DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA – TÍTULO II

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Artículo 

La provincia se organiza territorialmente en municipios y parroquias, que gozarán de autonomía para el gobierno y la gestión de sus respectivos intereses en el marco de la Constitución, del Estatuto y de la legislación general del Estado.

En los términos previstos por la Constitución, por Ley de La Junta de la Región  se podrá:

Reconocer comunas dentro de cada provincia como entidades locales con personalidad jurídica y demarcación propia.

Crear asimismo agrupaciones basadas en hechos urbanísticos y otros de carácter funcional con fines específicos.

Artículo.

Los Municipios son entidades locales con personería jurídica propia, determinada por la agrupación de parroquias y división territorial para el cumplimiento de sus actividades. El Municipio se configura también como circunscripción territorial para el ejercicio de las competencias y funciones de la provincia o Región. Cualquier alteración de los límites municipales habrá de ser aprobada por el Congreso Nacional mediante Ley Orgánica.

La Junta de la Región, dentro del ámbito de su respectivo territorio y en el marco de lo establecido por la legislación del Estado y de la Región, encargará las siguientes funciones a los municipios:

Aquellas que les atribuyan la Constitución de la República y la legislación básica del Estado en materia de descentralización para el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia y/o región.

Las que les sean transferidas o delegadas por la Junta de la Región.

Dichas transferencias o delegaciones se realizarán mediante Ley aprobada por La Junta de la Región. La Junta delegará, en todo caso, en los municipios la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general para la provincia.  La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia en medios financieros, personales y patrimoniales, así como las formas de cooperación, de dirección y de control que se reserve al Consejo de Gobierno.

En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos formulados, la Región Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en su legislación, podrá suspender o dejar sin efecto la transferencia o delegación o ejecutar la competencia por sí misma. En este último supuesto, las órdenes de la Región Autónoma serán vinculantes para todos los agentes que gestionen el servicio de que se trate.

El Consejo de Gobierno podrá coordinar las actuaciones de los municipios en materias de interés general para la Región. La apreciación del interés general y las fórmulas de coordinación se establecerán por Ley de la Junta de la Región aprobada por mayoría de absoluta.

La Ley de La Junta de la Región regulará las relaciones de colaboración y cooperación del Consejo de Gobierno, con las Corporaciones Locales de las provincias y de la Región.

TÍTULO 

DE LAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE LA REGION AUTONOMA

CAPÍTULO UNICO.
DE LAS COMPETENCIAS EN GENERAL

Artículo 

La Región Autónoma asume las siguientes competencias exclusivas:

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

2. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

3. Obras públicas de interés para la provincia, dentro de su propio territorio, que no sean de interés general del Estado ni afecten a otra Región o Provincia Autónoma.

4. Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la provincia y, en los mismos términos, los transportes terrestres, fluviales, por cable o tubería. Centros de contratación y terminales de carga de transporte terrestre en el ámbito de la Región Autónoma.

5. Aeropuertos y helipuertos.

6. Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

7. Denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la provincia, en colaboración con el Estado.

8. Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para las provincias y la Región; aguas minerales y termales; aguas subterráneas cuando discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Región Autónoma. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Provincia Autónoma.

9. Tratamiento especial de las zonas de montaña.

10. Caza y pesca fluvial. Acuicultura.

11. Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados interiores. Establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de centros de contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil.

12. Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la provincia, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del sector público económico de la Región.

13. Cajas de Ahorros e instituciones de crédito cooperativo público y territorial, en el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado.

14. Artesanía, fiestas tradicionales y demás manifestaciones populares de la provincia o de interés para ella.

15. Museos, bibliotecas, conservatorios y hemerotecas de interés para la provincia que no sean de titularidad estatal.

16. Patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para las provincias y la Región

17. Fomento de la cultura y de la investigación, prestando especial atención a las distintas modalidades culturales de carácter provincial y Regional.

