la excepción de naturaleza o vecindad. También participarán en la fijación de demarcaciones correspondientes a los registros de la propiedad y mercantiles, demarcaciones notariales y número de notarios, de acuerdo con lo previsto en las Leyes del Estado. 

CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 42 

Uno. La Generalitat Valenciana podrá celebrar convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia, tanto con el Estado como con otras Comunidades Autónomas. Dichos acuerdos deberán ser aprobados por las Cortes Valencianas y comunicados a las Cortes Generales, entrando en vigor a los treinta días de su publicación. 

Dos. Para el establecimiento de acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, se requerirá, además de lo previsto en el apartado anterior, la autorización de las Cortes Generales. 

Artículo 43 

Uno. La Comunidad Autónoma Valenciana podrá solicitar de las Cortes Generales que las leyes marco y las leyes de bases que éstas aprueben en materia de competencia exclusiva del Estado atribuyan expresamente a la Generalitat Valenciana las facultades legislativas en el desarrollo de tales leyes, según lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Constitución. 

Dos. También podrá solicitar del Estado transferencias o delegaciones de competencia no comprendidas en este Estatuto, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución. 

Tres. También podrá solicitar las transferencias o delegaciones de competencias no comprendidas en el artículo 149.1 de la Constitución y no asumidas por la Generalitat Valenciana mediante el presente Estatuto. 

TÍTULO IV Administración local 

Artículo 44 

Las Corporaciones Locales comprendidas en el territorio de la Comunidad, administran con autonomía los asuntos propios, de acuerdo con la Constitución y las Leyes. 

Artículo 45 

Uno. Los Municipios estarán regidos por Ayuntamientos de carácter igual y representativo, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma que establezca la ley. 

Dos. Las Cortes Valencianas impulsarán la autonomía municipal, pudiendo delegar la ejecución de las funciones y competencias en aquellos Ayuntamientos que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios. 

Artículo 46 

Uno. Una ley de las Cortes Valencianas, en el marco de la legislación del Estado, que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros, determinará la división comarcal, oídas las Corporaciones locales afectadas. 

Dos. Las Comarcas son circunscripciones administativas de la Generalitat y Entidades locales determinadas por la agrupación de municipios para la prestación de servicios y gestión de asuntos comunes. 

Tres. Las áreas metropolitanas y agrupaciones de comarcas serán reguladas por ley de las Cortes Valencianas, que deberá ser aprobada en las mismas condiciones que en el apartado primero. 

Artículo 47 

Uno. Las Diputaciones Provinciales serán expresión, dentro de la Comunidad Valenciana, de la autonomía provincial, de acuerdo con la Constitución, la legislación del Estado y el presente Estatuto. Tendrán las funciones consignadas en la legislación del Estado y las delegadas por la Comunidad Autónoma. 

Dos. Las Cortes Valencianas podrán transferir o delegar en las Diputaciones Provinciales la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la Comunidad Valenciana, especialmente en áreas de obras públicas, sanidad, cultura y asistencia social. 

Tres . La Comunidad Valenciana coordinará las funciones propias de las Diputaciones Provinciales que sean de interés general comunitario . A estos efectos , y en el marco de la Legislación del Estado , por ley de las Cortes Valencianas , aprobada por mayoría absoluta , se establecerán las fórmulas generales de coordinación y la relación de las funciones que deban ser coordinadas , fijándose , en su caso , las singularidades que , según la naturaleza de la función , sean indispensables para su más adecuada coordinación . A los efectos de coordinar estas funciones , los presupuestos de las Diputaciones , que éstas elaboren y aprueben , se unirán a los de la Generalitat Valenciana . 53

Cuatro. Las Diputaciones Provinciales actuarán como instituciones de la Generalitat Valenciana y estarán sometidas a la legislación, reglamentación e inspección de éstas, en tanto en cuanto se ejecuten competencias delegadas por la misma. 

Cinco. Si una Diputación Provincial no cumpliera las obligaciones que el presente Estatuto y otras leyes de las Cortes Valencianas le impongan, el Consell, previo requerimiento al Presidente de la Diputación de que se trate, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de tales obligaciones. La Diputación Provincial podrá recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, previsto en el presente Estatuto. 

Las Cortes Valencianas, por mayoría absoluta, podrán revocar la delegación de la ejecución de aquellas competencias en las que la actuación de las Diputaciones atente al interés general de la Comunidad Autónoma. 

TÍTULO V Economía y hacienda 

Artículo 48 

Uno. La Comunidad Autónoma Valenciana dispondrá, para el adecuado desarrollo y ejecución de sus competencias, de patrimonio y hacienda propios. 

Dos. La actividad financiera de la Comunidad Valenciana no supondrá, en ningún caso, el establecimiento de privilegios económicos o sociales. 

Tres. La Generalitat Valenciana gozará del tratamiento fiscal que la legislación establezca para el Estado. 

Artículo 49 

Uno. En el caso de que la Generalitat, cuando así lo prevea la legislación sobre Régimen Local, establezca tributos sobre hechos precisamente sujetos a la imposición municipal por las Corporaciones Locales, la Ley que establezca el tributo establecerá las medidas de compensación o coordinación en favor de estas Corporaciones, de modo que los ingresos de las mismas no se vean ni mermados ni reducidos en sus posibilidades de crecimiento futuro. 

Dos. Los ingresos de los Entes Locales de la Comunidad Valenciana, consistentes en participaciones en ingresos estatales y en subvenciones incondicionales, se percibirán a través de la Generalitat, que los distribuirá de acuerdo con los criterios legales que la legislación del Estado establezca para las referidas participaciones. 

Artículo 50 

Uno. El patrimonio de la Generalitat está integrado por: 

a) Los bienes y derechos de los que sea titular el Ente Preautonómico en el momento de la aprobación del presente Estatuto. 

b) Los bienes y derechos afectos a los servicios transferidos por el Estado al Ente Preautonómico. 

c) Los bienes procedentes de herencias intestadas, cuando el causante ostentare la condición jurídica de valenciano, en los términos que establezca la Legislación del Estado. 

d) Los bienes y derechos adquiridos por la Generalitat mediante cualquier título jurídico válido. 

Dos . El patrimonio de la Comunidad Autónoma , su administración , defensa y conservación , serán regulados por Ley de las Cortes Valencianas . 54

Artículo 51 

La Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye por: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás derechos privados, legados, donaciones y subvenciones. 

b ) Sus propios impuestos , tasas y contribuciones especiales , de acuerdo con lo que establezca la ley prevista en el artículo 157 . 3 de la Constitución . 55

c) Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado. 

d) Los recargos sobre los impuestos estatales. 

e) Un porcentaje de participación en la recaudación total del Estado, incluyendo los rendimientos de los monopolios fiscales. 

f) Las asignaciones y subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. 

g) La emisión de deuda y el recurso al crédito. 

h) Los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial. 

i) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia. 

j) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan obtenerse en virtud de las leyes. 