18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

20. Asistencia social y servicios sociales. Promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

21. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.

22. Cooperativas y entidades asimilables, mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social, respetando la legislación mercantil.

23. Espectáculos públicos.

24. Estadística para fines no estatales.

25. Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la Provincia Autónoma.

26. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que están sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado.

27. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Región o Provincia Autónoma.

28. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia.

29. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos.

30. Servicio Meteorológico de la Provincia Autónoma.

31. Protección y tutela de menores.

32. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación de las policías locales, sin perjuicio de su dependencia jerárquica de la autoridad.

En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la provincia de Guayas la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, que serán ejercidas respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución.

Artículo  

En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, es competencia de la Junta de la Región el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias siguientes:

1. Régimen local.

2. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.

3. Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud. Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social.

4. Ordenación farmacéutica.

5. Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Ejercicio de las profesiones tituladas.

6. Defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en la Constitución.

7. Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Normas adicionales de protección.

8. Régimen minero y energético.

Artículo 

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Región Autónoma de Guayas, en los términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias:

1. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto.

2. Asociaciones.

3. Ferias internacionales.

4. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer las condiciones del beneficiario y la financiación se efectuará de acuerdo con las normas establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.

5. Gestión de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, que no se reserve el Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios.

6. Pesas y medidas. Contraste de metales.

7. La reestructuración de sectores industriales, conforme a los planes establecidos por la Administración del Estado.

8. Productos farmacéuticos.

9. Propiedad industrial.

10. Propiedad intelectual.

11. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con las previsiones de la Constitución.

12. Sector público estatal en el ámbito territorial de la Región Autónoma, la que participará en los casos y actividades que proceda.

14. Aeropuertos.

15. Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de la Región Autónoma de Guayas, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado.

Artículo.

La Región Autónoma ejecutará a través del Consejo de Gobierno, dentro de su ámbito territorial, los tratados internacionales, en lo que afecten a las materias propias de su competencia.

Artículo 

La Junta de la Región por mayoría absoluta, podrá ampliar el ámbito de sus competencias en materias que no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atribuidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las nuevas competencias se someterá al Gobierno Nacional para su aprobación de acuerdo a la ley.

Asimismo, podrá asumir competencias a través de los procedimientos establecidos en  la Constitución.

Artículo 

Corresponde a la Provincia Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme a la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado la Constitución.

Para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse, la Región Autónoma facilitará a la Administración del Estado la información que ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborará con la Administración del Estado en las actuaciones del seguimiento y evaluación del sistema educativo nacional.

En el ejercicio de estas competencias, la Región Autónoma fomentará la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Guayas, y la creación de centros educativos de todo nivel en las provincias y en la Región.

Artículo 

Todas las competencias mencionadas en los artículos anteriores y en los demás del presente Estatuto se entenderán referidas al territorio de la Región referida.

En el ejercicio de sus competencias, la Junta de la Región y el Consejo de Gobierno de la Región, gozarán de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre los que se comprenden:

La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos, así como los poderes de ejecución forzosa y revisión en vía administrativa.

La potestad de expropiación, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias de la legislación sobre expropiaciones, atribuidas a la Administración del Estado, cuando se trate de materias de competencia de la Región Autónoma.

La potestad de sanción dentro de los límites que establezca el ordenamiento jurídico.

La facultad de utilización del procedimiento de apremio.

La inembargabilidad de sus bienes y derechos así como los privilegios de prelación, preferencia y demás reconocidos a la Hacienda Pública para el cobro de sus créditos y tributos, sin perjuicio de los que correspondan en esta materia a la Hacienda del Estado y en igualdad de derechos con las demás Regiones o Provincias Autónomas.

La exención de toda obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o Tribunal jurisdiccional.

No se admitirán interdictos contra las actuaciones de la Provincia en materia de su competencia, realizadas de acuerdo con el procedimiento legal.

Asimismo, en el ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento prevista en  presente Estatuto y, de acuerdo con la legislación del Estado, corresponde a la Región Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen estatutario de sus funcionarios, la elaboración del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia, la regulación de los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Región Autónoma, y de los contratos y de las concesiones administrativas en el ámbito de la Comunidad.

Para el ejercicio de la competencia de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, El Consejo de Gobierno de la Región podrá convenir con el Estado la adscripción de una unidad de la Policía Nacional en los términos y para el ejercicio de las funciones previstas en la Ley Orgánica. 

Artículo .

El Consejo de Gobierno de la Región Autónoma  podrá celebrar convenios con otras Regiones o Provincias Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. La celebración de los citados convenios, antes de su entrada en vigor, deberá ser comunicada al Congreso Nacional. Si el Congreso manifiesta reparos en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la comunicación, el convenio deberá seguir el trámite previsto en la Ley.  Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen manifestado reparos, el convenio entrará en vigor.

El Consejo de Gobierno podrá establecer también acuerdos de cooperación con otras Regiones o Provincias Autónomas, previa autorización de la Junta de la Región.

TÍTULO 
DE LA ECONOMÍA Y HACIENDA PROVINCIALES

Artículo 

La Junta y el Consejo de Gobierno de la Región orientarán su actuación económica a la consecución del pleno empleo, el aprovechamiento y potenciación de sus recursos, el aumento de la calidad de la vida de sus ciudadanos y la solidaridad reginal, prestando atención prioritaria al desarrollo de las zonas más deprimidas.

Artículo .

La Región Autónoma, con sujeción a los principios de coordinación con el Servicio de Rentas Internas  y de solidaridad entre todos los ecuatorianos, tiene autonomía financiera y patrimonio propio de acuerdo con la Constitución y con este Estatuto.

La Región Autónoma y sus instituciones de autogobierno gozan de idéntico tratamiento fiscal que el establecido por las Leyes del Estado.

Artículo.

El patrimonio de la Región Autónoma estará integrado por:

El patrimonio de la Región en el momento de aprobarse el Estatuto.

Los bienes afectos a los servicios traspasados a las Provincias y a la Región Autónoma.

Los bienes adquiridos por las Provincias y por la Región Autónoma por cualquier título jurídico válido.

El régimen jurídico del Patrimonio, su administración defensa y conservación serán regulados por una Ley de La Junta de la Provincia de la Región, en el marco de la legislación básica del Estado.

Artículo .

La Hacienda de la Región Autónoma se constituye con:

Los rendimientos de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado a que se refiere la disposición adicional primera y de todos aquellos cuya cesión sea aprobada por el Congreso Nacional.

Un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos.

Los recargos sobre impuestos estatales.

Las transferencias procedentes del Fondo de Solidaridad y de otros fondos para el desarrollo provincial.

Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Los rendimientos del patrimonio de la Región Autónoma y los demás ingresos de derecho privado, legados, herencias y donaciones.

El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.

Artículo .

La Región Autónoma o los Entes locales afectados participarán en los ingresos correspondientes a los tributos que el Estado pueda establecer para recuperar los costos sociales producidos por actividades contaminantes o generadoras de riesgos de especial gravedad para el entorno físico y humano de la provincia, en la forma que establezca la ley creadora del gravamen.

Artículo 

Cuando se complete el traspaso de servicios o al cumplirse el sexto año de vigencia de este Estatuto, la participación anual en los ingresos del Estado se negociará sobre las siguientes bases:

La media de los coeficientes de población y esfuerzo fiscal de la provincia.

La cantidad equivalente a la aportación proporcional que corresponde a la provincia por los servicios y cargas generales que el Estado continúe asumiendo como propios.

La relación entre los índices de déficit en servicios sociales e infraestructuras que afecten al territorio de la provincia y al conjunto del Estado.

Otros criterios que se estimen procedentes, entre ellos superficie y número de municipios.