Artículo 52 

Uno. Se cede a la Generalidad Valenciana el rendimiento de los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, con el límite del 33 por 100. 

b) Impuesto sobre el Patrimonio. 

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

e) Los Tributos sobre el Juego. 

f) El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, con el límite del 35 por 100. 

g) El Impuesto Especial sobre la Cerveza, con carácter parcial, con el límite del 40 por 100. 

h) El Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, con carácter parcial, con el límite del 40 por 100. 

i) El Impuesto Especial sobre Productos Intermedios, con carácter parcial, con el límite del 40 por 100. 

j) El Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, con carácter parcial, con el límite del 40 por 100. 

k) El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, con carácter parcial, con el límite del 40 por 100. 

l) El Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, con carácter parcial, con el límite del 40 por 100. 

m) El Impuesto Especial sobre la Electricidad. 

n) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

ñ) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 

La eventual supresión o modificación por el Estado de alguno de los tributos antes señalados implicará la extinción o modificación de la cesión . 56

Dos. El contenido de este artículo se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de ley. A estos efectos, la modificación del presente artículo no se considerará modificación del Estatuto. 

Tres. El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión Mixta mencionada en la disposición transitoria tercera que, en todo casó, lo referirá a rendimientos de la Comunidad Autónoma. El Gobierno tramitará el acuerdo de la Comisión como proyecto de ley, o, si concurrieran razones de urgencia, como Decreto-ley, en el plazo de seis meses a partir de la constitución de las primeras Cortes Valencianas. 

Artículo 53 

Uno . La participación en los impuestos del Estado , citada en la letra e ) del artículo 51 , se fijará de acuerdo con el Parlamento y el Gobierno del Estado , con sujeción a las normas de la Ley Orgánica que desarrolla el artículo 157 de la Constitución . 57

Dos. El porcentaje de participación se revisará en los supuestos previstos en la Ley y, en todo caso, cada cinco años. 

Artículo 54 

La gestión , recaudación , liquidación e inspección de sus tributos propios , los cedidos y las formas de colaboración en estas materias , en relación a los Impuestos del Estado , se adecuará a la Ley Orgánica establecida en el artículo 157 . 3 de la Constitución . 58

Artículo 55 

Uno. Corresponde al Gobierno valenciano la elaboración del presupuesto de la Generalitat, el cual debe ser sometido a las Cortes Valencianas para su aprobación. Toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, requerirá la conformidad del Gobierno valenciano para su tramitación. 

Dos. El presupuesto de la Generalitat será único y se elaborará con criterios homogéneos con los del Estado. El presupuesto tiene carácter anual. 

Tres. El presupuesto incluirá necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de los organismos y, en su caso, los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios establecidos por las Cortes Valencianas. 

Cuatro. El presupuesto debe ser presentado a las Cortes Valencianas, al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. Si aquél no estuviera aprobado el primer día del ejercicio, se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación. 

Artículo 56 

Uno. La Generalitat, mediante acuerdo de las Cortes Valencianas, podrá emitir deuda pública para financiar gastos de inversión. 

Dos. El volumen y características de las emisiones se establecerá de acuerdo con la ordenación general de la política crediticia y en coordinación con el Estado. 

Tres. Los títulos emitidos tendrán la consideración de fondos públicos a todos los efectos. 

Cuatro. Si el Estado emite deuda que afecte a un servicio traspasado a la Generalitat Valenciana, ésta tendrá derecho a una participación en función del servicio que presta. 

Artículo 57 

La Generalitat Valenciana queda facultada para constituir instituciones de crédito especializadas y otras instituciones necesarias para su política económica, en los términos establecidos en la legislación del Estado. 

Artículo 58 

Uno. La Generalitat Valenciana, en el ejercicio de las competencias que le vienen atribuidas por el presente Estatuto, podrá constituir entidades y organismos para el fomento del pleno empleo y el desarrollo económico y social. 

Dos. La Generalitat Valenciana está facultada, mediante Ley de sus Cortes, para constituir un sector público propio que se coordinará con el estatal. 

Tres. En los términos y número que establezca la legislación general del Estado, la Comunidad Autónoma Valenciana propondrá las personas que han de formar parte de los órganos de administración de aquellas Empresas públicas de titularidad estatal implantadas en su territorio. 

Artículo 59 

El control económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat Valenciana corresponde a la Sindicatura de Cuentas , sin perjuicio de lo establecido en la legislación del Estado . Una ley de las Cortes Valencianas fijará su composición y funciones , así como el Estatuto de sus miembros . 59

Artículo 60 

Por ley de las Cortes Valencianas se podrá crear un Consejo económico – social . En dicha ley se regulará su composición , funciones y Estatuto de sus miembros . 60

TÍTULO VI Reforma del Estatuto 

Artículo 61 

Uno. La iniciativa de reforma del Estatuto corresponde al Consell, a la quinta parte de los miembros de las Cortes Valencianas o a las Cortes Generales. La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por las Cortes Valencianas, mediante acuerdo adoptado por tres quintas partes de sus miembros, salvo que sólo tuviera por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso bastará la mayoría simple de las Cortes Valencianas. 

Dos. Los trámites posteriores a la aprobación por las Cortes Valencianas de la modificación pretendida serán los mismos que se requirieron para la aprobación del presente Estatuto. 

Tres. Si la reforma no obtuviera las mayorías previstas para cada caso en el apartado uno del presente artículo, o los requisitos exigidos para su aprobación, no se podrá iniciar nuevo procedimiento de reforma sobre el mismo punto durante el mismo mandato de las Cortes Valencianas. 

Cuatro. Si las Cortes Generales no aprueban la reforma propuesta, se devolverá a las Cortes Valencianas para nueva deliberación, acompañando mensaje motivado sobre el punto o puntos que hubieren ocasionado su devolución y proponiendo soluciones alternativas. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera

El ejercicio de las competencias financieras se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. 

Segunda

El Gobierno valenciano y el Consejo de Cultura informarán el correspondiente anteproyecto de la norma estatal que regule la situación del archivo de la Corona de Aragón, cuyo Patronato contará, en todo caso, con una representación paritaria de las Comunidades Autónomas interesadas en el mismo. 