El porcentaje de participación de la Región Autónoma únicamente podrá ser objeto de revisión en los siguientes casos:

Cuando se amplíen o reduzcan las competencias asumidas por la Región Autónoma y que anteriormente realizase el Estado.

Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.

Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado.

Cuando, transcurridos cinco años después de su puesta en vigor sea solicitada dicha revisión por la Región Autónoma.

Artículo 

La Regón Autónoma, mediante Ley de La Junta de la Región, podrá emitir Deuda Pública y concertar operaciones de crédito para financiar gastos de inversión.

El volumen y características de las emisiones se establecerán de acuerdo con la ordenación general de la política crediticia.

Los títulos emitidos tendrán la consideración de Fondos públicos a todos los efectos.

Igualmente podrá concertar operaciones de crédito, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. 

Artículo .

Es competencia de los Entes locales de la provincia la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos propios que les atribuyan las Leyes, sin perjuicio de la delegación que puedan otorgar para el ejercicio de estas facultades a favor del Consejo de Gobierno.

Mediante Ley del Estado se establecerá el sistema de colaboración de los Entes locales, de la Región Autónoma y del Estado para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de aquellos tributos que se determinen.

Los ingresos de los Entes locales de la provincia, consistentes en participación en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas, se percibirán a través del Consejo de Gobierno, que los distribuirá de acuerdo con los criterios que establezca  para las referidas participaciones.

Artículo .

Se regulan necesariamente mediante ley de La Junta de la Región, las siguientes materias:

El establecimiento, la modificación y supresión de los propios impuestos, tasas y contribuciones especiales y de las exenciones o bonificaciones que les afecten.

El establecimiento, la modificación y supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado.

La emisión de Deuda Pública y demás operaciones de crédito concertadas por la Región Autonoma.

Artículo 

Corresponde al Consejo de Gobierno:

Aprobar los Reglamentos Generales de sus propios tributos.

Elaborar las normas reglamentarias precisas para gestionar los impuestos estatales cedidos de acuerdo con los términos de dicha cesión.

Artículo 

Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y aplicación del presupuesto de la Región Autónoma y a La Junta de la Región su examen, aprobación y control.

El presupuesto será único, tendrá carácter anual e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Región Autónoma y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Provincia Autónoma.

El Consejo de Gobierno deberá presentar el proyecto de Presupuesto a La Junta de la Región antes del 1 de octubre de cada año. Si el presupuesto general de la Provincia no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará prorrogada automáticamente la vigencia del anterior.

Artículo .

La gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus propios tributos, así como el conocimiento de las reclamaciones relativas a ellos, corresponderá al Consejo de Gobierno el cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con el Servicio de Rentas Internas, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

En el caso de los tributos cuyos rendimientos se hubieren cedido, el Consejo de Gobierno asumirá, por delegación del Estado (Servicio de Rentas Internas), la gestión, recaudación, liquidación e inspección y revisión de los mismos, en su caso, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.

La gestión, recaudación y liquidación e inspección y revisión de los demás impuestos del Estado recaudados en la provincia corresponderá al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de la delegación que el Consejo de Gobierno pueda recibir de éste y de la colaboración que pueda establecerse, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

Artículo .

El Consejo de Gobierno de la Región Autónoma , de acuerdo con lo que establezcan las Leyes del Estado, designará, en su caso, sus propios representantes en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado, cuya competencia se extienda al territorio de la provincia y que por su naturaleza no sean objeto de traspaso.

El Consejo de Gobierno podrá constituir empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia, según lo establecido en el presente Estatuto.

El Consejo de Gobierno, como Poder público, podrá hacer uso de las facultades previstas en la Constitución, y podrá fomentar, mediante acciones adecuadas, las sociedades cooperativas en los términos resultantes del presente Estatuto.

El Consejo de Gobierno queda facultado para constituir instituciones que fomenten la plena ocupación y el desarrollo económico y social en el marco de sus competencias.