Tercera

Todas las competencias atribuidas por el presente Estatuto quedan incorporadas a él plenamente , asumiéndose con carácter estatutario por la Generalitat Valenciana . 61

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera62

Segunda63

Tercera

Uno. En el plazo de treinta días desde la promulgación del presente Estatuto, los parlamentarios elegidos en las elecciones generales de mil novecientos setenta y nueve, más otros tantos miembros designados por los partidos políticos por los que fueron presentados en la misma proporción, se constituirán en una Asamblea que desempeñará, en cuanto sean aplicables, las funciones atribuidas por el presente Estatuto a las Cortes Valencianas, de forma transitoria, hasta las primeras elecciones a las mismas. Las consecuencias jurídicas del control político del ejecutivo serán adoptadas por mayoría cualificada de dos tercios. 

Dos. Durante el período transitorio mencionado en el apartado anterior, el Consell estará compuesto por doce miembros, de los cuales nueve serán designados por los partidos políticos con representación parlamentaria en el territorio de la Comunidad, en proporción al número de parlamentarios obtenidos por cada uno de ellos en las elecciones generales de 1979. Los tres restantes se designarán uno por cada una de las tres Diputaciones Provinciales, de entre sus miembros. 

Cuarta

Uno. Con la finalidad de transferir a la Generalitat Valenciana las funciones y atribuciones que le correspondan con arreglo al presente Estatuto, se creará una Comisión Mixta paritaria integrada por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma Valenciana. Dicha Comisión Mixta establecerá sus normas de funcionamiento. Los miembros de la Comisión Mixta, representantes de la Generalitat Valenciana, darán cuenta periódicamente de su gestión ante las Cortes Valencianas. 

Dos. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuesta al Gobierno, que los aprobará mediante Decreto, figurando aquéllos como anexos al mismo, y serán publicados simultáneamente en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, adquiriendo vigencia a partir de esta publicación. 

Tres. Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de Transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental será determinar, con la representación de la Administración del Estado, los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad Autónoma. 

Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo a la Comisión Mixta que las habrá de ratificar. 

Cuatro. Será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad, del traspaso de bienes y muebles del Estado a la Comunidad Autónoma, la certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados. Esta certificación deberá contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria. 

El cambio de titularidad en los contratos de arrendamiento de locales para oficinas públicas de los servicios que se transfieran no dará derecho al arrendador a extinguir o renovar el contrato. 

Cinco. Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por los traspasos a la Comunidad Autónoma pasarán a depender de ésta, siéndoles respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les corresponda en el momento del traspaso, incluso el de participar en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes miembros de su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente de opción. 

Mientras la Generalitat Valenciana no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las disposiciones del Estado vigentes sobre la materia. 

Seis. La Comisión Mixta, creada de acuerdo con el Real Decreto 477/1978, se considerará disuelta cuando se constituya la Comisión Mixta a que se refiere el apartado primero de la presente Disposición transitoria. 

Quinta

Uno. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunidad Valenciana en este Estatuto, el Estado garantizará la financiación de los servicios transferidos a ésta, con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en el momento de la transferencia. 

Dos. Para garantizar la financiación de los Servicios antes referidos la Comisión Mixta prevista en la Disposición transitoria anterior adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto en el artículo 52. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos como los costes indirectos de los servicios, así como los gastos de inversión que correspondan. 

Tres. Al fijar las transferencias para inversiones se tendrá en cuenta, en la forma progresiva que se acuerde, la conveniencia de equiparar los niveles de servicios en todo el territorio del Estado, estableciéndose, en su caso, las transferencias necesarias para el funcionamiento de los servicios. 

La financiación a que se refiere este apartado tendrá en cuenta las aportaciones que se realicen en la Generalitat Valenciana, partiendo del Fondo de Compensación a que se refiere el artículo 158 de la Constitución, así como la acción inversora del Estado en la Comunidad Valenciana que no sea aplicación de dicho Fondo. 

Cuatro. La Comisión Mixta a que se refiere el apartado dos de esta Disposición fijará el citado porcentaje, en el que se considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, minorado por el total de la recaudación obtenida por ésta por los tributos cedidos en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los capítulos I y II del último presupuesto anterior a la transferencia de los servicios. 

Sexta

En lo relativo a Televisión, la aplicación del apartado 3 del artículo 37 del presente Estatuto supone que el Estado otorgará en régimen de concesión a la Generalitat Valenciana la utilización de un tercer canal de titularidad estatal, que debe crearse específicamente para su emisión en su territorio, en los términos que prevea la citada concesión. 

Hasta la puesta en funcionamiento efectivo de este nuevo canal de televisión, Radiotelevisión Española (RTVE) articulará, a través de su organización en el territorio de la Comunidad Valenciana, un régimen transitorio de programación específica para el mismo, que Televisión Española emitirá por la segunda cadena (UHF). El coste de esta programación se entenderá como base para la determinación de la subvención que pudiera concederse a la Generalitat Valenciana, durante los dos primeros años de funcionamiento del nuevo canal a que se refiere la presente Disposición transitoria. 

Séptima

Uno. Previa votación favorable de las Cortes Valencianas en su período transitorio, el Consell, de acuerdo con el Gobierno del Estado, convocará las primeras elecciones, que se celebrarán entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 1983. 

Dos. En estas primeras elecciones el sistema electoral se ajustará a las siguientes normas: a) La circunscripción electoral de la provincia; b) Corresponderán veintinueve Diputados a la provincia de Alicante, veinticinco a la de Castellón y treinta y cinco a la de Valencia; c) El escrutinio se ajustará a las normas que rigen para las elecciones al Congreso de los Diputados; d) y, en todo caso, regirán los límites establecidos en el artículo 12.2 del presente Estatuto. 

Octava

La creación del Consejo Económico-Social Valenciano tendrá lugar una vez promulgada la ley a que se refiere el artículo ciento treinta y uno coma dos, de la Constitución. 

Novena

Uno. Hasta que no se constituya definitivamente el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, sus competencias serán asumidas por la Audiencia Territorial de Valencia. 

Dos. De acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia Valenciano cubrirá interinamente las vacantes existentes o que se produzcan en los órganos jurisdiccionales, en su ámbito territorial. Igual facultad ostentará respecto a los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

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NOTAS

1.Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunidad Valenciana y su utilización. 

2.Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano. 

3.Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano. 

4.Ley 3/1988, de 23 de mayo, de Designación de Senadores en representación de la Comunidad Valenciana. 

5.Ley 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana. 

6. Redactado por Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo(BOE núm. 63, de 14.03.1991). 

7.Ley 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana. 

8.Resolución del Pleno de las Cortes de 30 de junio de 1994(DOGV núm. 2.320, de 28.07.1994). 

9. Véase la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Comunidad Valenciana. 

10. Regulado por el Decreto 6/1997, de 28 de enero(DOGV núm. 2.925, de 07.02.1997). 

11. Capítulo desarrollado por los artículos 1 a 16 de la Ley5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano. 

12. Capítulo desarrollado por los artículos 17 a 32 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano. 

13. Regulado por el Decreto 6/1997, de 28 de enero(DOGV núm.2.925, de 07.02.1997). 

14.Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndico de Agravios. 

15.Ley 12/1985, de 30 de octubre, del Consejo Valenciano de Cultura. 

16.Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de Arrendamientos Históricos Valencianos. 

17.Real Decreto 278/1980, de 25 de enero, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, cultura y sanidad. 

– Real Decreto 4099/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de cultura. 

– Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de cultura.

18. Debe referirse al número 15 del apartado uno) del artículo 149 de la Constitución.

19Real Decreto 695/1979, de 13 de febrero, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado en materia de interior. 

– Real Decreto 3318/1983, de 25 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de administración local. 

20Real Decreto 299/1979, de 26 de enero, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado en materia de agricultura, urbanismo, turismo, ferias interiores y transportes. 

– Real Decreto 2500/1983 de 20 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de vivienda rural. 

– Real Decreto 2835/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de estudios de ordenación del territorio y medio ambiente. 

– Real Decreto 3510/1983, de 9 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de ordenación del litoral y vertidos al mar. 

– Real Decreto 1720/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de patrimonio arquitectónico, control de calidad de la edificación y vivienda. 

– Real Decreto 476/1989, de 5 de mayo, sobre ampliación de traspasos del Estado en materia de patrimonio arquitectónico. 

– Real Decreto 280/00, de 25 de febrero, por el que se amplían los medios traspasados en materia de patrimonio arquitectónico, control y calidad en la edificación y vivienda, por el Real Decreto 1720/1984

21Real Decreto 2365/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de conservación de la naturaleza. 

22Real Decreto 299/1979, de 26 de enero, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado en materia de agricultura, urbanismo, turismo, ferias interiores y transportes. 

– Real Decreto 1294/1984, de 27 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de turismo. 

23Real Decreto 1627/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de carreteras. 

24Real Decreto 299/1979, de 26 de enero, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado en materia de agricultura, urbanismo, turismo, ferias interiores y transportes. 

– Real Decreto 2965/1981, de 13 de noviembre, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado a varios en materia de transportes terrestres. 

– Real Decreto 3527/1981, de 18 de diciembre, sobre traspaso de medios del Estado para el ejercicio de competencias transferidas en materia de transportes terrestres. 

– Real Decreto 3059/1982, de 24 de julio, por el que se traspasan competencias en materia de puertos. 

– Real Decreto 1496/1986, de 13 de junio, sobre traspaso de los servicios ferroviarios explotados por Ferrocarriles de Vía Estrecha del Estado (FEVE). 

– Real Decreto 544/1989, de 12 de mayo, sobre traspaso de medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de facultades del Estado delegadas en relación con los transportes por carretera y por cable.

– Real Decreto 849/1999, de 21 mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado en materia de transporte marítimo. 

– Real Decreto 281/2000, de 25 de febrero, sobre ampliación de medios en materia de puertos. 

25Real Decreto 1871/1985, de 11 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de abastecimientos de agua, saneamiento y encauzamiento y defensa de márgenes de ríos en zonas urbanas. 

26Real Decreto 3533/1981, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones, competencias y servicios del Estado en materia de agricultura, ganadería y pesca. 

– Real Decreto 1758/1998, de 31 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado en materia de buceo profesional. 

27.Real Decreto 2089/1983, de 29 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de colegios oficiales o profesionales adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

28.Real Decreto 303/1985, de 23 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de fundaciones benéficas y laborales. 

– Real Decreto 1039/1985, de 25 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de asociaciones. 

29Real Decreto 251/1982, de 15 de enero, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios del Estado en materia de servicios y asistencia sociales. 

– Real Decreto 264/1985, de 23 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social en materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

– Real Decreto 846/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios en materia educativa, de asistencia y servicios sociales, empleo y formación profesional ocupacional de los trabajadores del mar, encomendadas al Instituto Nacional de la Marina. 

30.Real Decreto 520/1989, de 12 de mayo, sobre ampliación del traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de juventud (TIVE).

31.Real Decreto 3342/1983, de 23 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de protección a la mujer. 

32Real Decreto 251/1982, de 15 de enero, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios del Estado en materia de servicios y asistencia sociales. 

– Real Decreto 1081/1984, de 29 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de protección de menores. 

– Real Decreto 264/1985, de 23 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social en materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

33.Real Decreto 4154/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de tiempo libre. 

– Real Decreto 1952/1996, de 23 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado en materia de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas. 

34.Real Decreto 1040/1985, de 25 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de espectáculos públicos. 

35.Real Decreto 1038/1985, de 25 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de casinos y juegos. 

36.Real Decreto 847/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado en materia de mediadores de seguros. 

37.Real Decreto 278/1980, de 25 de enero, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, cultura y sanidad. 

– Real Decreto 3411/1983, de 2 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de medio ambiente. 

– Real Decreto 848/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías. 

38.Real Decreto 2050/1983, de 29 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de cámaras oficiales de la propiedad urbana. 

– Real Decreto 2620/1983, de 25 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de ferias internacionales y cámaras de comercio, industria y navegación. 

– Real Decreto 1372/1992, de 13 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de cámaras agrarias. 

– Real Decreto206/1995, de 10 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado en materia de cofradías de pescadores. 

39.Real Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de trabajo. 

– Real Decreto 4106/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de mediación, arbitraje y conciliación. 

– Real Decreto 4108/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

– Real Decreto 2416/1983, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de guarderías infantiles laborales.

– Real Decreto 2421/1983, de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de mutualidades no integradas en la Seguridad Social. 

– Real Decreto 262/1985, de 23 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de expedientes de regulación de empleo. 

– Real Decreto 268/1985, de 23 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de Unidad Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. 

– Real Decreto 1371/1992, de 13 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de gestión de la Formación Profesional Ocupacional. 

– Real Decreto 2673/1998, de 11 de diciembre, sobre traspaso de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. 

– Real Decreto 846/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios en materia educativa, de asistencia y servicios sociales, empleo y formación profesional ocupacional de los trabajadores del mar, encomendadas al Instituto Social de la Marina (ISM). 

40.Real Decreto 850/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual. 

41.Real Decreto 2620/1983, de 25 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de ferias internacionales y cámaras de comercio, industria y navegación. 

42Real Decreto 3059/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de puertos. 

– Real Decreto 1986/1985, de 9 de octubre, sobre valoración definitiva del coste efectivo y ampliación y modificación de medios adscritos a los servicios traspasados en materia de puertos. 