El ejercicio por parte de los órganos de la Región Autónoma de las competencias de naturaleza económica, que con carácter de exclusivas o concurrentes se le reconocen en el presente Estatuto, serán ejercidas de acuerdo con la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en el marco de los objetivos de la política social y económica del Gobierno Nacional y con pleno respeto al derecho a la libertad de empresa reconocido en la Constitución.

TÍTULO 

CAPÍTULO UNICO.
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

Artículo .

La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:

La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno, a La Junta de la Región Autónoma a propuesta de una cuarta parte de sus miembros, así como al Gobierno y al Congreso Nacional.

La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de La Junta de la Región Autónoma por mayoría absoluta y la aprobación del Congreso Nacional mediante Ley Orgánica.

Si la propuesta de reforma no es aprobada por La Junta de la Región Autónoma o por el Congreso Nacional no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación hasta que haya transcurrido un año.

DISPOSICIONES GENERALES.

Primera

Se cede a la Región Autónoma  el rendimiento de los siguientes tributos: 

a) Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, con el límite del 25%  

b) Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Naturales o Jurídicas. 

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

e) Los Tributos sobre el Juego.

f) El Impuesto sobre el Valor Agregado. 

g) El Impuesto sobre los Consumos Especiales con carácter con el límite del 50% 

h) El Impuesto sobre Hidrocarburos, con carácter parcial, con el límite del 50% 

La eventual supresión o modificación por el Estado de alguno de los tributos antes señalados implicará la extinción o modificación de la cesión.

El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno de la Nación con el Consejo de Gobierno Autónomo, que será tramitado por aquél como proyecto de Ley. Esta modificación no tendrá la consideración de modificación del Estatuto.

El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Consejo de Gobierno que, en todo caso, las referirá a rendimientos en la provincia. El Gobierno tramitará el acuerdo como proyecto de Ley.

Segunda. La celebración de elecciones atenderá a lo que disponga el Tribunal Supremo Electoral, con el fin exclusivo de coordinar el calendario de las diversas consultas electorales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera.Hasta tanto no se promulgue la Ley Electoral Provincial pertinente, por parte de la Juntas de la Provincias que constituyen la Región   y que habrá de obtener el voto final favorable de la mayoría absoluta de los Representantes, La Junta de la Región y el Presidente del Consejo de Gobierno se elegirán de acuerdo con las normas siguientes:

El Presidente Provisional del Consejo de Gobierno procederá a convocar a elecciones provinciales mediante Decreto que se publicará en el Registro Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la provincia. Las elecciones deberán celebrarse en el término máximo de sesenta días a partir de la fecha de la convocatoria.

La circunscripción electoral será la provincia.

La Junta de la Región Autónoma  se compondrá de 39 Representantes, distribuidos de acuerdo a la población de cada cantón y por distritos electorales.

El Tribunal Regional Electoral tendrá, dentro de los límites de su respectiva jurisdicción, la competencia que la normativa electoral vigente les atribuye para organizar el acto electoral.

Los requisitos para ser candidatos serán los mismos que actualmente están contemplados en la Constitución y Leyes relacionadas para ser candidato a Diputado. La Junta de la Región mediante Ley regulará definitivamente los mecanismos electorales para la Región.

Para los recursos que tuvieran por objeto la impugnación de la elección y proclamación de los miembros electos será competente por esta única vez el Tribunal Supremo Electoral. En el futuro la Junta de la Región Autónoma, mediante Ley creará el mecanismo de impugnación correspondiente

Una vez proclamados los resultados electorales, y dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones, se constituirá La Junta de la Región, presidida por una Mesa integrada por un Presidente Encargado y dos Secretarios, y procederán a elegir al Presidente, dos Vicepresidentes, dos Secretarios, a los miembros de las Comisiones.