43.Real Decreto 3510/1983, de 9 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de ordenación del litoral y vertidos al mar. 

44Real Decreto 2595/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de industria y energía. 

– Real Decreto 1045/1984, de 28 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de pequeña y mediana empresa industrial. 

– Real Decreto 1047/1984, de 11 de abril, sobre ampliación de funciones y medios adscritos a los servicios traspasados en materia de industria, energía y minas y valoración definitiva de su coste efectivo.

– Real Decreto 848/1999, de 21 de mayo,sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la Comunidad Valenciana en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías.

45.Real Decreto 299/1979, de 26 de enero, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado en materia de agricultura, urbanismo, turismo, ferias interiores y transportes. 

– Real Decreto 2917/1979, de 7 de diciembre, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado, en materia de agricultura, a la Generalidad de Cataluña, Diputación General de Aragón, Consejo del País Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo General Interinsular de Baleares. 

– Real Decreto 3533/1981, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones, competencias y servicios del Estado en materia de agricultura, ganadería y pesca. 

– Real Decreto 4107/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de denominaciones de origen, viticultura y enología y enseñanzas profesionales náutico-pesqueras. 

– Real Decreto 3578/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de investigación agraria. 

– Real Decreto 1101/1985, de 5 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado en materia de centros nacionales de selección y reproducción animal. 

– Real Decreto 1294/1985, de 17 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de laboratorios agrarios y de sanidad y producción animal. 

– Real Decreto 1329/1985, de 17 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de semillas y plantas de vivero. 

– Real Decreto 1794/1985, de 11 de septiembre, de ampliación del traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de reforma y desarrollo agrario y valoración definitiva de su coste efectivo. 

– Real Decreto 207/1995, de 10 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria. 

– Real Decreto 208/1995, de 10 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado en materia de sociedades agrarias de transformación. 

46.Real Decreto 299/1979, de 26 de enero, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado en materia de agricultura, urbanismo, turismo, ferias interiores y transportes. 

– Real Decreto 2310/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de intervención de precios. 

– Real Decreto 2388/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de disciplina de mercado. 

– Real Decreto 4119/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de reforma de estructuras comerciales y comercio interior. 

47.Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de educación. 

– Real Decreto 2633/1985, de 10 de noviembre, sobre traspaso de servicios de la administración del Estado en materia de universidades. 

– Real Decreto 650/1986, de 7 de marzo, sobre traspaso de funciones del Estado relativas a ayudas al estudio y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados en materia de educación no universitaria.

– Real Decreto 665/1986, de 21 de febrero, de ampliación de medios adscritos a los servicios del Estado traspasados en materia de educación (centros de Formación Profesional reglada). 

– Real Decreto 477/1989, de 5 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de enseñanzas de Graduado Social. 

– Real Decreto 1953/1996, de 23 de agosto, de ampliación de los servicios traspasados por el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio de 1983, en materia de educación. 

– Real Decreto 1757/1998, de 31 de julio, de ampliación de las funciones y servicios traspasados por el Real Decreto 544/1984, de 8 de febrero, en materia de enseñanzas profesionales náutico pesqueras.

– Real Decreto 1759/1998, de 31 de julio, de ampliación de los servicios del Estado traspasados, en materia de educación (centros del Ministerio de Defensa). 

– Real Decreto 282/2000, de 25 de febrero, sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados por Real Decreto 2093/83, de 28 de julio, en materia de educación. 

48.Real Decreto 1126/1985, de 19 de junio, sobre traspaso de funciones del Estado en materia de medios de comunicación social. 

49.Ley 7/1984, de 4 de julio, de Creación de la Entidad Pública Radio Televisión Valenciana (RTVV) y Regulación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de la Generalidad Valenciana . 

50.Real Decreto 278/1980, de 25 de enero, sobre transferencia de competencias de la administración del Estado en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, cultura y sanidad. 

– Real Decreto 340/1982, de 15 de enero, sobre transferencia a varios de competencias, funciones y servicios del Organismo Autónomo Administración Institucional de la Sanidad Nacional. 

– Real Decreto 2337/1985, de 9 de octubre, de ampliación y adaptación del traspaso de funciones y servicios del Organismo Autónomo Administración de la Sanidad Nacional y valoración definitiva de su coste efectivo. 

– Real Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. 

– Real Decreto 1951/1996, de 23 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina (ISM). 

51.Real Decreto 851/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos. 

52.Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de funciones de la administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de justicia. 

– Real Decreto 1949/1996, de 23 de agostoque amplía los servicios traspasados por el Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, en materia de provisión de medios materiales y económicos al servicio de la administración de justicia. 

53Ley 2/1983, de 4 de octubre, por la que se declara de interés general determinadas funciones propias de las Diputaciones Provinciales . 

54.Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalidad Valenciana . 

55.Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE núm. 236 de 01.10.1980), modificado por Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre(BOE núm. 313 de 28.12.1996). 

56.Modificado por Ley 24/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE núm. 157, de 02.07.2002).

57Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE núm. 236, de 01.10.1980), modificado por Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre(BOE núm. 313, de 28.12.1996). 

58Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE núm. 236, de 01.10.1980), modificado por Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre(BOE núm. 313, de 28.12.1996). 

59Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Cuentas. 

60.Ley 1/1993, de 7 de julio, de Creación del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana. 

61.Introducida por la Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (BOE núm. 72, de 25 .03.1994). 

62. Derogada por la Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (BOE núm. 72, de 25 .03.1994). 

63. Derogada por la Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (BOE núm. 72, de 25 .03.1994). 


FORO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Publicado:

1989 – 22 de septiembre El Comercio” La cifra destinada para el pago de sueldos anuales de                                                                       los empleados públicos se han multiplicado por 28 veces entre 1972 y 1986. Hay 1.000 nuevas instituciones del sector oficial. Hay más de 500.000 burócratas.

1991 – Fecha de Constitución Junta Cívica.

1992   Llega a la alcaldía de Guayaquil León Febres Cordero

  1. Marzo en Vilcabamba, se dice que el Plan de Descentralización tiene tres proyectos legislativos. Las reformas a la ley de régimen Provincial, municipal y de Desarrollo Regional.

1993 Inicio de los informes del INEC, y la introducción de necesidades básicas                insatisfechas.

 1993  Diciembre.-  Sesión Solemne por Aniversario de la fundación de Quito, “ Mahuad y Alexandra Vela reclaman de trato discriminatorio del Gobierno central de Sixto, hacia Quito. 

Ley de Modernización  habla ya de la descentralización.

  1. Proyecto de reforma Constitucional Dr. César Jones Coronel “Comunidades Autónomas”

1994  (agosto) Mauricio Pinto desde el CONAN. Modernizar el centralismo es cuestión de poner un centro de cómputo en Quito.  

1994  Septiembre Informe de Minoría de la Octava Comisión de Notables

1994  Julio 29  Propuestas de la Junta Cívica para reformas Constitucionales; Consejo Provincial de desarrollo.

  • La Formación de leyes provinciales 
  • Recursos; el 80% del IVA  
  • Consulta Popular para revocatoria del mandato
  • Domicilios Constitucionalizados.  CONADE, Organización y Funcionamiento de la Función Jurisdiccional, Tribunal de garantías, Contraloría, Superintendencia de Bancos, de Compañías

1994  Proyecto de Ley especial de Descentralización elaborado por el CONAM

1994 Diciembre. Veto total de Sixto a la Ley de Descentralización del PSC. 

1995 2 de julio  Patricio Peña; “el tema descentralización no ha sido suficientemente debatido”. FISE

1995. Sept. Propuesta de la Junta Cívica Para incluir en las preguntas de la Consulta Popular 

  • Elaboración del Presupuesto de acuerdo con la población de cada circunscripción territorial y las necesidades básicas insatisfechas
  • Reformas constitucionales  (15 %). Obligación de  informar la liquidación del Presupuesto

1996Enero Proyecto de Ley especial de descentralización del CONAM 

1996Mayo. Elección J.J. Illiworth 

1996  Julio, elección de Bucarám. El Día más importante del siglo

 1997 Ley del 15%.  Vetada, Dr. Alarcón marzo . Se allanaron al veto. 

 1997 Septiembre. Ley de Descentralización Susana González. Vetada por Alarcón, e impuesta por el Congreso.  Versión 14 . 

Hurtado’ La educación es como la pobreza o la falta de educación, ya que no se la cambia de la noche a la mañana mediante ley, sino luego de un largo proceso ….

Galo Garcia  cita a José Bolivar Castillo“Descentralizar es luchas contra corriente…. se trata de contrariar intereses económicos, dominantes, metropolitanos que tienen todos los medios en sus manos para con mucha facilidad estigmatizar y aislar toda acción concreta conducente a la descentralización. 

YA NADIE DISCUTE SOBRE SI SE DEBE DESCENTRALIZAR O NO. ES UNA OBLIGACION HACERLO POR MANDATO CONSTITUCIONAL, PORQUE NO EXISTE MODERNIZACION SIN DESCENTRALIZACION. LA UNION SOVIETICA COLAPSO NO POR CONSECUENCIA DE LA DOCTRINA SOCIALISTA, SINO PORQUE EL ESTATISMO CENTRALIZO Y PARALIZO EL DESARRROLLO DE LA SEGUNDA POTENCIA MILITAR DEL MUNDO. 

LA DESCENTRALIZACION NO SE LA LOGRA CON LEYES O DECRETOS. SE LA LOGRA CON ACTOS CONTINUOS DE REBELDIA Y DE VIOLENTA REACCION ANTE EL ATROPELLO  QUE SIGNIFICA VIVIR EN DESVENTAJA A COSTA DE LA PROPIA CONTRIBUCION DE UNO.

 EL CENTRALISMO TRABAJA A TIEMPO COMPLETO, INCLUSO LOS SAN VIERNES CUANDO SE TOMA Y SE BAILA EN LAS DISCOTECAS DE PROPIEDAD DE QUIENES VENDIERON SUS RENUNCIAS. 

SIN EMBARGO, Y PARA EVITAR LA VIOLENCIA, SE DEBE LOGRAR EL MARCO LEGAL ADECUADO. HEMOS AVANZADO DESDE 1992, LUEGO DE QUE EL DR. BORJA FUE EL ULTIMO  PRESIDENTE QUE MARCO LA CENTRALIZACION COMO DOCTRINA DE ESTADO.

SIXTO ABRIO PALIDAMENTE EL CAMINO CON LA LEY DE MODERNIZACION Y SE AVANZA MUY LENTAMENTE. BUCARAM CAUSO UN INMENSO RETROCESO POR PURA TORPEZA Y ASI SE GENERO ESTE INTERINATO QUE HACE DEL CENTRALISMO OTRA VEZ UNA DOCTRINA DE ESTADO.

ALBERTO DAHIK CONTRIBUYO ENORMENENTE A LA CAUSA MANTENIENDO A J.J. ILLINWORTH  EN EL INEC, PESE A QUE LAS CAMARAS DE LA PRODUCCION DE PICHINCHA PIDIERON SU DESTITUCION.

 PERO HOY HAY UNA PLENA CONCIENCIA. FALTA ORGANIZAR LOS MECANISMOS DE ACCION, Y FINANCIAR LOS MECANISMOS DE DEFENSA. LA LABOR DE LA JUNTA CIVICA ES MANTENER UN ESTADO PROFESIONAL DE ALERTA Y PRESION. 

CONSULTORES;

JOMAS FRANK– ASESOR PROYECTO MOSTA(SIGLAS EN INGLES) QUE ASESORA AL CONAM . EL PROCESO NO ES SOLO POLITICO, SINO TAMBIEN SOCIAL Y EDUCATIVO. ES UN PROCESO. ¿ACASO LA CULTURA CENTRALISTA NO SE HA EDUCADO CON LAS RENTAS QUE VIENEN DE LA MISMA PERIFERIA? ¿LOS CENTRALISTAS NACIERON CULTOS? 

ESTAMOS A LA COLA DE LA DESCENTRALIZACION EN AMERICA LATINA.SE PRESENTARA EN SEIS MESES UN PLAN QUE SE LO IMPLEMENTARA EN SEIS AÑOS, PARA EVITAR QUE LA LEY OTORGE A LOS MUNICIPIOS OBLIGACIONES QUE NO PUEDEN CUMPLIR. LOS MUNICIPIOS ECUATORIANOS PODRIAN DIVIDIRSE EN CUATRO GRUPOS PARA CADA DOS AÑOS GRADUALMENTE IR DESCENTRALIZANDO MAS. ¿CUANDO SE INICIO ESTA REPUBLICA ACASO LOS MUNICIPIOS NO FUNCIONABAN CON SIMILAR NIVEL DE EFICIENCIA? ¿QUE PASO PARA QUE LOS MUNICIPIOS HAYAN INVOLUCIONADO?  

GALO CHIRIBOGA(CONSULTOR DEL ILDIS)  LA REFORMA CONSTITUCIONAL NO SERA LA VARITA MAGICA. LA LEY DE DESCENTRALIZACION APROBADA HACE UN AÑO  LO DEMUESTRA. ¿SIN REFORMAS CONSTITUCIONALES SERA POSIBLE INICIAR SIQUIERA LO QUE ELLOS LLAMAN  PROCESO? . 