La Junta de la Región en su segunda sesión, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes a aquél en que finalizó la sesión constitutiva, deberá aprobar la Ley Orgánica de la Junta de la Región Autónoma de, de acuerdo con lo previsto en este Estatuto.

Segunda. En tanto no se celebren las primeras elecciones a La Junta de la Región , se constituirá una Asamblea provisional integrada por un número de miembros igual a la suma de Diputados y Consejeros de cada una de las Provincias que conforman la Región, de entre personas que ostenten representación en la sociedad civil y designados por el Comité Cívico de la Región. Esta Asamblea Elegirá al Presidente Provisional del Consejo de Gobierno y al  Presidente Provisional de la Junta de la Región. Adoptará todos sus acuerdos por mayoría absoluta, conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto.

Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de este Estatuto se procederá a la convocatoria de elecciones por parte del Presidente del Consejo de Gobierno  de acuerdo a los términos previstos en este Estatuto.

La Asamblea y el Presidente del Consejo de Gobierno así constituidas tendrán todas las competencias que este Estatuto atribuye a La Junta de la Región, excepto el ejercicio de la potestad legislativa. En todo caso, podrán, con carácter provisional, dictar aquellas disposiciones necesarias para el funcionamiento de las instituciones de la Región Autónoma.

Una vez constituidas La Junta de la Región y elegido el Presidente del Consejo de Gobierno, quedará disuelto el Ente Preautonómico.

Tercera. Mientras El Congreso Nacional no elabore las Leyes a que este Estatuto se refiere y hasta que La Junta de la Región legisle sobre las materias de su competencia, continuarán en vigor las actuales Leyes y disposiciones del Estado que se refieran a dichas materias, sin perjuicio de que su desarrollo legislativo, en su caso, y su ejecución, se lleve a cabo por el Consejo de Gobierno en los supuestos así previstos en el Estatuto.

Cuarta.Con la finalidad de transferir a la Región las funciones y atribuciones que le corresponden con arreglo al presente Estatuto, se creará en el término máximo de un mes a partir de la constitución del Consejo de Gobierno, una Comisión Mixta paritaria integrada por representantes del Estado y de la Provincias que conforman la Región Autónoma, que establecerán sus normas de funcionamiento.

Para proponer los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de Transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales, agrupadas por materias cuyo cometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir cada una de las Provincias que conforman la Región Autónoma.

Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo a la Comisión Mixta, que las habrá de ratificar.

Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuestas al Gobierno, que las aprobará mediante Decreto, figurando aquéllos como anejos al mismo y serán publicados en el Registro Oficial y en el Diario Oficial de la provincia, adquiriendo vigencia a partir de esta publicación.

Será título suficiente para inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Región Autónoma la certificación expedida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales, debidamente promulgados. 

Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por los traspasos a la Región pasarán a depender de ésta, siéndoles respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan en el momento del traspaso, incluso el de participar en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes miembros de su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente de opción.

Mientras el Consejo de Gobierno no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las disposiciones del Estado vigentes sobre la materia.

Quinta. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Región Autónoma en este Estatuto, o en cualquier caso hasta que se hayan cumplidos los seis años desde su entrada en vigor, el Estado garantizará, en el marco de la Ley, la financiación de los servicios transferidos a la Región con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en el territorio de la región en el momento de la transferencia.

Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos e indirectos de los servicios como los gastos de inversión que correspondan.

La Comisión Mixta a que se refiere el apartado 2 fijará el citado porcentaje, mientras dure el período transitorio, con una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso Nacional.

A partir del método fijado en el apartado 2, se establecerá un porcentaje en el que se considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Región, minorado por el total de la recaudación obtenida por ésta por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los Capítulos del último presupuesto anterior a la transferencia de los servicios.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Registro Oficial.

El actual Comité Cívico autonómico de la Región continuará en sus funciones hasta la elección de los Órganos que hayan de sustituirla de acuerdo con el presente Estatuto.