HAY QUE DESCONCENTRAR DICE PARA PODER DESCENTRALIZAR HACIENDO REFERENCIA AL CONAN QUE ES EL ENTE PLANIFICADOR. LA PLANIFICACION NO HAY QUE DESCONCENTRARLA ¡HAY QUE DESCENTRALIZARLA!

NO SE PUEDE DESCENTRALIZAR LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, O EL MEDIO AMBIENTE. TONTERIAS. HAY ADMINISTRACION DE JUSTICIA LOCAL CUANDO SE QUEBRANTAN LAS LEYES LOCALES (COMISARIOS MUNICIPALES) Y ACASO NO PUEDEN HABER NORMAS DE MEDIOAMBIENTES LOCALES (QUITO).

HAY QUE TENER CUIDADO CON LAS RENTAS, PORQUE IR AL EXTREMO DE QUE CADA PROVINCIA VIVA CON SUS PROPIAS RENTAS EMPOBRECERIA A OTRAS. ¿ACASO NO ES ESO LO QUE CAUSA EL CENTRALISMO A FAVOR SOLO DE UNA PROVINCIA? ¿ES EL ESTADO SOLIDARIO CON MACHALA, LOJA, ESMERALDAS O CHONE?

FRANCISCO RON ANALISTA DEL CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR  LOS MOVIMIENTOS ANTICENTRALISTOS SON A-HITORICOS POR QUE FAVORECEN LA POLITIQUERIA ELECTORAL LOCAL, EL CACIQUISMO. LAS PROPUESTAS LOCALES SON UN SUICIDIO PARA EL PAIS. NO ES POSIBLE ENFOCAR UN PROBLEMA LOCAL  PARA INTENTAR RESOLVER PROBLEMAS MAS GRANDES  ¿ACASO LA SUMA DE BIENESTAR LOCAL NO ES IGUAL AL BIENESTAR GENERAL?

LAS CONSECUENCIAS SERIAN UN DEFICITI FISCAL Y EL EFECTO “MONUMENTO” DE GOBIERNOS MUY PROCLIVES A EXACERBAR EL GASTO PUBLICO PARA PROLONGARSE POLITICAMENTE. ¿ES EL TROLE DE QUITO UN MONUMENTO POLITICO?

GUSTAVO MUÑOZ SECRETARIO DE LA ASOCIACION DE CAMARAS DE LA PRODUCCION DE CUENCA TEME QUE CON LA PROPUESTA DE LA JUNTA CIVICA LAS ALCALDIAS SE CONSTITUYAN EN UN NUEVO BOTIN POLITICO POR EL EXCESIVO DINERO QUE MANEJARIAN. ¿ACASO NO ES MEJOR QUE LAS ALCALDIAS, O LAS GOBERNACIONES O EL PODER POLITICO LOCAL RESPONDA ANTE SUS PROPIOS ELECTORES, EN VEZ DE TENER QUE CULPAR A UN CENTRALISMO CIEGO, SORDO, MUDO E INVISIBLE RODEADO DE CONSULTORES QUE GANAN EN DOLARES Y VIVEN ENTRE QUITO Y WASHINGTON LEJOS DE LA REALIDAD NACIONAL?.

CONCLUSIONES

LA DESCENTRALIZACION NO ES PROCESO, ES LA APLICACIÓN DE UN CONCEPTO DE IGUALDAD Y DE EQUIDAD.

LA DESCENTRALIZACION PARTE DE UNA LEY PERO NO BASTA LA LEY PORQUE LA CENTRALIZACION TIENE MIL ASPECTOS Y ARISTAS QUE NO PODRAN SER REMEDIADOS CON LA LEY, NI CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS. SINO CON LA PROTESTA Y ACCIONES CONSTANTES QUE LOGREN REFORMAR EL CONCEPTO MEZQUINO QUE LOS CAPITALINOS TIENEN DE LAS PROVINCIAS Y QUE SE REFLEJAN EN TODOS LOS ORDENES DE LA VIDA NACIONAL. HAY PROCESOS DE CENTRALIZACION INDIRECTA QUE SIGUEN AVANZANDO DIA A DIA COMO ES EL CASO DE LAS INVERSIONES Y BENEFICIOS QUE LOS MILITARES, LA INSTITUCION MAS PODEROSA Y RICA DEL PAIS,  SIGUEN DIA A DIA CONSIGUIENDO. DESDE PLAN TECHO (SOLO EN LA CAPITAL) HOTELERIA Y  FUTBOL

FRASE FINAL 

GRACIAS POR LA INVITACION A PARTICIPAR EN ES ESTE FORO DE LA AEDP. SIN LIBERTAD DE EXPRESION NO HABRIA POSIBILIDAD DE DESCENTRALIZACION. A LOS SEÑORES DEL DIARIO EL UNIVERSO LES ACEPTO QUE BLOQUEN Y ELIMINEN MI NOMBRE DE CUALQUIER FORO QUE AUSPICIEN O NO, PERO LES RUEGO QUE NO SILENCIEN LAS IDEAS DE NADIE POR ORDEN DE LA GERENCIA GENERAL. LA DESCENTRALIZACION REQUIERE DE UN NIVEL DE PERIODISMO MAS PROFESIONAL. 

FUERZA AÉREA ES DUEÑA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Publicado:

Guayaquil, domingo 8 de octubre del 2000
Un Acuerdo que con el No. 004 expidió el 3 de agosto de 1999 el entonces ministro de Defensa Gral. José Gallardo Román, permitió a la Dirección de Aviación Civil (DAC) traspasar el 70 por ciento del capital suscrito que tenía en la Compañía de Economía Mixta “Servicios Aeroportuarios del Ecuador EMSAAIRPORT SERVICES” a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).Las acciones que pasaron a propiedad de la FAE son 1.400, cada una de ellas valoradas en un millón de sucres (US$ 40 actualmente), por lo que la participación del 70 por ciento del capital estaría valorada en US$ 56.000. Uno de los considerandos del Acuerdo menciona que la transferencia es una compensación a “los servicios prestados y que presta la FAE a la DAC”, los cuales “han constituido y constituyen egresos económicos para la Fuerza Aérea”.La mencionada empresa fue constituida el 10 de noviembre de 1994 por una asociación entre la DAC y Lufthansa Airport And Ground Services Lags, teniendo entre sus actividades la de proporcionar exclusivamente la gama de servicios que requieren los aviones comerciales cuando utilizan los diversos aeropuertos ecuatorianos. El Acuerdo dice lo siguiente: “Autorizar el traspaso a perpetuidad de las mil cuatrocientas (1.400) acciones de propiedad de la Dirección General de Aviación Civil, que mantiene suscritas y pagadas en la “Compañía de Economía Mixta Servicios Aeroportuarios del Ecuador EMSAAIRPORT SERVICES”, a favor del Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Ecuatoriana, como compensación por los servicios prestados por esta Fuerza, de conformidad a lo previsto en el Art. 48 del Reglamento de Bienes del Sector Público”.

FERNANDO CARRIÓN

Publicado:

12-12 95 FECHA DEL ARCHIVO  

13 de diciembre de 1995 

Hotel Oro Verde QUITO

Fernando Carrión

QUITEÑO DE NACIMIENTO, FORMACION Y LECTOR DEL COMERCIO DESDE QUE TENGO USO DE RAZON

******

QUE ES EL ESTADO: EL PROPICIADOR DEL BIEN COMUN  DENTRO DE UN TERRITORIO DETERMINADO  Y ABARCA A TODA LA NOCION DE AUTORIDAD, INCLUYENDO MUNICIPIOS, Y ENTES SECCIONALES 

                        ******

QUE ES UNA REGIÓN; ZONA GEOGRAFICA  VINCULADA POR INTERESES COMUNES, AUNADA POR UNA  IDIOSINCRACIA Y FORMA DE SER DIFERENCIADA .

CENTRALISMO = TECNICA ADMINISTRATIVA

EL CENTRALIZADO DICE: ES INEFICIENTE E INJUSTA   

           BENEFICIA TAN SOLO AL QUE ADMINISTRA.

EL CENTRO DICE; -HAY QUE DEFENDER LA UNIDAD               

                                    NACIONAL 

                                     -NO ESTAN PREPARADOS

EL TEMA SE MANEJA EN DOS DISTINTOS NIVELES:

QUITO: NIVEL ACADEMICO .- ECONOMISTAS DE PAPEL:

LUCHA POR CONTROLAR EL PODER ECONÓMICO DE LA COSTA . ES UNA CONSTANTE HISTORICA DESDE 1830-1861-1924- 1963- 1972  FORTALECIENDO UNA CLASE MEDIA FUNDAMENTADA EN EL GASTO PUBLICO Y EXPRESADA Y REPRESENTADA POLITICAMENTE EN LAS CORRIENTES DE CENTRO IZQUIERDA . MORALMEMTE SE INTENTA JUSTIFICAR COMO NECESARIO PARA CREAR UN EJE NACIONAL

PRODUCE U NREBORE EMOCIONAL -REGIONAL    

GUAYAQUIL: NIVEL VIVENCIAL: EMPRESARIOS. LUCHA CONTRA LA EXCESIVA REGULARIZACION DEL ESTADO. LAS EMPRESAS GENERAN EL EMPLEO DE LA REGION.- SE EXPRESA POLITICAMENTE CON LO QUE LLAMAN POPULISMO.- O LA NUEVA DERECHA  NEOLIBERAL.  

LA DISCUSION TIENE UN FUERTE AGREGADO EMOCIONAL QUE ES DIFICIL ELIMINAR, PERO LA UNICA MANERA DE PONER EL TEMA EN EL TAPETE ES USANDO LOS MECANISMOS EMOCIONALES UNA VEZ QUE SE HA LLEGADO A CREAR UNA SENSACION DE VENCEDORES Y VENCIDOS CAUSADA POR LAS DIFERENCIAS VISUALES EN EL NIVEL DE VIDA ALCANZADO EN CADA REGION LUEGO DE LA NOCHE PETROLERA.

LA DISPUTA SE ACENTUARÁ A NIVELES INSOSPECHADOS PORQUE ANTES EL CENTRALISMO ERA FINANCIADO POR LA RENTA PETROLERA. AHORA SE EXTRAE DINERO GRACIAS A UNA REFORMA TRIBUTARIA QUE NO HA SIDO SEGUIDA EN UNA REFORMA EN LA MANERA DE DISTRIBUIR.  EXISTE UN FLUJO FINANCIERO DESFAVORABLE A LA ACTIVIDAD DE LA REGION DEL GUAYAS 

EL SI EN EL GUAYAS HAY QUE TOMARLO COMO UNA SERIA ADVERTENCIA. ENTRE PICHINCHA Y GUAYAS SE APORTA UN 90% DE LOS INGRESOS NO PETROLEROS Y ES POR ESO QUE LAS OTRAS PROVINCIAS NO SE SIENTEN TAN PERJUDICADAS PORQUE FINALMENTE RECIBEN MAS DE LO QUE APORTAN.  PICHINCHA TAMBIEN. NO HAY ESTADISTICAS Y UNA DE LAS FRUSTRACIONES DEL MATEMATICO ES QUE NO TUVO ACCESO A LAS LIQUIDACIONES DE PRESUPUESTO.

PARADIGMAS DEL CENTRALISMO

1.- Se debe excluir del debate a quienes atenten contra la unidad nacional.- Atentan contra la UN quienes discrepen con nosotros. 

2.- No existe centralismo sino bicentralismo.

3.- La descentralización debe ser progresiva, lenta y pausada.

4.- Los entes seccionales no saben administrarse. Hay que prepararlos ….. y los 200 años que?

5.- Cuidado con las famosas unidades ejecutoras.

6.- Hay que financiar la descentralización mediante aumentos impositivos.

7.-  La descentralización  debe ser centralizada y controlada. Proyecto del CONAM 

8.- Debe actuar a través de entes coordinadores entre el municipio y el estado.

9.- La planificación del Estado debe ser central. No al CONADE PROVINCIAL

10.- El municipio de Quito es el modelo nacional (los privilegios otorgados al Consejo Provincial de Pichincha van a crear otro ejemplo nacional) 

MUNICIPIOS DE QUITO Y GUAYAQUIL EN CIFRAS 

                                             quito             guayaquil

Ingresos Corrientes

        tributario*……………60.559           67.656

         no tributario               13.095             5.956

 versus

Egresos Sueldos                ** 49.000   67%   28.000 38%                 

  • excluido tasa de basura
  • excluido la empresa de Aseo de Calles y de Obras Públicas

Ingresos tributarios versus        24%              45%   

Presupuesto sin contar saldo de caja             5.100                    140.000

Aportes del Estado               

         Transferencias              105.990          10.000 *reforma presu

                                                                                                                                           julio/95

          BEDE                              37.443            8.000*   

  sucre tributado/                      1.75                      0.15

 Transferencia Estado 

EMPLEADOS MUNICIPIO     

                                         QUITO                    GUAYAQUIL

  •                               2.197

2.059   EMOP-G             —- 

 Presupuesto 1.996 MUNICIPIO DE Guayaquil versus presupuesto nacional. 1.5%

Guayaquil     400. =  3%  

Estado       11.000.